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Juan Carlos Losada, representante del Partido Liberal, no desiste de su intención de modificar la Constitución para regularizar el consumo de cannabis en el país. Desde el pasado cuatrienio, el congresista está promoviendo la intención de modificar el artículo 49, para que el cannabis sea tratado, por ejemplo, como el tabaco y el alcohol. Es decir, con el proyecto de Losada se cambiará ese artículo, que desde 2009 criminaliza el porte y consumo de sustancias como el cannabis.
La idea del proyecto es que la comercialización de esta sustancia también cuente con licencias, excepciones de uso, tributación para financiar la reducción de daños y prevención de consumo, pero en la pasada legislatura la iniciativa se hundió dos veces en el Congreso, ambas por una amplia diferencia de votos. Hoy el escenario legislativo es bien diferente. Hay un Congreso mucho más alternativo y las mayorías las tiene la bancada de gobierno, incluido el apoyo de los partidos tradicionales que hace cuatro años decidieron archivar el proyecto.
Esta es una de esas iniciativas que pondrá a prueba la unidad del oficialismo, por lo que el autor del proyecto le pide al Gobierno involucrarse más en el impulso de la legalización y usar las mayorías parlamentarias para que el trámite del proyecto no sea tan complejo como hasta el momento, y mucho menos que, como hace un par de años, no se logre aprobar. El representante liberal habló de las dificultades para aprobar la primera de ocho discusiones que tendrá que dar el Congreso y le pide al Gobierno priorizar las iniciativas para regular este tipo de sustancias.
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Antes de la aprobación el debate se suspendió varias veces. Se presentaron varias proposiciones e incluso se intentó archivar una vez más. ¿Por qué hubo tantas vueltas para llegar a la votación, si se supone que hay un Congreso más alternativo?
El debate del cannabis de uso adulto nunca va a ser fácil. A eso nos toca hacernos a la idea. Después de lo que pasó en los últimos cuatro años, con las dificultades para debatirlo, votarlo y sacarlo adelante, me acostumbré a que este tema siempre va a tener dificultades. No me sorprende porque así va a ser el resto del trámite, o por lo menos hasta que el Gobierno decida meterse.
El Gobierno, desde la campaña presidencial, ha dado visto bueno a la regulación del cannabis y en general prometió un giro en la política antidrogas. ¿En qué sentido no se ha visto el apoyo?
Un ejemplo: todos los conservadores votaron en contra porque el presidente Gustavo Petro no ha dicho que es un proyecto prioritario. Ellos dicen: “esto no es un proyecto del Gobierno, sino de Juan Carlos Losada”. Por eso, hasta que no se meta el Gobierno y no utilice las mayorías que tiene en el Congreso para impulsar este proyecto, básicamente vamos a estar en esta lucha constante.
El último escollo que tuvo que superar en la Comisión Primera de la Cámara fue un intento de fusionar su proyecto con otro de su bancada. ¿Qué pasó?
Lo que sucedió es que, habiendo también un proyecto del representante Carlos Ardila, nos pidieron que hiciéramos un intento de conciliar los textos y ponernos de acuerdo. Eso no fue posible y por eso hubo de alguna manera un retraso, pero finalmente terminó aprobándose nuestro proyecto.
Además de su proyecto, son varias las propuestas de otros congresistas en torno al cannabis. ¿Cómo espera que se integren los demás parlamentarios y el Gobierno a su iniciativa?
Escribí una carta que le vamos a mandar el martes al presidente Petro y a los ministros de Justicia y del Interior, pidiéndoles que creen una mesa de diálogo legislativo sobre el tema del cannabis para poder unificar ideas y los proyectos que hay. Está el del representante Ardila, que quedó un poco atrás pero está presente, y el proyecto del senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico). Dicen que el Nuevo Liberalismo quiere radicar otro proyecto, entonces lo mejor sería tener una mesa donde todos los actores que estamos haciendo propuestas alrededor de este tema pudiéramos concertar un camino que facilitaría la discusión.
¿Cuál sería el objetivo de esa mesa? ¿Sería algo así como una Comisión accidental?
Nosotros le proponemos al Gobierno que cree una mesa de diálogo sobre cannabis en el Congreso. Que mientras se sacan las conclusiones generales de esa mesa y logramos ponernos de acuerdo entre los diferentes actores, que apoyen nuestro proyecto para que pueda ir avanzando porque son ocho debates. Lo que necesitamos es que avance y que en simultáneo vayamos llegando a algunos acuerdos para que en la segunda vuelta del acto legislativo podamos aprobar el texto que sea de concertación de todos los proyectos.
Por otro lado, Ud. ha dicho que se ha tratado de desviar la discusión o incluso pegarse a la ola para incluir temas que beneficien a terceros. ¿Qué “micos” han tratado de meter?
Es evidente que el proyecto del representante Ardila fue construido por la Federación Nacional de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos, que tienen interés en que sean los Concejos municipales los que puedan determinar los tributos del cannabis, para que esos tributos queden en los territorios. Nosotros estamos de acuerdo con el representante Ardila en que la tributación del cannabis debe ser territorial. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que la tributación la establezcan los municipios.
¿Por qué no le suena que la tributación sea potestad de cada ente territorial?
Por ejemplo, un alcalde que esté abiertamente en contra del consumo del cannabis en su municipio puede poner unos impuestos que terminen redundando en una violación a los derechos y las libertades de los ciudadanos que consumen esta sustancia. Por supuesto, se pueden constituir esos impuestos en una manera de frenar el avance de la iniciativa y eso no tiene ningún sentido. Se tendrá que dar una discusión muy seria sobre cómo será la tributación cannábica.
¿Cómo considera que debe ser esa tributación?
Estoy de acuerdo con que esa tributación sea del orden territorial. Pero, al mismo tiempo, con que el monto del impuesto tenga que ser fijado de forma centralizada para que de esa manera no haya municipios que se puedan beneficiar de la regulación y otros en los que esa regulación se quede en el papel. Debe ser homogéneo y por supuesto hay toda una discusión sobre si esos impuestos deben ser altos o bajos.
Creemos que estos impuestos, al principio, deben ser bajitos y con alguna gradualidad, para que la gente no vaya a recurrir a los mercados ilegales porque la tributación sea muy alta. En los temas de tributación hay muchos vericuetos, pero creemos que eso no debería estar en la Constitución, sino que debe ser parte de una ley que reglamente el acto legislativo que estamos discutiendo.
Otro tema controversial sobre la regulación es el tema de las licencias. Ya dijo que su idea es que eso quede en manos del Gobierno, pero, ¿cómo espera que quede planteado el tema?
Ahí hay un tema espinoso por intervenciones y pronunciamientos que ha hecho el presidente Petro, quien ha dicho a diferentes bancadas, en especial al Pacto Histórico, que la regulación del cannabis no se debe hacer a través de ninguna licencia. Creo que eso representa un enorme peligro porque en Colombia, si eso no se hiciera a través de licencias, usted y yo podríamos salir a vender cannabis a las calle mañana. Me parece que eso es un problema. Se trata de quién tiene acceso al cannabis que, como nosotros lo proponemos, es de uso adulto y de ninguna manera debe ser para menores de edad, entonces, ¿cómo controla usted a quién le vende el cannabis la gente? Es una cosa muy complicada.
Entonces, básicamente, quedaría bajo los mismos procedimientos que tiene, por ejemplo, la venta de alcohol…
Justamente, parte de los controles que tienen otras sustancias reguladas, como el tabaco y el alcohol es justamente que se venden a través de licencias. Para vender alcohol usted necesita vender tener una licencia. Si no, de otra manera, ¿cómo garantiza que eso no llegue a manos de los menores de edad? Ahí hay un punto clave a debatir y entiendo que por lo menos para la venta del Cannabis tiene que haber algún estilo de licencia.
¿Cómo se obtendrían esas licencias?
Seguramente al principio podrían ser exprés, como se ha hecho en temas de minería, por ejemplo. Se hace una formalización muy básica, cuestión de que se pueda acceder y que mientras va avanzando el mercado esas licencias cada vez sean más difíciles de obtener. Que los requisitos vayan subiendo gradualmente para garantizar la mejor distribución y el mejor producto y la mejor educación sobre los efectos que tiene la sustancia. Pero que no tenga ninguna licencia es peligroso.
Otro tema del proyecto es la prohibición al porte y consumo. Sigue siendo bajo prescripción médica, es decir que su proyecto solo se refiere al uso y no al porte…
Sobre el porte ya hay múltiples sentencias. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que la gente en Colombia tiene derecho a portar una dosis que ni siquiera está tasada, no se sabe cuánto es, que es la dos de aprovisionamiento.
Alguien puede tener más de 20 gramos, excepto que se le compruebe que la está utilizando para la venta. Pero si no la está utilizando para la venta, y no se lo pueden probar, usted tiene derecho a un porte, si se quiere, ilimitado de la sustancia que es la dosis de aprovisionamiento. Luego, en Colombia es legal consumir, tener, portar y cultivar hasta 20 plantas de cannabis. Por eso es totalmente absurdo prohibir la venta o adquisición de una sustancia que es legal en nuestro país.
Por otro lado, se hace un cambio de status de quien consume cannabis. Ya no se trata como enfermo, adicto o dependiente, sino que se habla de consumidor. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos de salud pública, en especial cuando hay una relación problemática en el consumo?
Lo que plantea el proyecto es que, para la gente que tenga un consumo problemático de cannabis, el Estado debe tener programas de salud pública para ayudar a esas personas. De hecho, en el último debate quitamos la palabra adicto y la reemplazamos por consumidor.
Con el proyecto se busca cambiar apenas un artículo, ¿considera que es suficiente? ¿Qué más viene?
Esto es apenas el comienzo. Lo que viene es discutir la Ley que reglamenta nuestro acto legislativo. Hay una ley, que perfectamente puede ser la que presentó el senador Bolívar, que es una ley ordinaria que trae múltiples regulaciones y que por supuesto estaría permitida por levantar la prohibición constitucional que es lo que nosotros estamos haciendo. Son proyectos complementarios.
¿Cómo ha estado esa conversación con Carlos Ardila, Gustavo Bolívar, Katherine Miranda y otros congresistas que han presentado o por lo menos anunciado iniciativas sobre el cannabis?
Con Bolívar hemos decidido trabajar en equipo y apoyar en simultánea los dos proyectos, porque son complementarios. No son contradictorios. La conversación con Ardila no ha sido fácil porque no consideramos que las medidas que él plantea deban ir en la Constitución, sino que eso debe ser objeto de una ley y vamos a esperar qué presenta el Nuevo Liberalismo.
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