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La bancada de gobierno, no la actual, sino la que se configurará una vez Gustavo Petro se posesione como el nuevo presidente de Colombia, tiene claro que para lograr todos los objetivos del próximo jefe de Estado se requieren las mayorías para asegurarle gobernabilidad a Petro. Y en este tiempo, tras la elección, los esfuerzos de los congresistas del Pacto Histórico se han concentrado en consolidar esas mayorías y trazar estrategias para asegurarlas, por lo menos en el primer año de administración, que será clave y mostrará un derrotero de la capacidad del mismo Petro y su bancada por sacar adelante un programa ambicioso, pero necesario en cuanto a las promesas de acabar con el hambre y mejorar los índices de pobreza.
Aunque las energías están puestas en esa tarea, que se va materializando con el apoyo del Partido Liberal al presidente electo, así como la nominación de Roy Barreras a la Presidencia del Congreso, un hombre curtido en el quehacer legislativo y en la dinámica partidaria, a la par se va pensando sobre las agendas que se presentarán el 20 de julio y el 7 de agosto para poner a funcionar al Capitolio, no solo con proyectos de gobierno acompañados y liderados por su bancada, sino de otros partidos que también diversificarán la apuesta parlamentaria.
En el caso del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda explica que hay un paquete de iniciativas de plan de choque, que “tiene como propósito entrar a resolver de la manera más pronta posible un conjunto de problemas urgentes, como la emergencia social y económica”. En este paquete entran los proyectos de renta básica, reactivación económica del campo y el desarrollo de puntos del Acuerdo de Paz que no se han implementado y requieren su reglamentación legislativa, como la reforma agraria, la reforma política, todo lo relacionado con el punto cuatro sobre narcotráfico y mejorar y apoyar más los procesos para las víctimas del conflicto.
A los temas de paz, el senador Barreras, quien también es el vocero del Pacto Histórico en el Congreso, les agrega los ajustes que se tendrán que hacer para entablar una negociación con el Eln y garantizar las condiciones para el sometimiento ordinario de estructuras ilegales armadas. Este plan de choque, comentan ambos, debe ir de la mano sí o sí con una reforma tributaria, que asegure los recursos que necesitará el Estado para hacerles frente al hambre y la pobreza. Esta no será la única agenda de la bancada de gobierno.
En cabeza del mismo Cepeda, Catherine Juvinao (Alianza Verde) y Gustavo Bolívar está la responsabilidad de diseñar las reformas que necesita el mismo Congreso, que buscan acabar con la mermelada para que los parlamentarios solo se preocupen en legislar y hacer el control político; reducir el período de receso, proyecto que se hundió en diciembre de 2021; aumentar el número de sesiones por comisiones y plenarias a la semana; endurecer el régimen de sanciones por ausentismo, y reducir los privilegios, como el salario.
Esto, según Cepeda, es lo proyectado para el primer semestre legislativo, cuando se debe pensar en el Plan Nacional de Desarrollo, que será la hoja de ruta del gobierno Petro, y en otras reformas como la educación, la justicia y la salud. Adicional a esto, el presidente electo puso otra tarea sobre la mesa tras recibir su credencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría. “Aquí hago el compromiso de presentar conjuntamente el proyecto tal cual fue aprobado por el Congreso, para que iniciemos su discusión para una reforma que tiene que ver con las instituciones políticas y es fundamental, que es buscar la transparencia del voto y que las instituciones garanticen esa transparencia”, dijo Petro en el evento.
El período electoral, en el que se registró el hundimiento del Código Electoral por parte de la Corte Constitucional, deja unas tareas al Legislativo. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado por lo menos dos: la regulación de las coaliciones y de la participación política de mandatarios electos, como alcaldes, gobernadores y el mismo presidente. “No es lo mismo cuando tú estás hablando de un funcionario público que es un profesor de un colegio o de una universidad, o el conductor del transporte de determinada institución, o cuando estás señalando que un funcionario público es un presidente de la República, un ministro, un secretario de gobierno, alcalde o gobernador”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE, en el marco de la primera vuelta presidencial.
Para la senadora electa Norma Hurtado (Partido de la U), lo que se debe debatir con relación a las coaliciones es “la presentación de candidatos a corporaciones públicas, el contenido del acuerdo de coalición, las reglas de financiación, la entrega del informe único de gastos, la responsabilidad de cada uno de los partidos que conforman una coalición, la actuación en bancada en todos los escenarios y la declaración de oposición”. Para estos cuatro años, la U seguirá insistiendo en iniciativas con relación a derecho a la alimentación, sostenibilidad empresarial, impulso del agro, protección a líderes sociales, salud, educación, seguridad nacional y todo lo que tiene que ver con posconflicto.
El Partido de la U anunció este fin de semana que será parte del bloque parlamentario del gobierno Petro en lo relacionado con la elección de las mesas directivas en las comisiones del Congreso y reiteró que no será oposición. No obstante, decidirá si se declara como bancada de gobierno o independiente en los próximos días. Roy Barreras, quien viene de esa colectividad, tendrá un rol muy importante para seguir acercando a la bancada con la administración. Por ahora, los únicos partidos que han manifestado su declaración política son el Liberal y el Mira. Este último será independiente y se concentrará en una agenda para generar empleo, fortalecer el sistema agropecuario, darles frente a los efectos de la inflación y la modernización del Congreso.
En caso del Partido Liberal, que se declaró partido de gobierno, se comprometieron con Petro en presentar un proyecto que declare la educación como un derecho esencial constitucional, la sustitución del IVA, la tarifa diferencial en transporte público para estudiantes de bajos estratos y “acabar con los condicionamientos de pobreza que tienen los subsidios. Si alguien que es beneficiario de un subsidio, cuando se emplea, pierde el régimen, o cuando un hijo le da un piso para la casa de sus padres, también le quitan el subsidio”, explicó el senador electo Alejandro Carlos Chacón.
Hay un consenso en el interior de Cambio Radical en cuanto a que no serán partido de gobierno, la discusión está entre ser oposición o ser independientes. En todo caso, en cualquier camino que tomen insistirán en temas que se han convertido en bandera partidaria: la salud y la justicia. “Estos son temas que el partido ha venido impulsando y seguirá en esa línea. En salud, hablamos de médicos de familia y vinculación con contrato laboral a los profesionales de la salud”, mencionó el senador Carlos Fernando Motoa, quien repetirá curul. Para David Luna, también senador de Cambio Radical, uno de los principales retos del Congreso será la reforma pensional. “El ahorro de los colombianos no se puede poner en riesgo. Esta reforma es la que más preocupación está generando en las calles”, agregó el también exministro de las TIC.
En el caso del Centro Democrático y el Partido Conservador, hay expectativas sobre su declaración política. Los primeros tienden a ser oposición y los segundos independientes, pero mediante una carta un sector de la colectividad compuesto por 14 senadores electos abrió la puerta a ser parte del acuerdo nacional y anunció que no le hará oposición a Petro. El conservador Efraín Cepeda, uno de los firmantes de la carta, insistió en la importancia de lo que será la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Él no se atreve a discutir las propuestas mencionadas por Petro: “Aún no hay nada radicado y hay que sentarse con el gobierno para hacer aportes. Lo escuchado por el asesor Ricardo Bonilla, en materia de reforma tributaria, permite concluir que se golpeará a la clase media. Hay que debatir de fondo ese tema”.
Precisamente las declaraciones de Bonilla ante emisoras preocuparon al uribismo. “No sabemos en qué calidad está hablando, si como próximo ministro de Hacienda, director de la DIAN, asesor económico de Petro, si va a ser así o no. Ellos (el Pacto) se opusieron a una reforma similar o igual a la que presentó Alberto Carrasquilla. En últimas, no sabemos nada de este gobierno porque en campaña Petro habló de una Constituyente, del sector minero y de hidrocarburos, de acabar con la Ley 100, y después se moderó. No sabemos a qué atenernos”, comentó Ciro Ramírez.
La bancada del Centro Democrático, por ahora, está concentrada en trabajar por UTL los proyectos que cada congresista considera necesarios para el país, para después definir cuáles serán las banderas del partido durante el Congreso. Por ahora se habla mucho sin proyectos radicados ante la Secretaría General. Hay que hacer memoria y recordar hace cuatro años el comienzo del gobierno Duque. Se habla de reforma política, a la salud, de justicia, pensional, laboral, tributaria. Lo único que se logró de esas promesas fue el trámite de tres reformas tributarias. Un récord sin precedentes.
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