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En la misma semana en la que el presidente Gustavo Petro mostró una postura férrea ante la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Gobierno tuvo que ceder en un proyecto que es clave: la reforma política. En la ponencia oficialista, que ya comenzó a ser socializada en el Capitolio, el Ejecutivo admitió modificaciones en puntos que parecían ser de honor para sus intereses legislativos.
Eso hace parte de la estrategia para que, en medio de la pugnacidad política, las propuestas pilares de la Casa de Nariño no se vean afectadas, como ya pasó con el acuerdo nacional que está en la cuerda floja por la polarización cada vez más marcada.
Este diario revisó la propuesta radicada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hace 16 días y la comparó con la ponencia que llegó esta semana a la Comisión Primera de la Cámara. Precisamente, uno de los puntos en los que cedió es que los magistrados del CNE seguirían siendo elegidos por el Congreso, mientras que el interés primero del Ejecutivo es que fuera una tarea de las altas cortes.
Aunque en la ponencia se mantiene que los candidatos sean elegidos mediante una convocatoria abierta, queda en poder del pleno del parlamento elegir a los magistrados. Cristo ha dicho que “todas las campañas presidenciales de las últimas décadas han sido investigadas por una autoridad administrativa como el Consejo Nacional Electoral. Ningún presidente de la República había sido investigado antes por ese organismo simple y sencillamente porque es inconstitucional”.
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— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 9, 2024
Sin embargo, que el Congreso siga con esa facultad deja en evidencia que la cirugía no será tan profunda como se planteó en un primer momento. Pero en la ponencia se mantiene un punto clave en ese propósito y es que quienes lleguen al cargo sean funcionarios de carrera.
“Los funcionarios del Consejo Nacional Electoral estará conformado por servidores públicos de carrera administrativa especial (sic) y su ingreso se efectuará exclusivamente por concurso de méritos, sin perjuicio del sistema de retiro flexible por necesidades del servicio”, quedó consignado en el proyecto.
Sobre ese cambio, el coordinador ponente del proyecto, Heráclito Landinez, representante del Pacto Histórico, explicó que “el Congreso sigue eligiendo, pero prima el mérito Esto se aplica actualmente para la escogencia del control general y ha funcionado. Más que lo elija el Congreso, lo importante es cambiar el sistema para que lleguen las personas que tengan los méritos. Que quienes sean magistrados no sean políticos que participaron en elecciones y perdieron o exdirectivos de partidos”.
También en la ponencia se cedió en un punto que impacta de manera directa uno de los temas del corazón de Cristo: el acuerdo de paz con las exFARC. Lo anterior, al eliminarse el parágrafo que le daría vida a Comunes, el partido conformado por exintegrantes de las FARC.
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En el proyecto levantó polvoreada el párrafo que indicaba que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica al momento de entrada en vigencia del presente acto legislativo conservarán la totalidad de los derechos que reconozcan la Constitución y la ley a estas organizaciones sin necesidad de obtener, dentro de los próximos 4 años, el mínimo de votos y afiliados previsto”. En las dos elecciones en las que ha participado, el partido de los exFARC no ha superado el umbral (en 2018 obtuvo poco más de 52 mil votos y en 2022 cayó a apenas 31 mil). Sin embargo, su participación se garantiza en el acuerdo durante dos periodos legislativos, que se cumplirán en 2026.
Cristo ha insistido en distintos escenarios en la importancia de ese proyecto para la agenda legislativa del Gobierno y la implementación del acuerdo de 2016. Según le contó a El Espectador, en una reciente entrevista, “viene una segunda ola de proyectos que tienen que ver con el compromiso del Gobierno del presidente Petro en Naciones Unidas para la implementación legislativa del acuerdo de paz”.
Landinez dijo que no está relacionado de forma directa con Comunes, sino que con la eliminación de la propuesta se quiere fortalecer a los partidos políticos, en un momento en el que hay más de 35 (y varios más han perdido su personería por decisiones judiciales). “Se requiere que los partidos aumenten el número de afiliados y que se democraticen. El número de partidos debe reducirse para que la gente pueda ubicarlos en el espectro político”, señaló.
Además, otro cambio en el proyecto chocaría con la iniciativa legislativa de transfuguismo, que cuenta con el respaldo de más de 60 parlamentarios.
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Al respecto, la representante Marelen Castillo, una de las autoras del proyecto para cambiar de partido sin sanciones ni inhabilidades -que ella llama “libertad democrática”-, le confirmó a este diario que la ponencia se radicará en los próximos días en la Comisión Primera del Senado. Además, criticó que en la reforma petrista se le ponga palos en la rueda a esta aspiración, que no es nueva en el país político.
“Se necesita libertad democrática para poder participar”, afirmó. Y agregó que lo se quiere es evitar que las personas queden amarradas a los partidos.
La reforma política ha puesto sobre la mesa la capacidad del Gobierno de negociar e, incluso, de cambiar en sus posturas más férreas, en un ambiente cada vez más tenso por cómo se está calentando la campaña para las elecciones del 2026.
En todo caso, no será la única ponencia que tendrá la propuesta. Sin embargo, en esta se ve que entre lo que quiere el Gobierno y lo que se aprobaría -si pasa los ocho debates- habría un largo trecho.
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Como dijo uno de los representantes ponentes, es claro que la reforma que llega no será la misma que la que empezará a discutir en los próximos días y, mucho menos, la que sería la final, si llega a ser aprobada. Será responsabilidad del Gobierno demostrar que es capaz de conseguir el respaldo de un Legislativo que le ha sido adverso en varias ocasiones, así sea a costa de sus necesidades. La discusión está servida.
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Por Leonardo Botero Fernández
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