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Detrás del telón de los pulsos entre oficialismo y oposición y las fracturas que han dejado en ambos sectores por contiendas como la de la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral, las primeras seis semanas del nuevo Congreso han transcurrido al ritmo del reacomodo del poder de congresistas y bancadas en el funcionamiento del Capitolio. Además de la asignación de cargos y contratos en comisiones, secretarías y otras oficinas del legislativo, la conformación de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de cada congresista permite entender qué fuerzas se mueven detrás de la influencia de esta rama del poder público.
El asunto no es menor. Cada uno de los 283 senadores y representantes a la Cámara, además de su salario bruto de unos COP 55 millones mensuales, tiene a su disposición hasta 50 salarios mínimos al mes para sostener a un equipo que respalde su labor. Así las cosas, se trata de una bolsa de más de COP 87 millones que los legisladores pueden usar a su discreción para contratar hasta 10 personas de confianza. En cuentas sencillas, se trata de poco más de COP 295.000 millones anuales que salen de las arcas públicas para mantener estas plantas de personal.
De acuerdo con la norma, las UTL son una herramienta para lograr “una eficiente labor legislativa”; sin embargo, durante varios años también han sido foco de escándalos de corrupción y malos manejos. Uno de los fenómenos más sonados, secreto a voces en el Capitolio, es el cobro que exigen algunos congresistas a los asesores, tema que incluso ha dejado condenados a varios. El caso más reciente es el de la exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello, del Centro Democrático, a quien la Corte Suprema de Justicia le impuso una pena de 12 años de prisión por solicitar de forma mensual la devolución de un porcentaje de su salario a parte de su equipo.
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En esa lista también aparecen los casos de los excongresistas Argenis Velásquez (Partido Liberal), Luis Enrique Salas (La U) y Manuel Carebilla (Cambio Radical). Actualmente, la justicia avanza en investigaciones, por presuntamente implementar dicha práctica, contra los exrepresentantes Carlos Carreño (Comunes) y Mary Anne Perdomo (Pacto Histórico), así como contra el senador activo David Racero, también del Pacto, a quien le indagan varias consignaciones a sus cuentas por parte de integrantes de su unidad.
Más allá de esto, aunque no se trata de una conducta penal, sobre las UTL también pesa la sombra de ser, en varias ocasiones, un sistema de prebendas políticas con las que se premia a aliados de los congresistas y sus grupos, incluso con los llamados “puestos corbata”, término coloquial para referirse a los funcionarios nombrados o contratados que reciben el salario pero no cumplen sus tareas u obligaciones. El Espectador revisó bases de datos con información de estas unidades para el periodo 2026-2030 y encontró varios casos de excongresistas reencauchados, familiares de poderosos políticos regionales, financiadores de campaña y hasta alfiles del expresidente Gustavo Petro. Esta es la primera de dos entregas sobre el poder detrás de las UTL.
Las fichas de los poderosos en las UTL
Esta historia inicia en el nororiente del país, donde en el mundo político resuenan con fuerza los apellidos Villamizar y Díaz Mateus, que aparecen en primera línea a la hora de revisar las movidas de poder en los santanderes. En Norte de Santander está claro que el mayor elector es el actual gobernador, William Villamizar Laguado, y lo mismo que ocurre con Santander, donde el bloque político más robusto lo integra el gobernador Juvenal Díaz Mateus. Ambos tienen sus fichas en el Congreso, particularmente en la Cámara, donde la influencia en las curules también se siente en las UTL.
José Luis Duarte Contreras, conservador, fue el representante a la Cámara más votado en Norte de Santander en las pasadas elecciones, con más de 85.000 apoyos, los mismos que sacó toda la lista del uribismo en ese departamento. Duarte fue alcalde de Chinácota y formó parte de un grupo político que estuvo con el clan de Ramiro Suárez Corzo y ahora hace parte del grupo del gobernador Villamizar. Además, es hermano del contratista Ronald Duarte, quien fue capturado en 2024 por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Dato curioso: Ronald trabajó en la UTL del fallecido congresista Diógenes Quintero.
Ahora, su hermano, como legislador, incluyó en las últimas semanas en su unidad a la hija del gobernador, Paola Andrea Villamizar, quien tiene el cargo de asesor VIII, el más alto de este segmento del Congreso y que se traduce en cerca de COP 26 millones mensuales en salario. Según su hoja de vida, ella es profesional en finanzas y relaciones internacionales. Además, está casada con Juan Guillermo Rojas Matamoros, comerciante de Cúcuta a quien en 2025 le embargaron varios bienes por una presunta conexión con dineros del narcotráfico.
Las redes que conectan con William Villamizar se extienden aún más y llegan hasta las curules de paz, con la representante Tatiana Gaona, sobrina de Jairo Pinzón, exgerente del hospital de Ocaña Emiro Quintero Cañizares. En su UTL hoy están el hermano y sobrino del gobernador: Edwin Villamizar Laguado y Wilmer Mendoza Villamizar, respectivamente. El primero es asistente III (gana cinco salarios mínimos mensuales) y el segundo, asistente II (cuatro salarios mínimos). Cabe anotar que, además de estos dos congresistas, el gobernador Villamizar tiene bajo su grupo al senador Wilmer Carrillo y a la representante Diana Riveros, ambos de La U.
En el caso de Santander y los Díaz Mateus, la figura que resalta es la del representante conservador Guillermo León Blanco, que obtuvo 43.000 votos con el respaldo de la estructura del gobernador. León es militar retirado, al igual que Juvenal Díaz, y fue la fórmula política de su hermano, el hoy senador Luis Eduardo Díaz Mateus. Y para rematar, la cuota del grupo político en la UTL de León Blanco es Emiliano Díaz Mateus, otro de los hermanos, que ahora es asesor I del Congreso, con un salario mensual de nueve salarios mínimos. Además, de esta UTL llama la atención la inclusión de Miguel Rosendo Torres Roa, quien en cuatro giros le donó COP 70 millones a la campaña del hoy representante.
Y para cerrar esta historia de familia y de alfiles del Partido Conservador, hacia la región andina aparece el apellido Barreto. En el equipo de la congresista Delcy Isaza Buenaventura está, con un salario de asesor V, cercano a los COP 21 millones, Juliana Macías Barreto, sobrina del exsenador y exgobernador Óscar Barreto, uno de los jefes de la que es considerada la casa política más fuerte del Tolima. Santiago Barreto Triana, otro de sus sobrinos, fue elegido senador este año.
Las redes de la izquierda
En el Pacto Histórico también hay varios nexos de poder a través de las Unidades de Trabajo Legislativo. Uno de los nombres que genera mayor atención es el de Gabriela Muñoz Olaya, excontratista de la Aeronáutica Civil que, según voces de esa entidad, llegó a tener bastante incidencia en altos niveles con el guiño del entonces presidente Gustavo Petro. De hecho, la joven de 20 años sigue cerca del exmandatario y en los últimos días se le vio hablándole al oído al jefe de la izquierda. Su figuración ya genera molestias en algunas bases del petrismo que no la consideran parte del proyecto.
Lo cierto es que, mientras Muñoz Olaya sigue generando conversación en redes sociales y se mantiene en el círculo de Petro, también está vinculada como asistente III en el Congreso. La también estudiante de derecho aparece como parte del equipo del representante Marco Emilio Hincapié Ramírez, hijo de un reconocido dirigente de Colombia Humana que durante la anterior administración manejó Coljuegos. En este punto llama la atención que en la UTL del congresista hay varios nombres que pasaron por esa entidad, como Javier Guerra Acosta o Juan Amézquita Calderón.
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Este recorrido también apunta a otro alfil de Petro, Luis Eduardo Llinás, quien llegó a manejar dos despachos cruciales para el Ejecutivo, la Dian y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Hoy también está en el Congreso con la representante Luz Verónica Estrada, que se estrena en el Capitolio tras alcanzar uno de los primeros puestos en la lista cerrada del Pacto Histórico en Antioquia.
En ese sector de la izquierda, varios congresistas siempre identificaron a Estrada como una apadrinada de Llinás; de hecho, llegó a estar contratada durante 10 meses en la Dian por un valor de COP 78 millones. Ahora la situación es al revés, pues el exfuncionario de Petro es parte del equipo de ella como asesor II, cargo en el que recibe más de COP 15 millones mensuales.
Un caso más en las toldas del principal partido opositor al gobierno de Abelardo de la Espriella es el de Amaury Julio Pérez, un político de Bolívar que no hace parte de las bases del petrismo, pero que logró ingresar a este sector y al Congreso a través de las consultas internas. De hecho, durante la campaña, algunos de sus compañeros de lista lo señalaron de tener cercanía con el clan Blel, lo que para varios de ellos se traduce en una infiltración de los partidos tradicionales en su estructura.
La tesis tomó fuerza cuando quedó en evidencia la cercanía de este con el exrepresentante conservador Fernando Niño Mendoza, cuñado del también exlegislador bolivarense William Montes, quien fue acusado de vínculos con el paramilitarismo. Lo cierto es que ahora Niño, aunque no tiene asiento en el Congreso, hará presencia como asesor de Pérez, pues es asesor VIII, el rango más alto. Eso sí, Amaury Julio señala que Gustavo Petro es el “líder natural” de la gran alianza progresista con la que buscan regresar al poder en 2030.
Y para cerrar este capítulo, otro de los excongresistas reencauchados como asesor legislativo es Norman David Bañol, quien en la pasada legislatura ocupó una de las curules de la circunscripción indígena. Para este periodo, de acuerdo con las bases de datos, fungirá como asistente II del representante Carlos Mario Calvo, líder del pueblo emberá chamí.
Líneas en otros partidos
Dos casos más en esta red de poder en las UTL están en las toldas del Centro Democrático y el Partido Liberal. El primero tiene como protagonista a Melissa Orrego, representante por Antioquia. En campaña fue relacionada con la estructura de Óscar Andrés Pérez, exalcalde de Bello condenado a 10 años de cárcel por irregularidades en contratación pública.
Orrego ganó su curul con más de 63.000 votos y ahora, desde el Capitolio, trabajará con la esposa del exalcalde, Diana Marcela Uribe Tobón, como su principal asesora, quien ganará al mes 15 salarios mínimos. Uribe intentó llegar al Senado, también con aval del uribismo, pero antes de las elecciones desistió de su candidatura. Este bloque es cercano al actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
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Finalmente, aparece el nombre de Yolanda Wong Baldiris, quien llegó este año a la Cámara como representante de Bolívar en fórmula con Lidio García Turbay, el segundo senador más votado en los pasados comicios. Tras la elección, Wong incluyó en su equipo, como asistente IV, que recibe un sueldo de seis salarios, a Rosa América García Turbay.
Entre tanto, en medio de la crisis fiscal que afronta el país y el debate que se avecina por un presupuesto de COP 636 billones, en el Congreso aseguran que el costo de las UTL sigue pesando bastante en el funcionamiento de la entidad, más aún tras el último aumento del salario mínimo. Desde algunas orillas políticas se ha impulsado una reforma para la profesionalización de estas unidades, para hacer más eficiente y menos burocrática esta tarea, pero parece no existir voluntad política de todos los espectros que integran este poder.
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Por David Efrén Ortega
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