Leyes facilitan la impunidad

Señala el informe que “la ausencia de la indagatoria y la imposibilidad de emitir una orden de captura para hacer comparecer a un presunto responsable de corrupción, ha generado que los procesos penales se dilaten y se agudice el desgaste en la administración de justicia”. Tal como ha venido sucediendo con los protagonistas de los denominados ‘carruseles de la contratación’, que se niegan a asistir a los tribunales con múltiples excusas.

De acuerdo con Transparencia por Colombia, “en el anterior Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), la orden de captura para hacer comparecer a una persona al proceso generaba pautas investigativas y en muchas ocasiones significaba que la persona aceptaba la responsabilidad penal de sus actuaciones, lo que se traducía en un menor desgaste para la administración de justicia. Bajo el actual sistema, la persona está en la posibilidad de no acudir al interrogatorio”.

Del mismo modo, el informe señala que el sistema oral, que fue implementado en el país para que los procesos se llevaran a cabo de forma expedita, no ha cumplido con su objetivo y por el contrario ha hecho más complejos los procesos. En el marco del actual Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), la investigación que hace la Fiscalía General de la Nación debe ser respaldada ante los jueces y la labor de este organismo acusador puede quedarse sin piso ante la renuencia de un testigo a dar su versión ante el juez.

La directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, volvió a poner el dedo en la llaga sobre la corrupción de parte del sector privado. “Desafortunadamente la financiación privada de la política se ha convertido en una forma de corrupción, en la medida en que se financia para recibir a cambio contratos y puestos. Además, existe algo muy grave: el soborno transnacional, donde participan varias compañías multinacionales en lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, afirmó.

Ya en el pasado el procurador general, Alejandro Ordóñez, había manifestado que “hay una democratización de la corrupción y se debe entender que el sector privado hoy es tan corrompido como el sector público y están en esos mismos escenarios”.

Pese al complejo panorama, todo parece indicar que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió ‘coger por los cachos’ el toro de la corrupción y ha venido destapando constantes escándalos al punto que, en una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, los colombianos reconocen que el principal logro del mandatario al finalizar su gestión serán sus éxitos en la lucha contra la corrupción.