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Empezó oficialmente la carrera electoral para elegir los próximos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Y, con ella, entró en vigencia la Ley de Garantías, norma que prohíbe la contratación pública durante los próximos cuatro meses, hasta que se celebren los comicios del 27 de octubre. De esa forma, las entidades territoritoriales no podrán firmar convenios interadministrativos, quedando congelada la nómina durante este lapso de tiempo.
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En palabras de la Misión de Observación Electoral (MOE), la ley es, propiamente, «es un conjunto de reglas que garantizan la igualdad de condiciones entre los candidatos y regula la conducta de los servidores públicos. Uno de sus propósitos es evitar que la voluntad de los electores sea viciada por la acción u omisión de los funcionarios».
La ley busca garantizar la transparencia en las elecciones regionales, de manera que no se malversen fondos públicos y así el patrimonio no sea utilizado para conseguir apoyos políticos. Prohíbe entonces la contratación de personal, dar inicio de obras locales o a programas sociales en reuniones y eventos en los que participen candidatos o voceros, y utilizar bienes públicos para actividades proselitistas, según explicó la MOE.
De hacer caso omiso a la misma, los convenios laborales serían declarados nulos y los funcionarios que tendrían sanciones disciplinarias serían alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas.HOY inicia la #LeyDeGarantías y nosotros le explicamos todos los detalles de esta normativa. Ayúdanos a RT para que tus seguidores la conozcan. #EleccionesColombia pic.twitter.com/KwONDw6l90 — MOE (@moecolombia) June 28, 2019
La norma fue aprobada en 2005, con la intención de que los recursos del país no fueran usados para beneficiar la reelección del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido, luego de que en 2015 se eliminara el recurso de la reelección presidencial, varios sectores políticos han manifestado que la ley es obsoleta y paraliza el desarrollo de obras del país. De igual forma, las regiones han expresado que que la ley las perjudica, dado que un flujo importante de recursos no podrían llegar a sus municipios y departamentos por el impedimento de celebrar contratos interadministrativos.
(Para contexto sobre la propuesta de eliminar la Ley de Garantías, haga clic aquí)
Por ello, en la legislatura que recién terminó, el Gobierno presentó un proyecto con mensaje de urgencia que pedía eliminar la Ley de Garantías. Sin embargo, como muchos otras iniciativas, naufragó por falta de trámite en su último debate en la Cámara de Representantes.
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