Las respuestas de Valencia Cossio

El martes pasado, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, debía afrontar un debate de control político en la plenaria del Senado, citado por los congresistas del Polo Democrático Jorge Robledo y Jaime Dussán, quienes lo consideran inhabilitado para ejercer el cargo ante los líos judiciales que afronta su hermano Guillermo León, investigado por presuntos nexos con el narcotraficante alias Don Mario. El debate no se pudo realizar porque el caso de los supuestos milicianos de las Farc en la Universidad Distrital copó la agenda, siendo aplazado para el próximo miércoles.

Sin embargo, El Espectador tuvo acceso a las respuestas que, por adelantado, entregó el Ministro al cuestionario enviado previamente por los senadores Robledo y Dussán, en las que el funcionario insiste en que seguirá al frente de la cartera del Interior y Justicia “hasta cuando el señor Presidente de la República así lo considere”; defiende también las reformas política y judicial y, en lo que según algunos analistas puede ser considerado como un nuevo “envión” del Gobierno contra la Corte Suprema, advierte que el alto tribunal no está exento de ser investigado.

En efecto, a una pregunta sobre las aseveraciones hechas por el presidente Uribe, el 25 de agosto pasado, sobre las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia o de magistrados suyos, y las que se refirieron al Fiscal General de la Nación, el ministro Fabio Valencia Cossio enfatiza que “todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley, por tanto, ninguna autoridad pública o judicial puede estar exenta de que se le investigue, cuando se tiene el conocimiento de la comisión de presuntos hechos delictivos”.

Seguidamente, aclara que “al Presidente —en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa, Comandante General de las Fuerza Militares y de Policía y ciudadano en ejercicio— le corresponde hacer cumplir la Constitución y las leyes, dentro de lo cual se contempla, por supuesto, el mantenimiento y control del orden público y la preservación de la seguridad y convivencia ciudadanas. Por ello, no sólo tiene el derecho, sino él deber de opinar sobre circunstancias y hechos que afecten estas materias y cuando conozca de la comisión de hechos presuntamente delictuosos, debe remitir esa información a las autoridades competentes”.

Y remata en su respuesta que la Corte Suprema tiene también el deber de someterse a la justicia cuando sus comportamientos así lo requieran. Además advierte: “La Corte Suprema no está exenta de dejarse investigar cuando existan cuestionamientos sobre el comportamiento de uno o varios de sus integrantes y más que buscar solidaridad de cuerpo, lo que debe dar es ejemplo de funcionamiento de la justicia”. Una respuesta que, sin duda, agita nuevamente el debate ya existente entre Ejecutivo y Poder Judicial.

Pero además, a otra pregunta sobre la decisión tomada por la Fiscalía en relación con el caso de alias Tasmania, Valencia Cossio manifiesta que el Gobierno “respeta y acata los fallos de los jueces”, pero considera que cuando estos fallos desbordan lo jurídico y adquieren “ribetes políticos”, se reserva el derecho de hacer observaciones y críticas. Y vuelve a la carga: “No hay ningún colombiano exento, todos estamos sometidos al imperio de la Constitución y la ley, por ello no compartimos la solidaridad de cuerpo en las instituciones; esto sería tanto como que el Gobierno Nacional o el Congreso de la República, cada vez que se iniciara una investigación contra alguno de sus miembros, utilizara la misma figura para evitar el normal desarrollo de las investigaciones”.

Sin decir nombres propios, es claro que las palabras del ministro se refieren al magistrado auxiliar Iván Velásquez, blanco de los cuestionamientos del Gobierno, que lo ha acusado de haber intentado ofrecer beneficios judiciales a un testigo para que declarara en contra del presidente Uribe. Como se sabe, la Fiscalía cerró el caso, pero a lo largo de todo el proceso la Corte Suprema siempre expresó su total respaldo a Velásquez.

Por otro lado, en una gran parte del cuestionario de los senadores Robledo y Dussán se pregunta por el caso que tiene al Ministro en una posición incómoda: la situación jurídica de su hermano Guillermo León. En sus respuestas, el funcionario reitera que se mantendrá “totalmente al margen de dicho proceso” y se abstiene de referirse a la conversación que sostuvo con el fiscal general Mario Iguarán, en la que se dice preguntó por su hermano, diciendo que éste “ya se ha pronunciado ampliamente sobre los términos de la misma”.

Incluso, cuando los congresistas citantes al debate le plantean a Valencia Cossio la posibilidad de la renuncia “por el bien de Colombia”, se defiende argumentando que su trayectoria pública y trasegar político son conocidos por todo el pueblo colombiano. “Siempre mis actos públicos y privados han estado al escrutinio de la opinión nacional e internacional. He dicho reiteradamente que me mantendré marginado del desarrollo de este caso. Cualquiera que sea la decisión y el fallo de la justicia, la acataré y la respetare, y no alterarán mi compromiso y mi responsabilidad como ministro. Seguiré trabajando para Colombia como Ministro del Interior y de Justicia hasta que el señor Presidente así lo considere, y como ciudadano lo haré hasta el último minuto de mí vida”, dice.

Así las cosas, queda claro que el debate del próximo miércoles estará al rojo vivo y que la oposición tratará de arrinconar a Valencia Cossio, hurgando en los problemas jurídicos de su hermano y en el choque del Gobierno con la Corte Suprema, una situación que definitivamente no está superada, de acuerdo con las respuestas del Ministro al cuestionario del debate.