Las posiciones encontradas por la convocatoria a marchas a pesar de fallo judicial

Este miércoles se inicia una nueva jornada de paro, esta vez por la muy criticada reforma tributaria radicada por el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, más allá de las típicas particularidades de cada movilización ciudadana, esta nueva convocatoria viene enmarcada en el tercer pico de contagios por COVID-19. Precisamente esta última ola ha reportado cifras alarmantes en cuanto a enfermos y muertos, y, contrario a anteriores picos, la saturación en las unidades de cuidado intensivo se ha reportado de forma simultanea en las principales ciudades del país.

Por eso, en esta ocasión, se ha presentado aún más debates frente a la viabilidad o no de convocar a movilizaciones ciudadanas que impliquen altas concentraciones de personas en plena pandemia, justo cuando la mayoría de capitales tienen una ocupación entre el 80 % y 99 %. El panorama se hizo aún más extraño con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al presidente y a gobernantes locales suspender los permisos para las movilizaciones hasta que no se alcanzara la inmunidad de rebaño o se presentara un plan de bioseguridad.

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Aunque en un primer Gobierno Nacional se había limitado a pedir que no salieran a las calles debido al peligro que conlleva concentraciones de personas en medio del tercer pico de la pandemia, luego la posición cambió con la determinación judicial. En horas de la noche de este martes, el ministro del Interior, Daniel Palacios, salió ante la opinión pública para informar que acataban el fallo.

“Que los manifestantes se abstengan a realizar el día de mañana, 28 de abril y 1 de mayo, manifestaciones públicas en las diferentes vías del territorio. De esta manera damos cumplimiento a ese auto proferido por el tribunal”, fueron las breves palabras del Palacios, que fue acompañado por el ministro de Defensa, Diego Molano, que confirmó la presencia de la Fuerza Pública para garantizar el orden en la jornada de este miércoles.

Por el contrario, el gobierno local de Bogotá simplemente se limitó a decir que negaría los permisos para la instalación de una tarima en la Plaza de Bolívar, pero recordó que fallos de la Corte Constitucional determinaron que las alcaldías no tienen facultad “para autorizar o prohibir la protesta social”. De esta manera, en voz del secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, se informó que en la capital no se intervendrá o disolverá ninguna protesta.

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Estas posiciones encontradas no solo se dieron a nivel nacional como en Bogotá, sino que se trasladaron a la arena política. Por un lado, una parte de los sectores de oposición manifestaron que las movilizaciones de este miércoles seguían en pie. En el otro extremo, desde el oficialismo se aplaudió al Gobierno y se criticó la posición asumida por los que pidieron mantener las movilizaciones.

“Pedirle a la izquierda que haga lo correcto es perder el tiempo. Ellos sólo harán lo que les da la gana, lo que genere destrucción, lo que alimente el odio y lo que perjudique a Colombia”, expresó la representante Margarita Restrepo, miembro de Centro Democrático y una de las que se había opuesto desde antes a las movilizaciones bajo el argumento de que era riesgoso debido al COVID-19.

En esta misma línea estuvo el representante Gabriel Vallejo, también de Centro Democrático y criticado hace unos días por sus posiciones tachadas de machistas. “Como abogado he disentido de muchos fallos judiciales con los que no he estado de acuerdo, pero siempre y bajo toda circunstancia los he acatado y respetado así no me gusten. Acatar un fallo judicial es acatar la Constitución y la ley, es respetar el Estado de derecho”, expresó el representante, que tuvo duras palabras contra los miembros de Fecode que pidieron mantener las movilizaciones a pesar del fallo del tribunal administrativo.

Otro de los miembros de la bancada de Gobierno que se manifestaron en contra de las movilizaciones fue el senador Santiago Valencia, que hizo directa referencia a Gustavo Petro: “Los que se dejen utilizar mañana del incendiario de las bolsas, y resulten ellos o sus familias enfermos, recuerden que fueron los intereses mezquinos de un falso líder los que probablemente los puso al borde de la muerte”.

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En un sentido muy parecido estuvo el senador Ernesto Macías, expresidente del Senado. Para este, las movilizaciones habían sido planeadas desde hace un año y realmente no responden a la criticada reforma tributaria. Este mismo se manifestó contra Petro, catalogándolo de incendiario, y calificó el llamado para este miércoles como una estrategia electoral en la que “no importa la vida de las personas”.

Por otro lado, desde la oposición se criticó el fallo y se anunció que las movilizaciones seguían en pie, bajo el argumento de que este es un derecho constitucional que no puede ser limitado, ni siquiera en los estados de excepción. Asimismo, este espectro que el fallo simplemente revocaba los permisos para la protesta, pero que una determinación de la Corte Constitucional dio cuenta de que las movilizaciones ciudadanas no necesitaban ningún tipo de permisos para llevarse a cabo.

“Respeto las decisiones judiciales, pero eso no me impide cuestionar la decisión tomada por el Tribunal de Cundinamarca. La urgencia en la emisión del Auto resulta en una decisión inconstitucional, la protesta es un derecho fundamental y no puede limitarse o prohibirse”, fueron las palabras de la representante María José Pizarro, que confirmó que las movilizaciones de este miércoles seguían en pie.

También cuestionó el fallo el senador de la Alianza Verde Juan Luis Castro, que aprovechó su pronunciamiento para llamar la atención frente a las demoras del Ejecutivo en el proceso de vacunación: “Tribunal de Cundinamarca ordena aplazar las protestas de mañana por unos ¿22 meses? Ese es el tiempo que va a demorar el gobierno en vacunar contra el COVID para que el país alcance la inmunidad de rebaño. ¡Ojo! Se da un golpe a la Constitución.”.

Por esta colectividad también se pronunció el representante Mauricio Toro. A través de Twitter, este prendió las alarmas debido a las implicaciones del fallo. “Lo que siempre temíamos: que se use la pandemia como argumento para restringir los derechos más fundamentales de nuestra democracia. Es muy grave esta decisión”, fueron las palabras de Toro.

Hacia las 9 de la noche, se pronunció el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Este confirmó que las movilizaciones se mantenían en pie, a pesar del fallo. No obstante, hizo un llamado para que se hagan en completa calma. En su intervención, Petro pidió que no hayan expresiones de violencia y que los manifestantes cumplan con las medidas de bioseguridad. Por último, expresó otras formas de hacer parte de la jornada de paro: no ir a trabajar, no hacer uso de los servicios de transporte, no comprar en grandes superficies, no hacer operaciones bancarias, entre otras acciones que supuestamente colaborarían a expresar el rechazo contra la reforma tributaria.

Por otro lado, hubo un sector de la oposción que inicialmente había desaconsejado las movilizaciones de este miércoles, pero que se manifestó en contra del fallo judicial de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar. Como parte de este grupo estuvo la representante Juanita Goebertus: “No creo que sean los jueces los llamados a resolver el difícil dilema moral entre el derecho a la protesta pacífica y las medidas de auto cuidado para proteger la vida”.