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Camilo Romero, gobernador de Nariño, estaba invitado al Climate Week Hub 2019 (Semana del Clima) realizado en Nueva York por The Climate Group, una organización sin ánimo de lucro. El evento se está llevando a cabo desde el 23 de septiembre y culminará el 29 del mismo mes, pero Romero no pudo asistir a la primera jornada porque le fue cancelada su visa de los Estados Unidos. Allí iba a hablar sobre las decisiones que ha tomado en su departamento para proteger el medio ambiente, pero ya no podrá hacerlo. Así lo hizo saber en su cuenta de Twitter.
El gobernador ha sido uno de los más fervientes detractores del uso del fracking para explorar pozos de petróleo y le ha dicho “no” en repetidas ocasiones al uso del glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito que en su departamento asciende a 19.517 hectáreas de coca, que corresponden al 11 % del total nacional, según un reciente diagnóstico de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC).Me quitaron la visa que me permitía entrar a Estados Unidos
Estaba invitado a la semana climática en Nueva York, para exponer todo lo que hemos hecho en defensa del ambiente en Nariño: no al fracking, no al glifosato, sí a la sustitución de cultivos
La defensa de la vida sigue! https://t.co/uX9VJLg7NY pic.twitter.com/TnsQdsQRm4 — Camilo Romero (@CamiloRomero) 23 de septiembre de 2019
Para evitar el uso del herbicida, radicó una acción popular para que se suspendieran las aspersiones en su territorio. “La radicamos en nombre de los hombres y mujeres defensores de la vida, defensores del ambiente, defensores del agua, que hemos dicho que no es mediante el glifosato que se puede acabar con los cultivos de uso ilícito”, fue su argumentación en el momento. Su postura va en contra de la política del presidente americano Donald Trump sobre este tema.
Además de esto, Romero es señalado de supuestas irregularidades en la comercialización de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño. Por este presunto hecho las autoridades lo tienen bajo la lupa desde noviembre de 2017 por el contrato con el que esa compañía pactó la venta del aguardiante a otra de la región, por un monto de 18.000 millones, celebrado en 2016. El mandatario irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas por un posible interés indebido en la contratación.
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