Ley para acabar con el 4 x 1.000

El tema fue incluso punto de debate durante la pasada campaña presidencial, cuando el entonces candidato Juan Manuel Santos dijo que detestaba dicho impuesto, recordando que fue él, cuando ocupaba la cartera de Hacienda, el responsable de subirlo del 2 al 3%, y prometió desmontarlo gradualmente. Sin embargo, la crisis por la ola invernal obligó a disponer de ese tributo para el Fondo de Calamidades.

Con tantas largas, el representante a la Cámara del Partido Conservador David Barguil radicó un proyecto de ley con el que busca la eliminación definitiva de este tributo. Entre los argumentos planteados por el congresista están que el recaudo del 4 x 1.000 es “antitécnico y de difícil cálculo”, y que si la meta del Gobierno es aumentar la bancarización, este gravamen se convierte en un “obstáculo”.

Argumento que es compartido por la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, quien sostiene que “los colombianos tienden a pensar que estos son cobros de los bancos y realmente son impuestos del Gobierno (…) eso afecta la imagen de la banca”. Por eso, enfatizó que “es un impuesto antitécnico que está frenando la bancarización en el país”.

Para Barguil, estamos en el momento adecuado para eliminar el 4 x 1.000 sin afectar las finanzas del Estado, porque “el año pasado el recaudo de impuestos aumentó el 20%, la inversión extranjera llegó a cifras récord y estamos ad portas de una reforma tributaria estructural que permitirá conseguir los recursos necesarios para cubrir el hueco fiscal que podría generar su eliminación”.

Sin embargo, no es fácil que esta ley se convierta en una realidad, pues su trámite debe contar con el respaldo del Gobierno por tratarse de un tributo considerado de renta nacional. En ese sentido, el artículo 154 de la Constitución dispone que la iniciativa sobre su eliminación o modificación debe partir del Ejecutivo. Barguil está buscando el respaldo y espera que, dado el caso, su propuesta sea incluida en la reforma tributaria anunciada por el Ministerio de Hacienda.

Si no es así, ya existe un plan B para que su trámite por separado sea exitoso. De acuerdo con la Corte Constitucional —en la Sentencia C-177, de marzo 14 de 2007, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto— es posible que la iniciativa sobre una reforma a los tributos pueda ser de origen parlamentario y con el apoyo del Gobierno en su trámite cumpliría con los requisitos para su exequibilidad.

Esta no sería la primera vez que Barguil tramita en el Congreso una iniciativa para favorecer a los usuarios del sistema bancario. En la primera legislatura fue coautor de una ley que le ponía tope al cobro de los servicios de los bancos como transacciones, depósitos y consultas de saldo. Al respecto señala que “no es posible que el Gobierno y los bancos nos hablen de bancarización, cuando el primero cobra el 4 x 1.000, un impuesto perverso, y los segundos mantienen altas tarifas bancarias. Los usuarios que entren al sistema deben hacerlo con precios justos”.