Lo nuevo de la ley de víctimas

Uno de los temas que más han generado debate tiene que ver con la fecha desde la cual se hará la reparación de las víctimas. En la Cámara fue aprobada desde 1991, con el argumento de hacerle un homenaje a la Constitución Política promulgada ese año. En el Senado se modificará esa fecha y la reparación arrancará desde el 1° de enero de 1986. Aunque para muchos se trata de una ganancia, hay quienes le siguen viendo reparos, ya que se quedarán por fuera las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, los primeros crímenes contra la Unión Patriótica, el magnicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla y los asesinatos perpetrados por el MAS, el grupo Muerte a Secuestradores que creó el narcotráfico.

Otra de las novedades que contempla la ponencia que fue construida entre Gobierno y ponentes de los partidos de la Unidad Nacional —con la intermediación de la Dirección de Justicia Transicional— tiene que ver con la atención a las víctimas. De acuerdo con el texto, se creará la Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en la que, señala el documento, se unificará lo concerniente a la atención, asistencia y reparación de los afectados por el conflicto armado; se administrarán los recursos necesarios y se hará entrega de la indemnización por vía administrativa. Se trata de un punto que ya genera polémica, pues gran parte de estas funciones las tiene en estos momentos Acción Social de la Presidencia de la República.

Precisamente, el senador y presidente del Partido de la U, Juan Lozano, ha salido a defender la continuidad de Acción Social, sobre todo su programa de entrega de subsidios a familias en condición de vulnerabilidad (conocido como Familias en Acción), que fue objeto de críticas en el pasado proceso electoral porque algunos candidatos presuntamente se habrían valido de estos apoyos para hacer campaña. Hasta el pasado jueves, la Mesa de Unidad Nacional aún debatía la conveniencia de crear la nueva Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Por otra parte, bien es sabido que uno de los procesos más complejos de la ley en curso es el que tiene que ver con la restitución de tierras. Para ello se prevé la creación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la cual tendrá entre sus funciones el manejo del registro de tierras despojadas y de las pruebas para los procesos de restitución, pagar las sumas ordenadas en las sentencias a favor de los terceros y administrar programas de subsidios a favor de los restituidos.

La iniciativa también contempla una novedad: se creará una Sala de Restitución, que funcionará como segunda instancia en los procesos mediante mecanismo de revisión. Además, para garantizar que no haya una segunda victimización de quienes reclamen los predios, se establecerán “medidas de protección colectiva”, que serán encabezadas por la Fuerza Pública y se implementarán en las regiones donde se realicen los procesos de restitución.

Factores que en el pasado generaron una álgida polémica, como la posibilidad de que la reparación cobije a parejas del mismo sexo, se mantendrán en la ponencia de Senado. Los familiares de guerrilleros no tendrán derecho a compensación de parte del Estado y la única posibilidad de que accedan a ésta es si fueron víctimas directas del conflicto y su solicitud no tiene nada que ver con su familiar miembro de las organizaciones ilegales. En este caso primó la tesis de que esta es una ley para los afectados por el conflicto y no para los victimarios.

La ponencia, que seguramente será radicada el lunes, recogió las inquietudes que manifestaron organismos estatales, como los ministerios de Defensa, Ambiente y Vivienda y Educación, además de Planeación Nacional, y las inquietudes y propuestas de los ponentes de los partidos de la Unidad Nacional, con coordinación de la Dirección de Justicia Transicional.

Fiscalía entrega restos de víctimas de Farc y ‘paras’

La Fiscalía General entregó ayer en Medellín los restos de 29 personas desaparecidas a manos de grupos guerrilleros y paramilitares en cuatro regiones del país.

Más de 200 personas asistieron al acto de entrega, que forma parte de un programa nacional que comenzó en 2007 y que hasta el momento ha permitido la entrega de casi 1.200 cuerpos, 300 de ellos en Medellín.

La coordinadora del Laboratorio de Identificación Especializada de la Fiscalía en Medellín, Francis Niño, explicó que existen otros 300 cuerpos que fueron exhumados en fosas comunes, pero que están pendientes de identificación.

De los 29 restos entregados, 26 corresponden a hombres y tres a mujeres, una de ellas menor de edad.