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La iniciativa busca sea la rama judicial la que de dictaminen la legalidad del cese de actividades de los trabajadores. Actualmente, el Gobierno Nacional es quien determina esta legitimidad.
El ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt manifestó que el proyecto servirá para acoplar el esquema colombiano a lo que busca en cuanto a las huelgas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, todo indica que esto hace parte de la demostración del Gobierno a Estados Unidos en el hecho de permitir mejores condiciones a los trabajadores. Las discrepancias que se viven en el Congreso norteamericano para la aprobación de Tratado de Libre Comercio con Colombia siempre han sido por los derechos a los trabajadores.
Ahora, este mismo proyecto tendrá que ser aprobado por las plenarias de Senado y Cámara en donde se hará el estudio también de las garantías de servicios públicos esenciales.
Con esto se acabarían las divergencias entre el Gobierno y los sindicatos para llevar a cabo las protestas de los trabajadores colombianos.
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