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Disparos, música y gritería sembraron el temor para que delegados del Gobierno no pudieran seguir con su misión de verificar si en Guajira se había gestado un fraude para las elecciones presidenciales. Este hecho ocurrió hace 116 años, tras las justas electorales que dieron como ganador a Rafael Reyes. Más de un siglo después, Guajira vuelve al centro de la polémica por unos comicios. El escándalo tiene que ver con las interceptaciones al fallecido ganadero José Guillermo Hernández -conocido como el Ñeñe y señalado de supuestos nexos con Marquitos Figueroa-, en las que se infiere una presunta compra de votos para beneficiar al presidente Iván Duque.
En una de las llamadas se escucha al ganadero, que fue uno de los mayores impulsores de la campaña de Duque en el norte del país —así lo dejan ver varias fotos de su Instagram—, hablando con una mujer desconocida sobre el mucho trabajo que tenían para las elecciones. En la llamada, Hernández asegura que tienen que buscar “una plata” para “pasarla por debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos”. Debido a la fecha de la conversación (3 de junio de 2018), a apartados de la conversación que dicen que “Iván y Uribe” mandaron a la interlocutora a Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao para “ganar La Guajira”, y la cercanía del “Ñeñe” con la campaña del ahora primer mandatario, las dudas se posaron sobre su victoria en segunda vuelta.
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Fiscalía, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Comisión de Acusación de la Cámara tienen la última palabra en un caso en el que, por ahora, no hay certezas. En la historia de Colombia han proliferado las controversias por supuestas irregularidades en procesos electorales. En buena parte del siglo XIX, el fantasma del fraude electoral fue un denominador común. Sin embargo, el primer caso de la era moderna del país en el que quedaron dudas frente a la legitimidad de un triunfo en las urnas, fue la elección de Rafael Reyes Prieto. En ese entonces, se escogía de forma indirecta, a través de electores en cada provincia que se reunían para definir por cuál candidato votar.
Esta vez, en 1904, fue entre Rafael Reyes y Joaquín Vélez. Los delegados de la provincia de Padilla —hoy Guajira y parte del norte de Cesar— se reunieron para escoger al elegido. No obstante, entre manjares y bebidas, la elección se embolató y ellos firmaron los papeles sin definir un nombre. Esa decisión recayó en el cacique electoral de la zona, Juanito Iguarán. Al conocerse esta especie de cheque en blanco, personas cercanas a ambos candidatos trataron de ganarse el favor de Iguarán. Al final se decantó por Reyes. Además, en los papeles de la provincia de Padilla figuraron 23 electores más de los que le correspondían por ley. Esta irregularidad permitió el triunfo de Reyes. Ganó por 994 votos frente a 982 de Vélez.
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En adelante y a lo largo de la primera mitad del siglo XX, si bien hubo elecciones en las que sólo participó un partido político, no se presentaron líos por supuestos fraudes. Hasta 1970, cuando fue elegido Misael Pastrana. Ese año, el último de comicios bajo el orden político del Frente Nacional, Pastrana se enfrentó el ex general Gustavo Rojas Pinilla, expresidente entre 1953 y 1957 y líder de la Alianza Nacional Popular (Anapo). Las elecciones se desarrollaron el domingo 19 de abril de 1970. Sin embargo, antes de la media noche de ese día, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, suspendió la transmisión de los boletines a través de la radio, argumentando que estaba dando “informaciones inexactas”.
El lunes 20, el país se despertó con un panorama distinto al que daba por ganador a Rojas. De la noche a la mañana, Pastrana pasó a la delantera. Los líderes de la Anapo invitaron a sus electores a salir a las calles para denunciar un supuesto fraude electoral. Pero desde ese momento, cada nuevo boletín mostró un crecimiento en la ventaja de Pastrana. Las protestas se mantuvieron en las calles lunes y martes, pero en la noche del 21 de abril, el presidente Carlos Lleras Restrepo declaró el Estado de Sitio e impuso el toque de queda. Al final, aunque el fantasma del fraude electoral quedó en el ambiente, Misael Pastrana gobernó entre 1970 y 1974. El supuesto fraude fue el pretexto que utilizó el movimiento 19 de Abril (M-19) para alzarse en armas.
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La crisis por elecciones volvió en 1994, cuando Ernesto Samper se impuso sobre Andrés Pastrana. Al segundo día de las elecciones del 19 de junio, que dieron como ganador al candidato liberal, el derrotado Pastrana denunció que a la campaña ganadora habían ingresado dineros del narcotráfico. La prueba, conocida como los narcocasetes, fue la interceptación de una conversación telefónica entre Miguel Rodríguez Orejuela, cabeza del cartel de Cali, y el periodista Alberto Giraldo, en la que quedó en evidencia que la mafia había apoyado al candidato ganador. El suceso dio lugar a un periodo de inestabilidad política, con el conexo escándalo del proceso 8000 y una sucesión de políticos a las cárceles por nexos con el narcotráfico.
Aunque en un principio el fiscal Gustavo de Greiff, antes de abandonar su cargo, archivó las investigaciones, las pesquisas fueron llevadas a cabo por su reemplazo, Alfonso Valdivieso. En estas se vinculó a varios políticos y hasta a Santiago Medina, tesorero de la campaña presidencial. Para tratar de desmarcarse del escándalo, Samper lideró la persecución en contra del cartel de Cali, que llevó a la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela y José Santacruz. No obstante, la cosa no paró ahí y varios de los cercanos al Gobierno fueron procesados y hasta reconocieron la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper, quien aseguró que, en caso de ser así, fue a sus espaldas. Entre ruidos de sables y la cancelación de la visa de los Estados Unidos, Samper terminó su mandato.
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En 2006, regresaron las denuncias electorales. Ese año, en la recta final de la reelección de Álvaro Uribe, el exjefe de informática del DAS, Rafael García, aseguró que, cuatro años atrás, las autodefensas habían favorecido a Uribe con “un fraude de gigantescas proporciones” en la costa Caribe. Sin embargo, más allá de los señalamientos de García que luego ratificó el excomandante de las Auc Salvatore Mancuso, nunca hubo una investigación concreta sobre el supuesto favorecimiento a Uribe por parte del paramilitarismo en su primera elección. En cambio si la hubo respecto a la forma en que fue posible su segundo mandato.
Durante el trámite de la reforma constitucional en 2004 que permitió a Uribe la reelección inmediata dos años después, se presentaron los hechos que en 2008, dieron lugar al escándalo de la Yidispolítica. En síntesis, como lo concluyó la justicia, desde el gobierno Uribe se entregaron dádivas burocráticas para destrabar la reforma. Por lo sucedido fueron condenados los exministros del Interior, Sabas Pretelt y de Protección Social, Diego Palacios, así como el exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez. También fueron condenados los excongresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.
Las pesquisas por presuntas irregularidades electorales regresaron con la elección de Juan Manuel Santos en 2010 y su reelección en 2014. En ambos casos, por el ingreso de dineros a las campañas que no fueron relacionados en la contabilidad, con un mismo nombre en común: la cuestionada multinacional brasilera Odebrecht. En 2010, por US$400.000 para el supuesto pago de unos afiches; y en 2014, por cerca de $3.800 millones que habrían sido girados a través de la empresa Gistic Logistic, por parte del consorcio Consol, ejecutor del contrato de la Ruta del Sol II.
El testimonio de Andrés Sanmiguel, dueño de la empresa, afirma que el dinero fue entregado a Esteban Moreno, gerente de campaña del Partido Liberal, quien lo llevó a la campaña Santos. Hoy, estos hechos son investigados por la justicia y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Las mismas instancias que empiezan a clasificar la información por el nuevo escándalo, que esta vez alude a supuesta compra de votos en favor de la campaña del presidente Duque, a través del polémico Ñeñe Hernández.
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