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Las últimas 24 horas han sido frenéticas en las oficinas de la Presidencia, la firma Thomas Greg & Sons y la Cancillería. El hasta ayer secretario general de esta última entidad, José Antonio Salazar, los puso a correr a todos luego de proferir tres resoluciones que le dieron un revolcón al proceso de los pasaportes.
En resumen, tumbó todo lo que el suspendido canciller Álvaro Leyva, con el respaldo del presidente Gustavo Petro, había decidido: anuló la declaratoria desierta de la licitación y le adjudicó a Thomas el contrato por $599 mil millones para la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes.
Esa movida desató la molestia del mandatario, que habló de una “traición” y declaró insubsistente a Salazar. También generó una reacción de la empresa en cuestión, que ese mismo día preparó y radicó un documento en el que se declara “notificada por conducta” de las resoluciones, anunciando que se pondrán a disposición para firmar el contrato.
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El tema terminaría ahí de no ser por el revuelo que se vive en la Casa de Nariño y el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el propio presidente y el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se ratificaron en que el hoy exsecretario no estaba facultado para tomar esas decisiones y en que en todo este enredo se “pretendió la adjudicación”.
Petro fue más allá y cargó contra Thomas Greg, señalando que es una empresa que cuenta con el “lobby de políticos muy pero muy poderosos” y que tiene contratos con los que “controlan toda la base de datos de los colombianos en la registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones”. “Lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia”, agregó el mandatario.
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En este punto, lo cierto es que Thomas Greg & Sons es una de las grandes contratistas del país, pues tiene más de 60 años de historia en Colombia y en los últimos 20 ha firmado más de 400 contratos con por lo menos 100 entidades públicas. Sin embargo, fuentes de esa compañía negaron manejar en este momento el software de escrutinios o manejar la base de datos que menciona el presidente.
La postura del Gobierno es clara, pero lo que aún no se define es cuál será su estrategia para borrar lo que hizo Salazar y seguir adelante con la nueva licitación de pasaportes que, dicho sea de paso, es por un valor de $416.000 millones y fue suspendida el 23 de febrero para analizar las más de 550 observaciones que presentaron 19 interesados.
Abogados consultados por este diario coincidieron en que la insubsistencia decretada contra el secretario no afecta en nada las resoluciones que firmó y que éstas solo podrían ser controvertidas mediante control de nulidad y, excepcionalmente, si se demuestra que se firmaron de manera ilegal. Al respecto, este martes el canciller Murillo dijo que Salazar “no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva”, algo que se contradice con una resolución que él mismo firmó el 22 de febrero devolviéndole la facultad de direccionar esos procesos de contratación.
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En diálogo con El Espectador, el exsecretario Salazar aseguró que la resolución que firmó hace obligatorio el pliego de condiciones y, por ende, la firma del contrato a más tardar el próximo lunes. Sobre la intención del Gobierno de echar para atrás sus decisiones, dijo que “jurídicamente es imposible. Tendrían que firmar el contrato para cumplir la obligación y luego presentar una demanda de lesividad; es decir, contra su propia decisión”.
Además, se refirió a las posibles consecuencias de no firmar el contrato. “Corremos el riesgo de quedarnos sin pasaportes, esa es la gran realidad. Lo otro es que habría una figura de prevaricato por la violación de la ley, que caería contra el ordenador contractual, que ahora es la secretaria general que me reemplazó (Paola Andrea Vásquez), porque el ministro hizo esa delegación”.
Salazar contó que, aunque la ley le da 10 días hábiles para dejar el cargo, en la Cancillería le están pidiendo que “desocupe ligero”, por lo que este miércoles se irá definitivamente. También reveló que hubo algunos desencuentros con el canciller Murillo, en especial por la salida de la coordinadora de contratación, Lida Rodríguez. Según él, acciones como esas daban a entender que Murillo llegó “a actuar como si estuviera designado en propiedad”.
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Por último, señaló que no presentará ningún recurso contra la insubsistencia: “Para qué me pongo a hacerle perder tiempo a los jueces y darle preocupaciones al señor presidente. Lo procedente es aceptar la decisión, aunque esté acertada o errada”.
Los argumentos que entregó el canciller encargado este martes no terminan de cuadrar, pues también dijo que el exsecretario “sabía de su retiro” desde el 22 de febrero, lo que choca con su decisión de ese mismo día de encargarle el manejo de los contratos. Además, también generó nuevas preguntas con su comentario sobre la inexistencia del dinero para cumplir con el contrato, pues según aseguró esa plata se reasignó el pasado 2 de octubre.
Murillo dice que se seguirá prestando el servicio de pasaporte sin alteraciones hasta el 2 de octubre de 2024, con el contrato de urgencia manifiesta, pero esto tampoco queda claro. Si no se firma, Thomas Greg puede argumentar que ese proceso se cayó con otra de las resoluciones firmadas el lunes y, además, podría presentar una nueva demanda por falta de garantías, pues –según conoció este diario– la compañía ya prepara esa medida y no retirará la actual, por casi $115.000 millones, hasta tener firmado el contrato.
Las demandas, además, podrían seguir llegando, pues los interesados en el nuevo proceso también podrían argumentar falta de garantías. Así las cosas, si no hay sustento para el contrato de urgencia manifiesta y si el gobierno busca la manera de no firmar y además no hay recursos para ejecutar el contrato inicial, todo indica que el enredo seguirá dejando como principal afectado el proceso de fabricación y distribución de los pasaportes.
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Por David Efrén Ortega
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