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El 2025 será un año clave para la autonomía fiscal de las regiones en Colombia. Por un lado, se moverá el referendo que promueven políticos de distintas regiones para que, vía urnas, se reforme la Constitución y la plata de los impuestos a la renta y al patrimonio sea manejada por los departamentos. Y, por el otro, el Congreso deberá discutir el proyecto de ley de competencias, que definirá cómo se repartirá la plata del Sistema General de Participaciones (SGP), que fue reformado en la legislatura pasada.
Ambas propuestas, que deben pasar por el Legislativo, se enfrentarán a un Capitolio que ya estará en la precampaña del 2026, un momento en el que suelen cambiar las apuestas de senadores y representantes. Adicional a ello, el referendo deberá superar también la oposición que ya el mismo presidente Gustavo Petro hizo explícita.
En la forma, ambas discusiones apuestan a lo mismo: que las regiones tengan más recursos y mayor control sobre estos. Sin embargo, cambia el cómo de manera sustancial. Por un lado, como se difundió ampliamente, la reforma al SGP aumentará, en un periodo de 14 años, los recursos que reciben los departamentos hasta el 39,5 %. Mientras tanto, los promotores del referendo buscan que el recaudo de los impuestos de la renta y al patrimonio se queden en los departamentos. No se trata de una cifra menor. Solo en 2023, por renta, se recaudaron $21,7 billones.
La relevancia que tendrá esta propuesta, al menos en el primer semestre del año, quedó en evidencia este fin de semana, cuando Petro se mostró en contra de la propuesta. En su cuenta en X, el mandatario se fue en su contra.
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“Si los departamentos pudieran administrar sus impuestos de renta y patrimonio, solo dos territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín. Allí es donde sale la mayor parte del impuesto de renta. La reforma constitucional al sistema de transferencias para que se cierren las brechas regionales hecha recientemente por el congreso quedaría derogada “, dijo. E, incluso, aseguró que, contrario a lo que promueven, si se aprueba se generaría un “centralismo extremo”.
Hay que advertir que si los departamentos pudieran administrar sus impuestos de renta y patrimonio, solo dos territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 28, 2024
Allí es donde sale la mayor parte del impuesto de renta. La reforma constitucional al sistema de… https://t.co/sFms5HyGky
Además, en una nueva publicación, el jefe de Estado insistió en que no son similares: “La reforma a la constitución ya aprobada y que ahora entrará en la fase de discusión de la ley de recursos y competencias en el congreso, busca trasladar recursos a todas la regiones, duplicando lo que hoy se traslada, pero para cerrar brechas regionales. Es decir busca ser una repartición democrática entre regiones privilegiando las de mayor necesidades insastifechas. El referendo del gobernador de Antioquia, al contrario, busca que el impuesto de renta se quede en las regiones”.
Wilson Ruiz, exministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque y gerente del Comité ‘Por las regiones, firme’, sin embargo, defiende la propuesta, al asegurar que aunque “en Colombia se habla de descentralización territorial, no se cumple. Hay personería jurídica para municipios y departamentos y tienen autonomía administrativa, pero nos quedamos sin la autonomía fiscal”.
Sobre la crítica de que generaría más centralismo, Ruiz defiende que se buscaría crear una entidad que administre esos recursos para que no haya exclusión entre los departamentos que menos recaudan impuestos. Además, que impactaría “rubros fiscales como la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura. El presidente está completamente equivocado”.
Para Ruiz, los tiempos están claros. Ya se surtió la primera etapa con la recolección de 3,3 millones de firmas en respaldo al referendo. Ahora, el balón está en la Registraduría, que tiene un plazo de 45 días para certificar las firmas.
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Si esto ocurre, el 16 de marzo de 2025, se radicaría el proyecto para que el Congreso dé su luz verde. Por la naturaleza de la propuesta, se necesitarían ocho debates. Y, aunque los plazos son más amplios para que se aprueben los proyectos, la expectativa de Ruiz es que en la primera legislatura, que acaba el 16 de junio, se haya surtido todo el proceso.
De allí, pasaría al examen de exequibilidad de la Corte Constitucional. Y si el alto tribunal lo permite, el último paso sería la expedición, por parte del presidente Petro, del decreto para convocar al referendo. La expectativa es que ese llamado a las urnas se realice en el segundo semestre del año entrante.
Sin embargo, hay una distancia entre el papel y la realidad. Para empezar, el referendo se discutiriría en un Congreso que también tendrá que debatir la ley de competencias del SGP, la reforma que impulsó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y que es considerada una de las principales cirugías al Estado colombiano desde la Constitución del 91.
El jefe de la cartera política ha dicho que, precisamente, con ese proyecto, que presentará al comienzo de la próxima legislatura, se resolverán las dudas sobre el impacto real de la reforma. Críticos han dicho que pondría en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal y, con esto, la estabilidad de las finanzas estatales.
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“Se va a quebrar el Estado si seguimos con el centralismo en el que estamos, que no ha cerrado las brechas territoriales, que no permite un desarrollo económico de las regiones.”, ha dicho el jefe de la cartera del interior.
Precisamente, el presidente Petro, en la publicación en X en la que criticó el referendo, aseguró que este lo que haría es “derogar” la reforma. Pero Ruiz asevera que “no estamos atacando al SGP que acaba de aprobar el Congreso”.
A lo anterior se suma que a partir de marzo del año entrante, cuando el proyecto del referendo llegará al Capitolio, los congresistas estarán en campaña para el 26. Es decir, en un momento en que cambian las prioridades de los legisladores, los promotores del referendo no contarían con los 41 votos del Pacto Histórico (16 senadores y 25 representantes a la Cámara), si estos se acoplan a la opinión del presidente Petro. Y, por tanto, serían voces que no respaldarían la propuesta.
Pese a lo anterior, Ruiz se muestra tranquilo: “Le va a quedar muy difícil al Congreso de la República desconocer al pueblo, que es el que los elige a ellos. Y, sin mencionar nombres, muchos congresistas, así como gobernadores y alcaldes nos han ayudado y por eso hemos recogido tanta y tanta gente para el país”.
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— ¡Por las Regiones, Firme! (@PorLasRegiones_) December 30, 2024
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Entre esos nombres está el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha sido crítico de la actual repartición de los recursos desde el poder central.
“Los departamentos no tienen mucho de dónde echar mano a la hora de querer incrementar sus ingresos para poder honrar las necesidades de la gente, las exigencias del territorio. Así que nosotros por eso hemos insistido tanto en la autonomía fiscal que realmente le puede permitir a los departamentos y al Distrito Capital, por ejemplo, si llegara a aprobarse el referendo que está en discusión, doblar los recursos respecto a lo que hoy reciben”, dijo Rendón a este medio.
Finalmente, Ruiz insiste en que no es una iniciativa política, sino “popular”. Sin embargo, es de anotar que entre sus promotores hay varios políticos. Es el caso de él mismo, que fue el ministro de Duque y se lanzó a la Alcaldía de Cali de 2023. Pero también de otros promotores, como el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, la exsenadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, la exsecretaria general de dicho partido, Paola Rivera, y Juan Daniel Oviedo, quien dirigió el DANE en el Gobierno Duque y ahora es concejal de Bogotá, luego de quedar de segundo en la carrera por la Alcaldía de Bogotá. Además, está el comunicador Diego Santos, quien ha sido promotor de marchas en contra de Petro.
“Queremos que las regiones sean protagonistas, porque todas las malas decisiones del nivel central repercuten en las regiones, como en el orden público. Desde el nivel central se habla de la paz total, que es una mentira, y eso nos repercute en las regiones. Desde los temas de salud, pensionales, económicos, todas las decisiones del nivel central repercuten en las regiones”, dijo Zuluaga -quien ha sido crítico del presidente Petro- en una reciente entrevista con El Espectador.
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Con ese panorama, el 2025 llegará con una discusión que cada vez es más relevante en la política nacional: cómo se distribuyen los recursos de los impuestos en las regiones. Y, como con otras importantes conversaciones que habrá el año entrante, será un debate que impacte, de manera directa, en las elecciones del 26.
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Por Leonardo Botero Fernández
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