Los coletazos políticos de la marcha en defensa de la educación pública

En el pasado, casi todo lo que se decía en esos tiempos de búsqueda de votos se quedaba allí, en promesas, y en el primer plano de la agenda gubernamental se imponían los asuntos sobre paz, seguridad o corrupción. Sin embargo, de un tiempo para acá las cosas han cambiado y desde 2011, con la consolidación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), el tema de la educación se ha convertido en prioritario a partir de esa unidad en torno a unos puntos comunes, en contra del modelo establecido y en pro de una educación pública, autónoma, democrática y crítica.

Fue la MANE la que en octubre de 2011 declaró un paro nacional universitario, que tuvo el apoyo de otros sectores, en rechazo al proyecto de reforma a la educación superior (Ley 30 de 1992) del entonces gobierno de Juan Manuel Santos, que para la movilización la reforma solo buscaba consolidar una universidad de élite y no con amplia cobertura en condiciones de mejoramiento de la calidad, entre otros puntos, el cual finalmente tuvo que ser retirado.

Y son esos estudiantes los que salieron a las calles de las principales ciudades del país el pasado miércoles a alzar nuevamente la voz en defensa de la educación pública, que pese a haber tenido en el cuatrienio anterior el primer lugar en inversión estatal, paulatinamente experimenta un desfinanciamiento, y a la que ven amenazada en el mandato de Iván Duque, cuando ese déficit ya llega hasta el cuello y se anuncia un mayor presupuesto para el sector defensa.

La marcha del pasado miércoles unió a estudiantes de universidades públicas y privadas, profesores, padres de familia y en la que también estuvieron, por supuesto, los políticos.

Porque si algo ha aprendido la clase política, de todas las orillas, es a acomodarse a las circunstancias, y en un ambiente poselectoral aún polarizado, más la perspectiva de las elecciones locales y regionales de 2019 y, por qué no, la presidencial de 2022, movimientos sociales como el de los estudiantes son un escenario propicio para sacar créditos.

Por eso, en las redes sociales se pudo leer a congresistas de Cambio Radical, el Partido Liberal, los Decentes, la Alianza Verde o el Polo, entre otros, invitando a marchar, y luego se pudo ver a algunos caminando junto a los estudiantes.

El punto más polémico lo puso el excandidato presidencial y hoy senador Gustavo Petro, quien, en plena Plaza de Bolívar en Bogotá, sitio de concentración de la marcha, subió a la tarima a echarse un discurso en contra del Gobierno, ratificando lo que ya había dicho en la noche del 17 de junio, cuando perdió en la segunda vuelta frente a Duque: que iba estar al frente de un pueblo “que debe ser movilizado”.

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Le llovieron, eso sí, rayos y centellas. Diferentes sectores políticos e incluso de los mismos estudiantes cuestionaron su intervención calificándola como puro oportunismo o como un acto de campaña. Sin nombrarlo, el Partido Liberal le mandó una indirecta en Twitter al anunciar su apoyo a la marcha estudiantil y prometer “jamás intentar apropiársela”.

Petro se defendió expidiendo un comunicado en el que explicó que los mismos organizadores fueron quienes le abrieron un espacio para hablar: “No pretendemos para nada apropiarnos de esta hermosa movilización nacional, que ha llenado todas las plazas públicas de Colombia. Seríamos torpes al pretender hacer eso, pero indudablemente hoy confluyen aquí todas y todos los que creemos que la salvación de Colombia es la educación”, dijo.

Pero, de paso, le notificó al Gobierno que estará pendiente de la partida para la educación que se asignará en la Ley de Presupuesto, que debe ser aprobada la próxima semana, y que en caso de ser insuficiente convocará a un paro nacional.

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En el Congreso, también con el telón de fondo de la educación, el Centro Democrático intentó por su parte darle una mano al presidente Duque. Los senadores Álvaro Uribe y Fernando Araújo radicaron una proposición que adiciona un artículo al presupuesto bianual del Sistema General de Regalías, para que se destine una partida significativa que permita actualizar la infraestructura de la universidad pública.

Y cabe recordar que sigue en el aire la propuesta de que los colombianos puedan ejercer el voto a partir de los 16 años, que de alguna manera tiene que ver con tratar de capitalizar esa masa ciudadana juvenil, en esencia, quienes están en esa transición del bachillerato a la universidad.

Es claro entonces que ese voto joven se ha convertido en un atractivo objetivo para nuestra clase política, urgida de encontrar nuevos nichos y nuevas causas. Y siendo la educación un asunto público, y por lo tanto político, todos quieren ahora manifestarse. Unos para ejercer oposición al Gobierno, otros para defenderlo.

Desde esta perspectiva, la gran marcha en defensa de la educación pública del pasado miércoles implica la continuidad de ese pulso político entre las fuerzas que se recogen alrededor del presidente Iván Duque y una oposición que no va a darle tregua, el mismo de la reciente campaña electoral.

Fecode, el sindicado de los maestros, ya anuncia paro a partir del próximo jueves 18 de octubre, al tiempo que se habla de marchas sindicales y de sectores agrarios. Son los primeros hervores de la protesta social para un nuevo Gobierno que apenas llega y que de entrada ha expresado su intención de regularla.

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El lío es que las afugias presupuestales no le dan un margen de maniobra muy amplio a Duque. En voz baja se habla de choques entre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y otros ministros, que buscan mayores recursos para sus sectores. Frente a la educación, ya se anunció una adición de $500.000 millones para el próximo año, un paño de agua tibia para la crisis. El Gobierno tiene el reto de no quedarse en promesas y queda avisado de que la plaza pública será un escenario más de disputa que tendrá que afrontar.