Los candidatos ante los actores del conflicto

La fórmula de Juan Manuel Santos habla de mantener la presión sobre las Farc,  un grupo con el cual cree que el único diálogo posible sólo puede tener el propósito de pactar el desarme, la desmovilización y la reinserción, sobre la exclusiva base del cese de los ataques a la población —incluido el secuestro—, la liberación unilateral de todos los plagiados y el abandono definitivo del narcotráfico.

Noemí Sanín, por su parte, afirma que mantendrá la decisión inquebrantable de no negociar con la guerrilla o los grupos armados ilegales. Germán Vargas Lleras, además de manejar un discurso similar, apela al argumento según el cual la salida negociada está limitada por los imposibles jurídicos que en materia de amnistías e indultos le imponen al país diferentes tratados y convenios internacionales.

Para Antanas Mockus, la solución al problema pasa por el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política como fuente de toda legalidad. La guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico hacen parte precisamente de esa gran ilegalidad y el Estado tiene la obligación constitucional de combatirlos, no sólo mediante las armas, sino con un fortalecido sistema judicial. Y, claro, mucha cultura ciudadana: censura social y moral a los grupos ilegales.

La cautela frente a una posible negociación es el común denominador de todas las campañas. Para Gustavo Petro, por ejemplo, hablar de paz hoy no significa necesariamente sugerir negociación para hacer el conjunto de reformas que el país necesita, éstas deben ser producto de un acuerdo nacional y no de una mesa de negociación con la insurgencia.

En mayor o menor medida las campañas se han alejado —táctica o estratégicamente— de ser identificadas con un plan que conciba la paz como fruto de un acuerdo político. Aún así, no están tan seguras de botar al mar la llave de una negociación si ese es el camino de la paz.

Quizá eso explique algún punto en común que tienen Petro y Pardo respecto a la paz, en el sentido de la necesidad de una serie de reformas, con las cuales la guerrilla se quedará sin argumentos para existir.

En cuanto al paramilitarismo, las divergencias saltan a la vista en un tema que dividió profundamente al Gobierno y la oposición durante los últimos ocho años. Las diferencias más abismales las protagonizan Noemí Sanín y Rafael Pardo. Para la candidata conservadora, en Colombia hay que dar partida de defunción a los paramilitares que aún se resisten a la desmovilización, pues después de la Ley de Justicia y Paz éstos son sólo grupos criminales.

El diagnóstico de Sanín no es tan simple para Pardo. En su opinión, la citada ley no hizo el milagro de desmontar plenamente a los grupos paramilitares, una percepción que reafirma con su denuncia de que en 2010 Colombia tiene tantos de estos grupos como cuando se inició el gobierno Uribe en 2002.

Vea la infografía Propuestas de construcción de paz de los candidatos