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Ni es la primera vez que sucede y seguramente no será la última. El presidente Gustavo Petro anunció esta semana que su gobierno se prepara para declarar la emergencia social y económica, especialmente para hacerle frente a la crisis de escasez de agua en La Guajira y otros efectos del Fenómeno del Niño. Se trata de una declaración que le permite hacer la Constitución Política para responder, de manera extraordinaria, a un evento que perturbe o amenace de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país.
(En contexto: ¿Qué es la declaración de emergencia social y económica que alista Petro?)
Si bien es la primera vez que este gobierno elige declarar la emergencia social y económica, no es inédito que un presidente opte por esta vía para gobernar frente a una crisis. Aunque desde antes de 1991 la Constitución ya permitía este tipo de situaciones, especialmente declarados en estados de excepción por cuenta de la crisis de orden público, con la última reforma constitucional, se pudieron las normas claras para permitirlo y para regularlo. Desde ese entonces, han sido varios los hechos que han llevado al Ejecutivo a declarar una emergencia.
Uno de los primeros, luego de formulada la nueva carta política, ocurrió en febrero de 1992. El entonces presidente Cesar Gaviria firmó el decreto 333, en el que explicó que la crisis que vivían los funcionarios públicos del país, incluyendo los miembros de la fuerza pública, era tan grave, que necesitaba un poder extraordinario que le permitiera subir sus salarios, sin necesidad de que el Congreso aprobara una ley. La raíz del problema es que no se había podido subir sus mesadas de manera oportuna. Como debe suceder en todos los casos, la Corte Constitucional revisó el decreto y lo aprobó.
(Lea también: Gobierno estudia declarar emergencia social y económica por crisis en La Guajira)
Terremotos, avalanchas y el apagón
La crisis energética de 1992 también pasó por los estados de emergencia social y económica. En abril de 1992, el gobierno Gaviria no tuvo de otra que recurrir a esta fórmula para hacerle frente a los efectos del Fenómeno del Niño, que principalmente se evidenciaron en una reducción tan extrema de los embalses de agua que la situación implicó una reducción dramática del suministro de energía.
El Ejecutivo optó por ordenar un apagón en las principales ciudades del país y, para junio de ese año, la Corte avaló el estado de emergencia. “Constituye un hecho sobreviniente, la aguda y grave escasez y el consiguiente racionamiento de un bien público esencial, de carácter no transable, cuya prolongación en el tiempo altera de manera significativa las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad y de la economía, pudiendo, de persistir, afectarlas hasta niveles críticos”, señaló el alto tribunal.
Otro hecho, ligado a eventos ambientales que llevó a declarar la emergencia, ocurrió en junio de 1994, cuando un sismo sacudió el suroccidente del país, dejando una cifra de más de 800 muertos. El terremoto afectó especialmente municipios del Cauca y Huila y ocasionó el desprendimiento de un enorme bloque de hielo del Nevado del Huila, que terminó por desbordar ríos y provocar avalanchas, lo que empeoró la tragedia.
Conocido como el Terremoto de Páez, este sismo es considerado como el segundo más mortífero en la historia del país. El presidente Gaviria declaró el estado de emergencia social y económica y, en tiempo récord, la Corte lo avaló. Similar a este caso, la tragedia de Mocoa en 2017, tuvo características similares. Aunque no se trató de una terremoto, en medio de un inclemente Fenómeno de la Niña, las lluvias provocaron los desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, y de quebradas La Taruca y La Taruquita.
Deslaves y flujos de lodo acabaron con veredas enteras. Las autoridades reportaron 1.400 personas fallecidas, más de 400 heridas, 200 desaparecidos y 15.500 damnificados. El entonces presidente, Juan Manuel Santos, llegó a la zona pocas horas después de los deslizamientos letales y declaró la emergencia social y económica. La Corte Constitucional la avaló tiempo después, permitiéndole al Ejecutivo entregar subsidios para el pago las facturas de energía para los estratos 1, 2 y 3 y exención del IVA para los ciudadanos que resultaron afectados.
Álvaro Uribe lo intentó con la crisis del sistema de salud
En diciembre de 2009, el presidente Álvaro Uribe Vélez firmó un decreto para declarar la emergencia para evitar un colapso financiero del sistema del salud en el país. La medida buscaba conseguir más recursos mediante un incremento de los impuestos departamentales destinados a la salud y una reforma a los juegos de suerte y azar; a hacer uso de recursos que están en el sistema, pero que no se podían utilizar; a dar mayor velocidad en el flujo de los recursos y a racionalizar el gasto, a través de acciones como la regulación de los valores que se pagan en medicamentos y servicios, así como buscar la importación de medicamentos no POS.
Sin embargo, pese a que Uribe pidió apoyo y comprensión del país, su decisión fue duramente criticada. Finalmente, la Corte no aceptó la argumentación del gobierno y tumbó el decreto.
La emergencia sanitaria por el covid-19
El caso más reciente ocurrió en 2020, cuando la pandemia del covid-19 empezaba su expansión masiva por el mundo. Cinco días después de que se detectaron los primeros casos en el país, el gobierno de Iván Duque declaró la emergencia. La medida, no solo buscaba hacerle un control al aislamiento obligatorio de todos los ciudadanos, especialmente para controlar el hacinamiento en las Unidades de Cuidado Intensivo, sino también para promulgar políticas para hacerle frente a la crisis económica y poder subsidiar a las familias que no podían recibir sus salarios.
Este es el estado de emergencia social y económica más larga que se ha dado en todo el país. Fue promulgada en marzo de 2020 y se prolongó hasta el 20 de junio del 2022.
¿Qué significa la declaración de emergencia social y económica de Gustavo Petro?
La declaración de emergencia le permitiría a un mandatario expedir decretos presidenciales con fuerza de ley sin tener que pasar por el Congreso de la República. Este mecanismo, que le concede esta facultad extraordinaria al presidente, también implica que los decretos deben pasar antes por la Corte Constitucional. Hasta el momento, Petro no ha sido específico sobre qué medidas especiales se destinarían para La Guajira mediante decretos. Sin embargo, la Constitución establece que “estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes”.
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