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El día después de que el presidente Gustavo Petro cumpliera dos años en el poder, la cifra de líderes sociales asesinados en lo que va del 2024 llegó a los 100, de acuerdo con Indepaz. Desde el 7 de agosto de 2022, más de 354 han sido víctimas de muertes violentas, un número menor, aunque no menos preocupante, que el de su antecesor, Iván Duque, en el mismo período, cuando alcanzó los 475. En un documento obtenido por El Espectador se reveló que este va de la mano con un aumento en las solicitudes presentadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para resguardar la vida de estas figuras, que llega a 9.149 en estos ocho meses.
En la lista de las regiones que más peticiones reportan, las tres primeras son lugares donde el presidente Petro tuvo una victoria indiscutible: Cauca (con el 79,2 %, equivalente a 516.614 votos), Bogotá (un 58,6 % y 2′255.941 sufragios) y Valle del Cauca (donde tuvo el 63,9 %, es decir, 1′314.247 votos). Las siguientes son Santander y Norte de Santander. En todos los casos, las solicitudes de protección por parte de líderes sociales superan las 400.
Ninguna de estas cifras es ajena a lo que ha ocurrido en los últimos meses en esas regiones. El suroccidente, uno de los puntos clave en la campaña presidencial del jefe de Estado y el lugar de origen de la vicepresidenta Francia Márquez, ha sido víctima de atentados y enfrentamientos entre estructuras criminales, especialmente tras la terminación del cese al fuego con las disidencias de alias Iván Mordisco. Ataques de grupos criminales han llevado a que desde el Congreso se citaran al menos tres debates de control político a funcionarios del Gobierno por la situación de orden público, e incluso a una moción de censura, que no prosperó, contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
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En el Cauca, la cifra de líderes asesinados alcanzó los 18 y las solicitudes llegan a las 1.206. El 3 de agosto, Dino Ul Musicue, quien era una autoridad en el resguardo indígena de San Francisco, en la vereda El Flayó, ubicada en Caloto, Cauca, fue asesinado. Es una zona con presencia del Frente Dagoberto Ramos, una disidencia de las extintas Farc, y bandas criminales locales, y sobre la que la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas por el riesgo que corrían los líderes sociales y los defensores de derechos humanos.
“En lo corrido de este 2024 hemos denunciado reiteradamente la situación de crisis humanitaria que se vive en el norte del Cauca. Aunque el Gobierno nacional se ha pronunciado y ha hecho seguimientos a las denuncias, esta atención no se ha traducido en acciones estructurales que mejoren las condiciones humanitarias de las comunidades. Exigimos no solo el fin de las confrontaciones y los actos de muerte que persisten en la región, sino también acciones reales, eficaces y contundentes de las instituciones estatales, en consenso con las organizaciones sociales, para atender a las comunidades que siguen siendo sometidas a la violencia”, señaló la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) en un boletín de derechos humanos publicado el 1 de agosto.
Meses antes, el asesinato de Carmelina Yule Paví, integrante de la Guardia Indígena del Cauca y una figura reconocida entre la comunidad indígena nasa, llevó a una crisis en los diálogos entre el Gobierno y el grupo disidente también autodenominado Estado Mayor Central (EMC). Después de que la lideresa muriera tratando de recuperar a dos jóvenes nasa reclutados por esa organización ilegal, el Ejecutivo anunció, vía decreto, el levantamiento del cese al fuego.
La situación se replica en el Valle del Cauca, donde hay 874 solicitudes pendientes. Lo que ocurre en el departamento tiene como escenario la preparación para la COP16, una de las conferencias ambientales más importantes y por la que se teme debido a los atentados que han impactado a la ciudadanía. Aunque con la promesa de que no atacarían el evento, las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco” todavía amenazan a la comunidad.
“Hemos decidido, como muestra de voluntad de paz, ordenar a nuestras unidades no afectar el normal desarrollo de la COP16 que se hará próximamente en la ciudad de Cali. Nuestro compromiso con la vida del planeta se opone a los intereses del gran capital imperial que quiere apoderarse de las áreas ambientales”, informó “Mordisco” en un video difundido por redes sociales el pasado 30 de julio.
Rafael Arcángel Ramírez, quien fue presidente de la Junta de Acción Comunal de la de la vereda La Florida, una zona que la Defensoría había advertido era peligrosa para líderes sociales, fue asesinado el pasado 5 de agosto. Con su fallecimiento, 12 líderes sociales han muerto en este departamento.
Lo cierto es que las medidas de protección entregadas por la UNP enfrentan varios problemas. Hace cuatro meses, la Defensoría del Pueblo advirtió que las medidas de seguridad de la entidad a víctimas del conflicto armado no eran eficaces y no lograran contrarrestar los ataques contra sus vidas. Sumado a eso, el tiempo entre la realización de la solicitud y la entrega de protección puede tomar hasta más de seis meses, como lo explicó el Sindicato de Funcionarios de la UNP.
“En el acompañamiento que hacemos en los territorios, a través del equipo de profesionales de nuestra delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, recibimos constantemente solicitudes de lideresas y líderes sociales víctimas que tienen dificultades con sus medidas de protección”, afirmó en el entonces defensor Carlos Camargo Assis. Y enfatizó en su llamado para que las organizaciones “garanticen medidas eficaces e integrales en protección individual y colectiva, conforme a los estándares internacionales”.
Esta protección otorgada por la UNP puede, de todas formas, variar de acuerdo con el análisis de riesgo hecho a cada uno de los solicitantes. En el documento en poder de este diario se indica que de los 4.056 lideres sociales que a corte del 31 de marzo de 2024 estaban protegidos por la UNP, 1.898 contaban con personas de protección y vehículos, y 2.158 con medidas complementarias, o “medidas blandas”, entre las que están botón de pánico, chalecos, dispositivo de comunicación o apoyo económico, aunque no se especifica qué medida se entregó a cada persona por razones de seguridad.
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En Norte de Santander, el defensor del pueblo regional, Pepe Ruiz, advirtió en abril que las alertas tempranas emitidas tampoco eran atendidas, pues “las autoridades creen que no es cierto que eso vaya a suceder”. El departamento es el cuarto en la lista, con 841 solicitudes de protección por parte de líderes sociales a la UNP.
En territorio nortesantandereano hay presencia del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central, sumado al control de bandas locales. En ese entorno, Jorge Méndez Pardo, periodista comunitario y líder social, fue asesinado el pasado 27 de junio, con el que el número de asesinatos a figuras que cumplen funciones de liderazgo llegó a seis. Dos meses antes, la muerte de Jaime Vásquez había puesto en el foco las amenazas contra la vida de periodistas en el territorio y su conexión con la criminalidad, y volvió a traer al ruedo el proyecto de ley Jorge Enrique Pizano, que protegería a denunciantes de corrupción. En ese entonces, el mismo presidente se pronunció, pidiendo “la más profunda investigación” sobre este caso, que incluyera “el examen forense de la información de su celular que al parecer fue manipulado por funcionarios después de su muerte”.
Santander ocupa el quinto puesto, con un total de 428 solicitudes. En esta región, donde la extorsión, el tráfico de armas y de combustible son de un alto porcentaje, se realizaron consejos de seguridad con el ministro de Defensa. Se determinó que se aumentaría el pie de fuerza, pero sin menciones de los líderes sociales que siguen estando amenazados. 13 días antes de que este ocurriera, Jeisson Buenaños Pinilla, una figura clave de liderazgo para la juventud de Barrancabermeja, había sido atacado, y falleció.
La capital, por su parte, es un caso único. Con una población que supera con creces las de los 32 departamentos, ocupa el segundo puesto en la lista. De acuerdo con la Personería, se han activado en lo corrido del 2024 al menos 59 solicitudes de medidas de protección a líderes y lideresas sociales, pero enfatizan en que “se mejore la eficacia de las rutas y mecanismos de protección de la vida de las defensoras y defensores de derechos humanos en la ciudad”.
“En relación con la protección de líderes y lideresas, la Personería ha conocido la exigencia de una acreditación adicional como líder social, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo cual está generando una barrera de acceso a su efectiva protección”, aseveró el órgano.
Para enero de este año, el jefe de Estado resaltaba que, en su mandato, las muertes de líderes sociales habían disminuido en un 16 % en el 2023. En septiembre de 2022, el mandatario subrayó que era el mes durante el año donde murieron menos líderes sociales y uno de los de menos masacres y muertes de excombatientes que firmaron por la paz”.
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Si bien la promesa de disminuir el número de asesinatos de estas personas que asumen posiciones de liderazgo en sus comunidades ha mostrado de forma evidente una disminución en la cifra, deja, de todas formas, un sabor agridulce por un número que acumula líderes que han fallecido. Antes de ascender al poder, el mandatario había dicho que en su gobierno “los responsables de los asesinatos de lideres sociales serán juzgados y condenados”. Hasta ahora, y en medio de varios intentos de mesas de negociación, una solución de fondo ha quedado como un vacío en su “gobierno del cambio”.
Congresistas de todos los partidos han hecho reiteradas veces el llamado al presidente para dar respuesta a la situación. En los últimos meses, bloqueos en la Ruta del Sol, una sede del Ministerio del Interior y la Nunciatura Apostólica de Bogotá, que se levantaron tras diálogos con el Gobierno, son la muestra de que el reclamo desde las comunidades se mantiene.
Al ser cuestionados sobre el número en aumento de líderes asesinados, la UNP afirmó que la Subdirección de Evaluación del Riesgo “indicó que ha realizado campañas de sensibilización con las comunidades frente a la autoprotección de las personas solicitantes y a su vez ha velado por contratar personas con la idoneidad y la experticia para ejercer el cargo de analistas de evaluación del riesgo”.
Por el momento, la reestructuración de la UNP se ha quedado corta para dar respuesta a las amenazas que enfrentan los líderes y la zozobra se ha convertido en parte de su cotidianidad. Y esto sin contar que la campaña #NosEstánMatando, que tanto se movió antes de las presidenciales del 2022 por quienes ahora son Gobierno, parece haber caído en el silencio absoluto.
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Por María José Barrios Figueroa
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