Las urgencias del Gobierno

A seis semanas de que finalice el año legislativo 2015-2016, que va hasta el próximo 20 de junio, han surgido hondas diferencias entre los partidos que componen la Unidad Nacional. La renuncia del liberalismo a la coalición de gobierno ha provocado un amago de crisis de las mayorías parlamentarias y aunque en esa colectividad, además de la U y Cambio Radical, han aclarado que no se pondrán en riesgo los iniciativas que sirvan para alcanzar la paz, está claro que ahora los debates en el Capitolio serán más candentes y que estando tan cerca de caer el telón, los peligros se ciernen sobre los proyectos de ley y reformas constitucionales que el Gobierno ha puesto en la lista de sus urgencias.

En orden de prioridades, el Acto Legislativo para la Paz tiene el turno número uno. Le quedan dos debates. Uno en Comisión Primera de Cámara y el último en plenaria de esa corporación. En términos generales, entre debate y debate deben pasar 15 días. De manera que, aunque está bien en tiempos, cualquier traspié haría que la reforma no fuera aprobada en esta legislatura y quedaría archivada. Algo que el Gobierno no puede permitir, porque dicha iniciativa es considerada la piedra angular de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

El texto estipula acortar los tiempos en la aprobación de las reformas que la paz exigirá, creando un sistema de rápido tránsito en el que, por ejemplo, las reformas constitucionales tengan cuatro debates y no ocho, como actualmente ocurre. Asimismo, incluye nuevas reglas en la modificación de las iniciativas, como por ejemplo, la obligatoriedad de que reciban el aval del Ejecutivo. Finalmente le otorga facultades extraordinarias al presidente de la República por 90 días, prorrogables una vez, para que expida decretos con fuerza de ley en aras de la paz.

El segundo turno de urgencias lo tiene la prórroga de la Ley de Detención Preventiva. Y es de máxima prioridad para el Gobierno, puesto que en los últimos años han sido tantas las medidas de aseguramiento preventivas contra procesados, que según las cuentas del Ejecutivo, si no se extiende la norma, el 1 de junio más de 20.000 presos podrán pedir su excarcelación por vencimiento de términos. La situación es de alta sensibilidad también para la Fiscalía y la necesidad es que en menos de veinte días se dé dicha prórroga o se pondrá en riesgo un número importante de procesos que por años se han adelantado.

Otra urgencia del Gobierno es la reglamentación de la Comisión de Aforados. Una materia altamente sensible en el Congreso, por cuanto toca las fibras de los funcionarios públicos más poderosos del Estado, entre ellos el fiscal, el procurador y los magistrados de las altas cortes. La iniciativa ya tiene su ponencia lista y las comisiones primeras conjuntas están citadas para hoy. Por ser un proyecto de ley estatutaria, se requiere que sea aprobado mínimo en dos debates para no naufragar y así tener continuidad en el próximo semestre.

Esta semana también tendrá su prueba de fuego el proyecto de Ley Estatutaria de Justicia. La Comisión Primera de Senado recibirá la iniciativa en su tercer debate. Es decir, le faltan dos discusiones para surtir su tránsito por el Congreso. La iniciativa contiene una serie de normas tendientes al fortalecimiento del sistema de administración de justicia, en primera instancia, en lo que tiene que ver con la elección de magistrados y representantes de la rama en el órgano administrador de los recursos. Además, el proyecto contempla una serie de disposiciones para hacer más ágiles las decisiones en lo que tiene que ver con dichos recursos.

Finalmente, entre las prioridades del Gobierno está el polémico Código de Policía, que pasa a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El proyecto tendrá que ser aprobado antes del 20 de junio. El problema es la intensa controversia que han desatado varios artículos, por cuanto algunos creen que son restrictivos de los derechos de los ciudadanos, como el que le permite a la Policía ingresar a los inmuebles sin orden judicial previa cuando los uniformados crean que hay vidas en peligro, propuesta que no ha sido bien recibida por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Mientras tanto, los tiempos corren en contra del proyecto.

De esta manera, la lista de las urgencias del Ejecutivo en el Capitolio Nacional tiene un cronograma muy apretado, que requiere del buen trabajo de la coalición de Gobierno porque, de lo contrario, se hundirán. Ahora falta ver cómo operará una Unidad Nacional donde cada quien parece estar jalando para su lado, pensando en beneficios burocráticos y en cómo va acomodando sus fichas de cara a las elecciones de Congreso y presidenciales de 2018.