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“Me parece que hay que identificar unos ejes vertebrales de lo que se quiere hacer con el sistema político y electoral. Veo algunas buenas ideas, pero no una columna vertebral de eso. Qué es lo que realmente se pretende: ¿ampliar el sistema político?, ¿organizar los partidos?, ¿mejorar el sistema de financiación?, ¿reorganizar la estructura de la organización electoral?, ¿todas las anteriores? Si son todas las anteriores, entonces ¿cuál es el orden de prelación que hay ahí?”. Esas son las preguntas que le quedan al exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa, luego de revisar el borrador de reforma política que el Gobierno radicará esta semana en el Congreso y que desde ya se prevé como un gran revolcón que sacudirá el Capitolio y la coalición de partidos que acompañan al presidente Gustavo Petro.
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Como confirmaron congresistas, el proyecto de acto legislativo que reformará varios artículos de la Constitución Política se empezó a construir desde que el jefe de Estado asumió el cargo. La oficina del viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, fue la encargada de escribir el borrador que el viernes pasado conocieron los medios y que para su elaboración en algunos puntos contó con la asesoría del exmagistrado Armando Novoa, entre otras personas. Según el viceministro, este es un papel “muy viejo” que no incluye los más recientes avances. No obstante, su oficina todavía está a la espera de que Petro inspeccione y haga comentarios sobre el documento. Por eso es posible que no se radique hoy, como estaba planillado, sino más adelante en la semana. Según las personas que consultamos, lo más seguro es que la iniciativa entre por el Senado, pues en esa corporación hay otros proyectos de reforma política andando, como el de Humberto de la Calle y el del Partido Comunes.
Listas cerradas: de nuevo en la mira
El viceministro reiteró que lo importante es que este contiene un derrotero de asuntos esenciales que darán inicio a una larga discusión en el legislativo: durará cerca de un año, pues para ser aprobado tendrá que pasar por ocho debates. “Como su trámite dura tanto, lo importante es arrancar con una lista de temas. En este momento hay dos cosas que favorecen la discusión: la renovación del Congreso y el afán de cumplir el deseo de cambio de la gente, en específico la transformación del sistema político”, dijo García Figueroa a este diario, enfatizando en que uno de los puntos centrales a impulsar en la reforma será adoptar las listas cerradas y paritarias a candidaturas de corporaciones colegiadas, es decir, al Congreso, concejos municipales, asambleas y juntas administradoras locales.
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De hecho, para Heráclito Landínez, representante del Pacto Histórico, ese será uno de los puntos más difíciles de tramitar por parte de congresistas que no hacen parte del Pacto y de partidos tradicionales. “Los congresistas que son elegidos por voto preferente siempre se han opuesto a este cambio. Lo que ha pasado es que el director de un partido es el que termina elaborando la lista de candidatos y el orden de la misma. Por eso nunca se ha adoptado plenamente por parte de los partidos tradicionales. Sin embargo, la propuesta del Gobierno me parece interesante porque obligaría a los partidos a hacer una consulta previa para conformar el listado. Invitar a que haya más democracia interna en las colectividades”, expresó Landínez.
CNE y Registraduría: lo más clave
Para el exmagistrado del CNE Armando Novoa, el borrador de reforma política que se conoce plantea muchos cambios, varios de ellos positivos. Sin embargo, a sus ojos todavía falta un orden que muestre qué es lo más prioritario a discutir y qué es lo menos importante, pues no tenerlo puede generar inconvenientes en el trámite. “El orden de prelación está un poco disuelto. Siempre que se abordan reformas políticas y electorales, lo primero que hacen los entendidos en la materia es identificar ejes centrales antes de dar la discusión, para saber por dónde empezar. Eso no está muy claro en el borrador, pero esperamos que en el debate en el Congreso pueda ser mejorado sustancialmente”, señaló.
Por su condición de exmagistrado, Novoa conoce muy bien las virtudes y falencias de la entidad electoral. A pesar de que reconoce que una Corte Electoral hace falta en la actual estructura de la organización electoral, insistió en que lo primero es modificar a una superpoderosa como la Registraduría, y la forma de nominación y elección del CNE, y ahí sí, pensar en crear una Corte Electoral. “Conceptualmente, la Corte Electoral puede ser una buena idea, pero crearla en el contexto que tenemos hoy en Colombia no lo veo tan viable, pues afectaría algunas competencias que tiene el Consejo de Estado. Entonces, por prioridades, la reforma política debería enfocarse en la Registraduría y el CNE, y después en la Corte Electoral. Si se hace todo al mismo tiempo, se congestiona la agenda y puede llevar a una frustración del proyecto”, destacó.
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Algo parecido considera la Misión de Observación Electoral (MOE). Camilo Mancera, coordinador de justicia electoral de la MOE, explicó que si bien reformar el sistema político es algo que la entidad viene promoviendo desde años atrás, el Gobierno junta en una sola iniciativa dos asuntos: la estructura de la organización electoral y el funcionamiento del sistema de partidos en las elecciones. “Deben separarse en la medida en que es un proyecto muy ambicioso, que aunque toca dos temas que se relacionan por completo, responden a intereses distintos y requieren intereses distintos. Para viabilizar su aprobación, desde la MOE estimamos que se deben separar, dándole prioridad al que reforma la estructura y funcionamiento de la organización electoral. Partiendo de eso se le puede dar un desarrollo posterior a cómo funcionan los partidos”, declaró.
Mancera resaltó que en cuanto a ese diseño institucional electoral se están dando grandes avances en pensar en la Corte Electoral: “Es fundamental para tener una administración de justicia del proceso electoral que sea más independiente, que tenga la posibilidad de eliminar la duplicidad de funciones y que básicamente sea un juez el que termine resolviendo la afectación de los derechos políticos de las personas”, indicó, señalando el fallo del caso Petro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En palabras simples, la reforma política terminaría con la injerencia de la Procuraduría para suspender a funcionarios de elección popular, acogiendo el fallo y subsanando el problema a través de la Corte Electoral. Por otro lado, sin embargo, en la propuesta del Gobierno no es tan claro cómo se haría la elección de quienes conforman el Consejo Nacional Electoral, que pasaría a llamarse Consejo Electoral Colombiano (CNE). “No está claro si la elección de sus magistrados continúa o no en potestad del Congreso y eso es algo problemático. La razón por la que esto no se incluye en la reforma política es porque no se llegó a un consenso sobre el tema. Ese mecanismo de elección es uno de los grandes inconvenientes. Revisar eso es necesario para eliminar su origen partidista, pero no lo resuelve el proyecto”, indicó.
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