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La transición energética es una de las apuestas más ambiciosas de la administración Petro en materia ambiental, sin embargo, también es una de las que se tiene menos certezas. Los mensajes en contravía sobre el futuro de los contratos de exploración de hidrocarburos han generado confusión e incertidumbre no solo en los mercados, sino en el plano político, lo que ha producido desconfianza alrededor de un tema clave de cara al cambio climático y la protección del medio ambiente.
Lo cierto es que alrededor de esa decisión debe haber análisis y cuidado, especialmente para determinar cuándo y cuál es el camino indicado para suspender los contratos sin que la economía se vea afectada. Aunque todo pareciera indicar que el Gobierno quiere hacerlo pronto, en el mismo gabinete no logran ponerse de acuerdo y expertos han advertido que es un proceso que puede tomar años. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que con la información actual sobre reservas de hidrocarburos es posible avanzar; no obstante, tras varios cuestionamientos, se volvió a echar para atrás.
A su vez, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que no es cierto que se vayan a suspender los contratos y que, contrario a lo que dice Vélez, con la información disponible no es posible tomar esa decisión. La semana entrante el equipo de Gobierno y Ecopetrol tendrían una reunión para hacer estimaciones y resolver si lo que ya está firmado “garantiza suficientes reservas”.
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El reloj climático está corriendo y el compromiso del Gobierno actual con el medio ambiente es claro, sin embargo, los anuncios apresurados y las movidas políticas podrían condicionar una decisión trascendental no solo para el planeta, sino para la economía. No en vano, todo lo que se ha dicho sobre el tema ha causado fuertes discusiones y ha sido comidilla de los sectores de oposición.
De acuerdo con el senador José David Name (Partido de la U), quien fue coautor de la Ley de Transición Energética aprobada en 2021, el gobierno Petro no se puede acelerar, pues es un tema que no puede ser tomado con ligereza y que podría causar fuertes impactos económicos: “Se necesitan grandes recursos para reemplazar los ingresos del petróleo y el gas, y en este momento no los tenemos (…) este Gobierno tiene una agenda ambientalista, pero la transición debe ser ‘justa’, como ellos mismos lo dicen. De no ser así, vamos a ver afectada la economía”. Así las cosas, agrega, será clave que las finanzas del Estado dependan en menor medida de la industria petrolera.
“En nuestro plan de gobierno quedó expresamente que el planeta está en cuenta regresiva, por lo que tenemos contemplado no dar más contratos de exploración”, confirma Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) y miembro de la Comisión Quinta del Senado (en donde se discuten proyectos medioambientales y de minería). No obstante, explica que “es muy importante tener claridad sobre las reservas. Esa ha sido la angustia de ambientalistas y personas que hemos estudiado el mundo minero y energético. Sin reservas no hay posibilidad de proyección y planeación”, recalca.
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Precisamente, fue un polémico informe presentado hace unos cuantos días sobre las reservas de gas que terminó de complicar el discurso: un análisis apresurado que causó todo un escenario desfavorable para el Gobierno y la ministra Vélez. “Hay unas afirmaciones que no son exactas. Las cifras del informe sí son reales, pero no se pueden sumar todos los indicadores, porque hay unos sobre reservas futuras. No se puede hacer un presupuesto basados en cosas que no son concretas”, explica Name. Así las cosas, no habría reservas para el año 2042, como lo dijo la minminas, sino hasta 2028.
Mientras tanto, para el senador Didier Lobo (Cambio Radical), también de la Comisión Quinta, “hay que tener cuidado con los anuncios”, pues la “regulación debe ser de manera progresiva”. Según indicó, “ha habido unas equivocaciones que generan desconfianza en la inversión internacional, entonces hay que tener mucho cuidado”. Por su parte, Name asevera que si bien ha habido errores, Vélez está “siendo estigmatizada y atacada injustamente”.
Por eso, para la senadora Zuleta, hace falta “pedagogía” alrededor del tema y considera que, si bien “la transición no puede hacerse en un tiempo inmediato, sí hay que iniciarla pronto”. De acuerdo con la congresista, la manera de empezar esa transición es que efectivamente no se den nuevos proyectos de exploración, pero eso no indicaría no continuar con la explotación: “No quiere decir que se vaya a parar la explotación que se está dando actualmente, ni la futura producto de los procesos de exploración actuales”, dice en nombre del Gobierno.
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Zuleta argumenta que cuando asumieron la dirección nacional, encontraron un Estado con “un gran desorden sobre la información. Por eso, en estos temas tan sensibles, hay que concretar los datos para tener claridad y que haya una proyección acertada”. Esa idea la complementa el representante Cristian Avendaño (Alianza Verde), quien también ha sido activista por el medio ambiente: “Necesitamos las cifras exactas que nos permitan hacer los cálculos para saber qué hacer con los contratos en los próximos años”.
Lo cierto es que se requiere evaluación con minuciosidad y que el Gobierno no se acelere con las declaraciones, si no quiere arriesgar la propuesta, y que por el contrario se obtengan resultados positivos. Será clave la reunión de la próxima semana entre los ministros y Ecopetrol, en la que se hará una evaluación sobre el tema de las reservas. Por otra parte, para Name es importante igualmente avanzar en el funcionamiento de las energías limpias: “Si los proyectos renovables no están funcionando, es difícil hacer esa transición. En nuestra matriz energética la producción de energías renovables todavía no alcanza el 5 %”.
Por Laura Duarte Sandoval
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