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El sacudón que supuso el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección del ahora exsenador Antanas Mockus sigue agitando al país. No es para menos: el exalcalde encara una figura que, sin maquinarias y apalancada en su rol pedagógico, sacó 540.000 votos para hacerse a una curul en el Congreso. Sin embargo, también avivó las voces de opositores que, no contentos con su salida –no del todo definitiva, pues aún cuenta con un salvavidas–, ahora reclaman los efectos colaterales que supuestamente implican su partida.
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Para entender el embrollo jurídico, y por supuesto político, hay que revisar los antecedentes que desembocaron en la decisión del Consejo de Estado. En 2018, la elección de Mockus fue demandada, según sus promotores, porque el exmandatario figuraba como representante legal de Corporvisionarios, firma que celebró dos contratos con entidades públicas en noviembre de 2017. Al respecto, la legislación indica que ningún aspirante al Congreso puede intervenir o celebrar contratos estatales seis meses antes de elecciones.
El estudio de las demandas –una reclamando nulidad de la elección y otra por pérdida de investidura, que no prosperó– arrancó en el Consejo Nacional Electoral (que favoreció a Mockus) y escaló hasta el Consejo de Estado, que determinó la nulidad. En los recursos se buscaba no solo la salida del exsenador, sino que se excluyeran sus votos y se eliminaran del escrutinio por encontrarse inhabilitado para ser declarado elegido.
Lo anterior tendría serias implicaciones más allá del revés para Mockus, ya que supondría, entre otras, que el partido Alianza Verde perdería su personería jurídica; que la colectividad no podría participar en las próximas elecciones a Congreso; que debería regresar la plata por reposición de esos votos y, quizá lo más delicado a nivel político, que le quitaran curules a los verdes. Es todo esto lo que insisten en pedir los demandantes atado al fallo del Consejo de Estado, lo que supondría un duro golpe que marchitaría el partido del girasol. ¿Tienen razón?
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La respuesta es no. Sin embargo, una revisión de los escenarios que plantean quienes demandaron permite desmitificar las supuestas consecuencias que trae para Mockus y su partido la decisión del Consejo de Estado. En esa línea, lo primero que hay que aclarar es que, en su fallo, el alto tribunal ratificó que la anulación de la elección implica “simple y llanamente la cancelación de la credencial respectiva”.
Previamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había determinado lo propio. “En cuanto a la solicitud de excluir la votación, es preciso considerar que los votos depositados a favor de este o cualquier otro ciudadano en un proceso electoral, constituyen el reflejo de la voluntad del elector depositada en las urnas, de la cual solo es posible disponer en aquellos casos expresamente contemplados en la ley, situación que, en un caso como el que nos ocupa, no ha sido contemplada”, señaló.
Adicionalmente, el Código Electoral establece que la exclusión de un candidato principal no afecta a los suplentes, eso sí, “si la causa fuere la carencia de alguna calidad constitucional o legal del candidato o su inhabilidad para ser elegido”. Por ello, fue llamado a ocupar la curul Jorge Eliécer Guevara quien, pese a obtener 20.769 votos, no alcanzó a hacerse a uno de los 10 escaños del partido.
La personería jurídica de los verdes
Una de las tesis que ha sonado frente al caso es que, al anularse la elección de Mockus y restarle sus más de 500.000 votos, la Alianza Verde perdería su personería jurídica. ¿La razón? La norma indica solo se le reconocerá esa condición a los movimientos políticos que obtengan una votación superior al 3 % del total de sufragios válidos en las elecciones. Con todo, incluso en ese escenario, el partido saldría avante.
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Hay que recordar que, según el CNE, el total de los votos válidos para Senado en los comicios de 2018 fue de 15’267.316, lo que quiere decir que el 3 % corresponde a 458.019. Por otro lado, la Alianza Verde obtuvo 1’308.208 votos, de los cuales el exrector de la Universidad Nacional aportó 540.783. Así las cosas, si se quitaran los sufragios que puso Mockus, el partido mantendría una votación de 767.425 sufragios, muy superior a los 458.019 requeridos para hacerse a la personería jurídica.
Participación en las próximas elecciones
La norma establece también que si un partido pierde su personería jurídica –lo que no quiere decir que deje de existir, sino que no recibe privilegios como la financiación estatal–, deberá acudir a la recolección de firmas, y ya no a un aval formalmente reconocido, para que sus candidatos se puedan inscribir en los siguientes comicios. Sin duda, ello sería una dificultad para cualquier movimiento ávido de representación.
De esta manera, se derrumba también el supuesto de que la Alianza Verde no podría participar en las próximas elecciones pues, como se explicó, incluso sin los votos de Mockus, el partido seguiría manteniendo los sufragios necesarios para conservar su personería jurídica.
Plata por reposición de votos
Otra de las conjeturas que ha tomado fuerza tras la anulación de la elección de Mockus es que los verdes deberían regresar los dineros que el Estado les transfirió por reposición de votos. Si así fuera, el partido tendría que desembolsar más de $3.000 millones, una cifra nada despreciable correspondiente a los votos del exsenador.
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Lo anterior, debido a que para las elecciones a Congreso de hace dos años se determinó que cada aspirante recibiría $5.642 por sufragio válido. En total, por sus 1’317.429 votos a Senado y 883.547 a Cámara, la Alianza Verde se hizo a casi $12.418 millones, de los que Mockus aportó casi una cuarta parte ($3.051 millones) con sus 540.783 votos.
Sin embargo, todo esto se cumpliría si el CNE o el Consejo de Estado les hubieran dado la razón a los demandantes respecto a excluir los votos del cómputo y del escrutinio. Como se lee en el fallo y ya se mencionó, el Consejo de Estado resolvió únicamente que la anulación de su elección corresponde “simple y llanamente a la cancelación de la credencial”.
Pérdida de curules
Otra de las pretensiones con la anulación de los votos del exalcalde es que, al no ser válidos, las autoridades electorales deberían recalcular la cifra repartidora y reasignar las curules, así como modificar el umbral de participación. Lo anterior, teniendo en cuenta que, según esa fórmula, se conceden los asientos en el Congreso según los votos que haya sacado la colectividad.
Al restarle los 540.000 que sacó Mockus, el partido –que obtuvo 10 curules– quedaría con 767.425 sufragios, un número similar al que obtuvo el Polo Democrático (736.367), que logró cinco escaños. En otras palabras, el partido podría pasar de 10 senadores a cinco.
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El reclamo, sin embargo, no tuvo asidero y de hecho, para expertos en asuntos electorales es absolutamente inviable. “Constitucionalmente, los votos pertenecen a los partidos. Por eso es que cuando se van a asignar las curules, lo primero que se hace es tener en cuenta la votación total del partido. ¿O es que los ciudadanos que marcan su voto sobre el logo del partido no cuentan?”, dijo en abril pasado una fuente de la Registraduría.
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