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Como pocas naciones del continente, Colombia tiene candidatos académica y profesionalmente preparados para asumir la conducción del Estado. Sin embargo, la campaña que termina hoy, marcada por los epítetos y las vendettas, dejó a un lado un debate necesario de ideas y proyectos. En el fragor de la guerra de acusaciones, el proceso generó apatía en una sociedad que necesita y reclama profundas reformas.
La importancia de las elecciones presidenciales no se reduce, simplemente, a la posibilidad de que los diálogos con la guerrilla de las Farc continúen. No obstante, el presidente que sea elegido —ya sea hoy o en la segunda vuelta del 15 de junio— tiene la responsabilidad de asumir una posición para responder a la urgencia de terminar una guerra que completa ya 50 años.
El presidente-candidato, Juan Manuel Santos, ha logrado llevar las conversaciones de paz a un punto alto, no experimentado en pasados acercamientos con la insurgencia. Tanto Enrique Peñalosa, como Clara López y Marta Lucía Ramírez, han sostenido que continuarán con el esquema de negociación, aunque disten en pequeñeces de la forma como el primer mandatario ha llevado a cabo el proceso con las Farc.
Por su parte, el uribismo, representado en Óscar Iván Zuluaga, si bien tuvo una postura negativa durante los dos años que completa la negociación con la guerrilla, en los últimos días se ha mostrado abierto a continuar sentado en la mesa de La Habana (Cuba). Los constantes ataques a la continuidad del proceso se convirtieron en una única exigencia: el cese de las acciones ofensivas de los alzados en armas.
Ahora, aunque el anhelo cada vez más cierto de paz ha sido el principal legado del gobierno Santos, el cuatrienio que termina el próximo 7 de agosto dejará la estela de la caída de tres reformas en sectores fundamentales: salud, justicia y educación. Por supuesto, esos tres temas han sido el foco de los pocos debates que ha visto el país durante los últimos meses, no solo en lo propositivo, sino en las críticas a la obra de gobierno de la Unidad Nacional.
Y es que, precisamente, uno de los éxitos que se le presagiaban a Santos hace cuatro años, luego de la conformación de una aplanadora en el Congreso, era la aprobación de todas sus iniciativas legislativas. Por momentos, el Gobierno logró aglutinar en sus toldas a cerca del 80% de los parlamentarios y, a pesar de eso, varios proyectos claves se cayeron. Y el panorama hoy es que durante el próximo período, llegue quien llegue a la Casa de Nariño, habrá una relación distinta con senadores y representantes.
En efecto, la llegada de una bancada uribista de 38 parlamentarios presagia un acalorado cuatrienio en el que habrá un desequilibrio respecto a las fuerzas actuales. Si Santos es reelegido, la oposición será más grande que la de su primer mandato y su poder de negociación en el Congreso se verá menguado. En caso de que cualquier otro candidato ocupe el poder, entre el 20 de julio, cuando se instala el nuevo parlamento, y el 7 de agosto, día de la asunción presidencial, los acercamientos entre movimientos y figuras políticas estarán a la orden del día y el país seguramente presenciará una nueva configuración de bancadas.
Lo claro es que el próximo presidente, junto al Congreso, tendrá la responsabilidad de inmiscuirse en discusiones trascendentales: reglamentar los alcances y poner en práctica un eventual acuerdo de paz con las Farc; transformar las facultades y los métodos de elección de funcionarios judiciales y de organismos de control que han hecho mella en la crisis de la justicia; solventar la crisis de las EPS y las demás instancias del sistema de salud; y emprender un plan de choque para frenar la debacle del sistema educativo en muchos de sus frentes.
También será responsabilidad del próximo mandatario mantener unas relaciones armónicas con la comunidad internacional. Los ojos de gobiernos como el de Estados Unidos, Venezuela y Nicaragua están puestos sobre los resultados de hoy. Así como Santos, Peñalosa y López hablan de la no interferencia en asuntos exteriores, por ejemplo, Zuluaga y Ramírez han hablado de “no permitir, ni callar” frente “a la crisis democrática” en Venezuela.
Y un temor latente es que existe la posibilidad, como sostienen las candidaturas de López, Peñalosa y Ramírez, de que los próximos cuatro años estén marcados por los enfrentamientos y las acusaciones con implicaciones penales, si es que es Santos o es Zuluaga el elegido. Sin duda, la polarización entre uribismo y santismo podría someter al país a una espiral de escándalos que tendría efectos en la salud de las instituciones y retrasaría los debates necesarios para el país.
Nunca antes, en época electoral, se habían conjugado tantos factores que puedan marcar una ruptura en la historia política del país. La posibilidad de alcanzar la paz, la explosión de movimientos sociales como el campesino y estudiantil, una discusión abierta sobre la supuesta necesidad de trazar de nuevo los cimientos constitucionales del país, la proliferación de los tratados de libre comercio y de los negocios mineros, forman un coctel que puede marcar el éxito o el fracaso del próximo gobierno.
Cada una de las candidaturas ha tratado de imprimirle a esta elección un significado que corresponda a sus intereses. El santismo sostiene que esta es una elección entre la guerra y la paz; el uribismo, que es la oportunidad de recomponer el camino; los verdes, que es la posibilidad de derrotar a la politiquería; los conservadores, que es una lucha frontal contra la corrupción; y la izquierda, que es la posibilidad de cambiar un modelo de país excluyente. Sin embargo, lejos de los intereses de cada sector político, Colombia requiere transformaciones que van más allá del hambre de poder de los presidenciables. Estará en ellos mostrarse a la altura de tamaño reto.
csegura@elespectador.com
@CamiloSeguraA
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