Las preferencias del fiscal en el fuero militar

“Este proyecto (la reforma estructural a la justicia penal militar) avanza más que la propuesta que cursa actualmente en la reforma a la justicia, porque se limita exclusivamente a señalar qué delitos van a la justicia penal militar y qué delitos van a la ordinaria, pero la propuesta no señala cuáles son los criterios materiales que deben determinar para siempre qué es de la competencia de cada cual”, agregó.

Según el jefe del ente acusador, todo lo que son graves violaciones, como delitos de lesa humanidad, torturas, detenciones extrajudiciales, crímenes sexuales durante el conflicto y otros son de competencia de la justicia ordinaria. Mientras que las que se cometan en el marco del conflicto, como desarrollo de operaciones ajustadas al derecho internacional humanitario, serían de competencia de la justicia penal militar.

Dentro de las principales bondades que Montealegre destacó del acto legislativo llevado al Congreso por el Gobierno está la seguridad que se brinda a los miembros de la Fuerza Pública, pero pidió aclarar constitucionalmente si el Estado con recursos públicos puede o no asumir la defensa de quienes cometen alguna extralimitación en el ejercicio de su función.

“El texto plantea claramente la posibilidad de que con recursos estatales se pueda asumir la defensa de los miembros de la Fuerza Pública, que me parece que es un avance garantista”, aseguró el fiscal.

En resumen, Montealegre consideró que la propuesta presentada por el Gobierno es de gran equilibrio, pues por un lado protege los derechos humanos, pero al tiempo crea un marco de seguridad y garantías para los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, pese a su voz, los partidos no ceden en su insistencia con el polémico artículo 12.