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Desde Montería, uno de los diez municipios del sur del Caribe a los que el presidente Gustavo Petro llevó la cuarta etapa del programa “Gobierno con el Pueblo”, el director de Planeación Nacional, Alexander López, anunció que la inversión para esa región es de $20,6 billones para 2024 y el jefe de Estado habló de varios proyectos, con los que se comprometió y, aunque algunos están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) -aprobado por el Congreso el año pasado-, hay otros que requieren más alto nivel de negociación.
De acuerdo con el Gobierno, las partidas para el Caribe se distribuirán entre nueve departamentos de la región, siendo las más altas las de Bolívar con $3,37 billones y la de Córdoba con $3,35 billones. Entre los proyectos priorizados para las regiones del Sur y que anunció Petro en su visita están la construcción de la sede del SENA del Alto Sinú, que cuesta $15 mil millones; la internacionalización del aeropuerto Los Garzones de Montería “para desarrollar el turismo en Córdoba” y también prometió llevar el servicio de acueducto al 100 %. Y desde Tierralta, en donde estuvo este 20 de marzo, suscribió un convenio para mejorar vías terciarias.
Además, en su paso en los próximos días por la Mojana sucreña será clave abordar la recuperación de la economía regional, que se fundamenta especialmente en la producción de arroz y que quedó fuertemente golpeada tras las inundaciones en 2022 provocadas por las lluvias y la ruptura del dique que contenía las aguas del río Cauca, conocido como Cara de Gato. En Sucre, Petro pretende acercar a todos los municipios productores a través de la ruta del arroz, aunque no ha profundizado mucho sobre cómo lo hará.
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El peso que tiene la producción agropecuaria en los llamados sures del Caribe es grande. Además, esas negociaciones tienen gran importancia política, pues la bancada cordobesa en el Congreso no es pequeña -está conformada por seis senadores y cinco representantes- y tiene conexiones con empresarios de ese sector. Todo eso, en medio del rechazo a sus reformas y los roces con los congresistas costeños luego de la herida abierta por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos y por otro tema clave al que Petro todavía no se ha referido en su visita: el alza en las tarifas de la energía eléctrica.
En el paso de Petro por Córdoba, la preocupación central son los altos costos para la producción de maíz. Y el gremio de maiceros está detrás de tres compromisos: la regulación del precio de venta, para lo que tuvieron oportunidad de hablar con la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica; la recuperación del Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema), para almacenar las cosechas y para lo que Petro prometió una inversión superior a los 10 mil millones de pesos; y la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), tal vez la propuesta más difundida por el mandatario en sus discursos, pero también la más difícil de cumplir.
En palabras de Juan Martínez, representante de los maiceros y excandidato a la gobernación de Córdoba, el sector está en crisis porque “nos inundan de un maíz importado, pues así está el TLC. Por eso el precio ha venido bajando. Eso aburre al agricultor”. Además, aseguró que, en medio de una reunión, la ministra Mojica se comprometió a subsidiarlos, aunque lo clave será fijar el precio del grano. “Nosotros sembramos maíz con los ojos cerrados, pues no sabemos a quién le vamos a vender, ni a cuánto”.
Por el momento, lo único claro es lo que tiene que ver con la recuperación del Idema, que “sería un gran alivio porque ya no tenemos dónde guardar el maíz”, dice Martínez. Ya hay un memorando firmado por Mojica y por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, para la recuperación de 8 instalaciones en manos de privados para colocarlas a disposición de los productores. “Se encuentran en un litigio por su restitución material al Ministerio, siendo la primera en ser devuelta la de Montería”, dijo la ministra a este diario.
El representante de Córdoba, Wadith Manzur (Partido Conservador), percibe la buena voluntad del Gobierno en varios de esos compromisos, pues ya se está trazando una ruta con la gobernación, especialmente frente a los temas de acueducto. Pero, la mayor viabilidad la tiene el Idema y una planta de secamiento de maíz, que ya tiene las firmas. Además, otros congresistas de la región explicaron que el Plan de Desarrollo no es una camisa de once varas y que es posible avanzar en varios proyectos, para los que se están construyendo los documentos CONPES.
Los costos de la energía
El otro tema sobre el que hasta ahora no se ha referido el presidente y con mayor peso político es el incremento en las tarifas de la electricidad, que siguen subiendo por cuenta de un déficit de los operadores por el hurto de la energía, así como por las particularidades del clima en la región. Para el experto en Administración Pública y docente de la Universidad del Norte, Ángel Tuirán, el Gobierno debe buscar la manera para “apropiar recursos y replantear la fórmula tarifaria”.
Aunque en el Plan de Desarrollo quedó entre los proyectos estratégicos el diseño e implementación de soluciones energéticas para el Caribe, para analistas y congresistas consultados hace falta voluntad política, lo que solo podría demostrarse en un primer momento con el nombramiento de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que todavía no están titularidad.
Es decir, aunque se pueden hacer varias cosas, tal como plantear tarifas diferenciales a nivel territorial, la revisión de los contratos la empresa Aire y Afinia –prestadoras del servicio– o una suerte de subsidios, todo pasa por los nombramientos en la CREG, que toman las decisiones. “Se necesita la pronta conformación de los comisionados en propiedad, para que puedan revisar la fórmula”, explicó Tuirán.
De hecho, el Gobierno también podría optar por la regulación a través del Congreso, sea con un proyecto propio o apoyando alguna de las tres iniciativas de legisladores. Ya pasó casi un mes desde que el presidente Petro recibió a la bancada costeña en la Casa de Nariño, pero todavía hay varias dificultades en la interlocución, y desde la percepción de los parlamentarios no hay soluciones reales al problema. Incluso, molesta que todavía no se haya referido al tema desde el Caribe. De todos modos, el Gobierno estaría preparando una reforma que le daría facultades al mandatario para regular las tarifas directamente.
No es la primera vez que el Gobierno se compromete en esa magnitud con las regiones, pues el recorrido por el sur del Caribe es el cuarto de varios que ya ha hecho por otras zonas del país, incluyendo cuatro localidades de Bogotá entre los estratos 1 y 3, en La Guajira y en el Litoral Pacífico. En ese último se comprometió en enero en proyectos y propuestas relacionados con la paz territorial y memoria, pero esa subregión del país vive un panorama complejo por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados, que de hecho lo llevaron a suspender el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco.
En el Caribe también hay complicaciones de orden público y precisamente, en el sur de esa región es donde la situación es más compleja. Solo el 19 de marzo, En medio de su discurso en Ayapel, Petro ordenó a las Fuerzas Militares despejar las vías en el municipio de Tierralta, en donde había hombre armados del Clan del Golfo.
De otro lado, el el Pacifico el Gobierno había asegurado que pondrían en marcha la construcción del tren entre Barranquilla y Buenaventura, del que viene hablando desde la campaña presidencial y lo último que se sabe es que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) está realizando los estudios, que se entregarían en este primer semestre del 2024. Y, en el caso del “Gobierno con el Pueblo” en La Guajira, casi que todos los compromisos quedaron suspendidos, pues la Corte Constitucional tumbó los 14 decretos que emitió el Gobierno en el marco de la emergencia social, económica y ecológica que decretó para la región.
Entre tanto, el Gobierno continúa con dificultades para concretar sus proyectos regionales y mantener una conveniente interlocución. Aunque los encuentros sí son considerados como un “acto de buena voluntad”, por lo menos en la Costa Caribe, será esencial que voltee a mirar hacia la regulación de los precios de la energía, pues, aunque congresistas y gobernadores han llamado la atención, el jefe de Estado y su ministro de Minas todavía no se pronuncian claramente en ese sentido.
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Por Laura Duarte Sandoval
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