Lista la llave para la paz

No fue fácil su aprobación. Desde el primer día llovieron las críticas y la iniciativa tuvo un enconado opositor: el expresidente Álvaro Uribe, quien ayer, a través de su cuenta en Twitter, dijo: “Marco para la Paz permite elegibilidad política de Timochenko y secuaces, porque no excluye de conexidad con el delito político a crímenes de lesa humanidad, graves violaciones al DIH y narcotráfico. Si el marco, que es norma constitucional, no excluye estos crímenes, la ley estatutaria no tendría por qué excluirlos y, por ende, se permitiría la elegibilidad de grandes criminales, como los que han ordenado los carros bomba y otros explosivos”.

Pero más allá de todos los cuestionamientos —incluidos los de la organización Human Rights Watch (HRW)—, es claro que el Congreso le entregó a Santos una herramienta de negociación poderosa. “Las llaves de la paz”, como dice él mismo. Porque no se trata de leyes ordinarias, como la 418 de 1997, la 548 de 1999, la 782 de 2002 o la 975 de 2005, que planteaban las bases jurídicas para desmovilizaciones y negociaciones de paz. En este caso, el mandatario cuenta con un aval constitucional que le permite sentarse a la mesa y, luego de establecer acuerdos, presentar una ley estatutaria que reglamente la salida negociada al conflicto.

Para María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), “sin duda el presidente Santos cuenta ahora con una base sólida para buscar una paz sostenible. No creo que tenga las llaves para la paz. Para lograr una salida negociada hay que contar con todos los actores del conflicto y llegar a acuerdos. Por eso, el tema más importante es el contenido de las leyes estatutarias que definirán los criterios de priorización, cesación de la pena y funciones de la comisión de la verdad, todo esto en el marco de un conflicto que aún no ha terminado. El debate es largo”.

Moreno se refirió a las críticas del director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, de quien dijo que “sus preocupaciones son válidas. Los Estados tienen la obligación de investigar los crímenes, pero también es cierto que frente a la masividad de los hechos de violencia en el país no se puede emplear la justicia ordinaria para que el Estado cumpla con sus obligaciones, que no son sólo penales. Hay que ponerlo a la realidad si se quiere lograr la paz”.

Con la aprobación del Marco, el Gobierno puede mandar un mensaje político a las Farc para que dejen las armas, al otorgarles beneficios como la suspensión de la pena y la posibilidad de vocería política, incluyendo también la opción de candidatizarse a cargos de elección popular para quienes no sean máximos responsables de delitos de lesa humanidad.

No obstante, el senador Juan Lozano, del Partido de la U, pidió que en el texto de la ley se incluyera un artículo que contemple que “no podrán ser considerados conexos al delito político los que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática y, en consecuencia, no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”.

De alguna manera habrá menos justicia, a cambio de verdad y reparación. Un escenario inédito que pone a Colombia ante un nuevo reto y es de qué manera crear condiciones para que los ilegales se sienten a dialogar con garantías por parte del Estado.

El senador Juan Fernando Cristo, uno de los ponentes, es claro: “El fin del conflicto en Colombia —para que hablemos claro— significa la negociación política con las Farc y el Eln. El día que dejen de delinquir y de secuestrar menores, como lo manifiesta la norma, estarán las condiciones para sentarse a negociar. Lo que es claro es que en el articulado del Marco para la Paz están planteados los pilares que se incluirán en las leyes estatutarias que tienen como prioridad el respeto a las víctimas”.