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Queda claro que la intención es meterle el acelerador a la estrategia de la “paz total”, ¿hay alguna razón en especial?
Colombia hace dos décadas tenía 800 municipios con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Hoy en día son 300, y en varios de ellos tenemos una situación de anarquía criminal. Por ejemplo, la Costa Pacífica nariñense tiene 17 organizaciones criminales en una guerra de todos contra todos. Necesitamos aliviar la situación humanitaria en esos territorios y cerrar el ciclo de negociaciones. En el libro Cartas de batalla, escrito hace mucho tiempo, se deja ver que cada proceso de paz es la puerta para una nueva guerra, y lo que queremos con la “paz total” es acabar con ese ciclo de guerras. Para eso distinguimos dos tipos de procesos: de paz con el Eln y de sometimiento a la justicia con organizaciones criminales. Hay nuevas figuras, como el cese multilateral al fuego. ¿Nosotros qué sacamos con un cese bilateral con el Eln si no hacemos que las otras organizaciones se acojan?
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Human Right Watch (HRW) comentó a este diario que les preocupaba que no había distinción material en el articulado del proceso de negociación del Eln y el sometimiento con los otros actores armados, ¿qué responden en ese tema?
No, la Ley 418 es solo el marco general. Es como la cancha de fútbol para jugar. Pero las otras reglas -los jugadores, el árbitro y más- lo van dando los acercamientos. En todo caso, para el sometimiento a la justicia, en una reunión hecha hace pocos, se estableció que se va a presentar una ley para dar el marco regulatorio. Por eso, en esta entrevista confirmo que se elimina ese párrafo en el que se le otorgaban facultades al presidente y aceleramos el proceso de presentación de esa ley.
¿Seguro?
No va. Creo que hubo un juego malintencionado de algunos sectores políticos. El asunto es que tenemos tres o cuatro organizaciones criminales en Buenaventura que quieren dejar las armas y no tenemos un marco regulatorio completo. Tenemos instrumentos, pero no marco regulatorio. Lo que queríamos era tener unas facultades extraordinarias y transitorias al presidente, mientras salía la ley de sometimiento. Pero después de un ejercicio que hizo el comisionado de Paz, muy juicioso, él cree que con lo que hay podemos idear algo mientras sale la ley de sometimiento.
¿Había un sometimiento inminente y por eso apresuraban la creación de la regulación?
Sí, nosotros tenemos cuatro organizaciones criminales que tienen la intención de hacer un proceso muy rápido. Y si bien tenemos un marco regulatorio, este no es total y completo para una dejación de armas colectiva. Hemos decidido acelerar y buscar los mecanismos para comenzar a hacer esos procesos de acercamiento a la justicia.
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¿Cuáles son esas organizaciones?
Prefiero no dar detalles hasta que el alto comisionado los diga. Solo puedo decir que están sobre el Pacífico colombiano.
¿Saltarse el Congreso para establecer la regulación del sometimiento no rompía con la separación de poderes consagrada en la Constitución?
Era un tecnicismo, porque unas facultades extraordinarias solo duran seis meses y luego queda la legislación que hace el Congreso. El problema es que en medio del debate no se entendió así y se vio otra cosa. Como no queremos volver al presidente un legislador permanente, pues quitamos ese artículo. No era un punto de honor. Con lo que hay nos defendemos mientras aprueban la ley de sometimiento.
¿Cuáles serán los puntos básicos de esa ley de sometimiento?
Esa ley está en un 90 %. Hay un debate sobre dos o tres artículos. Una parte fue filtrada, y eso causó un daño inmenso. En los próximos días vamos a finiquitar eso y la presentaremos en máximo dos semanas.
¿Sería el mismo texto que se conoce?
Sí, solo hay unos cambios que hay que hacer tras solucionar unos debates, pero confiamos en que en dos semanas estaremos solucionando eso.
Hablando otra vez de HRW, estos aseguraban que era importante llevar la discusión al Congreso…
Claro y por eso es que la ley de sometimiento llegará al Congreso y se discutirá, al igual que está ocurriendo con la Ley de Orden Público.
Se ha sentido que el Gobierno no tiene interés en discutir y por eso ha llegado a radicar el texto y de una quieren aprobarlo, ¿no cree que es una equivocación?
No, lo que pasa es que este proyecto tiene mensaje de urgencia. Por eso se discutió en conjuntas y luego las plenarias fueron de forma paralela. Pero vean que llegó un momento en que levantamos las plenarias para que los partidos discutieran a fondo. Estamos dando todas las garantías. Otra cosa hubiese sido poner el acelerador a toda y votar todo ese mismo día.
Otro de los puntos controvertidos es el de las amnistías a los miembros de la primera línea y otros partícipes en protestas sociales que están detenidos, ¿qué va a pasar ahí?
Sobre eso quiere decir que nosotros creemos que la “paz total” es una paz social. Es decir, no solo se deben desactivar a los actores armados ilegales, sino también que la sociedad aprenda a tramitar sus conflictos de manera pacífica. En ese marco, muchos jóvenes salieron a protestar porque tenían hambre y querían un empleo digno y educarse. En el ritmo de las manifestaciones pudieron cometer algún delito y lo que queremos es darles una segunda oportunidad. Aunque reconocemos que hace falta un ambiente más amplio de debate y que los hechos que ocurrieron la semana pasada en Bogotá, con lo de los embera, nublaron la discusión. Pero reitero, queremos darles una segunda oportunidad. El ministro de Justicia, que está preparando una ley sobre protesta social, ha dicho que esos dos artículos los llevaremos a ese proyecto, que va a radicarse en los próximos días o en el primer semestre de 2023. Por eso lo sacamos del todo de la ley de “paz total”.
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¿Cómo explicarle a la gente que la ley de “paz total” no era un excusa para sacar a los miembros de la primera línea de la cárcel, como dijeron desde la oposición?
Hay que entender que el tema de los indultos es algo que existe en Colombia hace mucho tiempo. Más de 1.000 personas han sido indultadas desde 1997. No hay nada nuevo. Igualmente, las figuras de los gestores de paz ya existen desde hace rato. De hecho, desde la época de Uribe se utilizó esta figura. Lo que pasa, vuelvo y repito, es que lo que pasó la semana pasada nubló el tema. Pero hay que entender que la gente tiene derecho a protestar, que los jóvenes deben tener una segunda oportunidad y que la sociedad puede tramitar pacíficamente las diferencias.
¿Pero no cree que es poco lógico que se nombren gestores de paz a los que cometieron actos violentos en las marchas?
Antes de nombrarlos gestores se establece una ruta que va desde la asistencia psicosocial y unas rutas de capacitación académica y laboral. Los transformamos en gestores de convivencia para que ellos se conviertan en agentes de transformación de conflictos sociales en el territorio. Eso no era sacarlos de la cárcel y de una a la calle. Quizá no nos entendieron o no supimos explicarnos.
¿Esos puntos tampoco van, sino que se incluirán en otro proyecto del Minjusticia?
Exacto. Los tres temas polémicos no van por decisión del presidente y de los coordinadores ponentes, que nos reunimos con los ministerios del Interior, Defensa y Justicia.
¿Por qué arriesgar el proyecto en plenaria y no incluirlos desde antes?
No son “micos” porque no engañamos a nadie, y de hecho les advertí sobre esos artículos. Lo que pasa es que habían quedado como constancias y se garantizó el principio de consecutividad y había unidad de materia. No era que habláramos de panes e incluimos un tema de zapatos. Incluso, los partidos pidieron tiempo para discutir los artículos y levantamos las sesiones sin problema. Yo quiero decir sinceramente que escuchamos a liberales, conservadores y hasta a algunos verdes, y en ese proceso de escucha tomamos esta decisión y el presidente Petro nos avaló.
¿Se habló de algo más con el presidente sobre esta ley?
Hubo un mensaje de que esta ley camine rápido, ya que queremos que la negociación de paz comience la segunda semana de noviembre y que comencemos procesos de acercamiento para sometimiento a la justicia. Creemos que en el primer trimestre del próximo año ya debemos estar entregando resultados a nivel territorial. Se nota que hay un anhelo de paz. No vamos a normalizar la violencia y vamos a avanzar, con todas las garantías democráticas, hacia la “paz total”.
Hablando del cambio en el proyecto de ley, ¿los partidos ya expresaron alguna posición ante la novedad?
Básicamente no se ha dado a conocer esta primicia, y solo cuando el presidente lo haga se comenzará a socializar con las bancadas.
Entonces el texto de “paz total” quedará igual a como salió de las comisiones…
Sí, los tres puntos se eliminaron y el texto quedó sin modificaciones. Solo esperemos que el Congreso le dé una buena noticia al país en la próxima semana.
Otro tema controvertido es el del servicio social para la paz, ¿va a quedar igual?
Sí, el tema del servicio social para la paz se aprobó en comisiones primeras y continúa como un complemento al servicio militar obligatorio. Entonces el proyecto queda de esta manera: se crean las dos figuras de negociación y sometimiento; se crean las regiones paz para articular municipios y que el Estado pueda invertir dinero en ellos; se va a crear el gabinete para la paz para acabar ese archipiélago de instituciones para que no haya una dispersión en las inversiones de paz; el servicio social para la paz como complemento del servicio militar obligatorio; se crea la figura de acuerdos parciales, para que el cese al fuego sea desde el principio y no al final; se mantiene la figura de zonas veredales y se deja claro que solo serán en un estado avanzado de las negociaciones.
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Sobre esos acuerdos parciales hay dudas, incluso cerca al Gobierno, porque podría ser aprovechada por los ilegales para lograr su cometido y después no entregar las armas…
Eso no va a pasar. Tenemos que ver que la situación humanitaria es dramática y con esta figura podemos intentar un cese al fuego multilateral. No tenemos que esperar a que el proceso esté terminado. Uno de los errores en las negociaciones de La Habana es que lo que pasaba en Colombia se arreglaba en Colombia y lo que pasaba en La Habana se arreglaba allá. Eso salió mal. Aquí lo que creemos es que lo que pasa en Colombia impacta en La Habana y viceversa. No podemos negociar en medio del conflicto. Eso sí, al que no quiera negociar el Estado lo va a perseguir. Será la política del garrote y la zanahoria.
¿Eso quiere decir que las negociaciones de paz con el Eln y el sometimiento de las bandas criminales pueden incluir lo uno sobre lo otro?
No lo sé, pero tenemos claro que primero habrá una mesa técnica general para el cese multilateral.
¿Habrá un punto más de esta “paz total” que deba ser clarificado ante tanta confusión?
Creo que cuando uno habla de “paz total” hay que decir lo siguiente: esta tiene cinco pilares claves. El primero son las negociaciones con el Eln; el segundo, los procesos de sometimiento a la justicia; el tercero, las alternativas para las economías ilegales; el cuarto, los diálogos regionales de paz -donde la gente sienta participación y que habla desde su territorio-, y el quinto es el plan marco de implementación de los acuerdos de La Habana. Si logramos que eso funcione bien, el edificio se va a construir muy bien.
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