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El gobierno de Gustavo Petro parece marchar firme con su iniciativa de la “paz total” para tratar de acabar con el conflicto armado en Colombia. La semana pasada presentó en el Congreso el proyecto de ley con el que se busca prorrogar y modificar la Ley 418 de 1997, también llamada Ley de Orden Público, la cual, entre otras cosas, faculta al presidente para negociar con grupos armados ilegales. Con un Legislativo mayoritariamente oficialista, la iniciativa parece que no tendrá mayores trabas para aprobarse. Aun así, varios puntos que contempla no dejan de inquietar a quienes consideran que puede estar dejando de lado algunas realidades y descuida, principalmente, aspectos de seguridad y justicia.
Dentro de dichas inquietudes, de las que más quedó sonando fue la de sustituir el servicio militar obligatorio por un “servicio social para la paz”, en el cual los jóvenes, en vez de ir a la guerra y participar en el conflicto, serían gestores o veedores de que los posibles acuerdos a los que se llegue se cumplan en las zonas rurales del país, ya que es allí donde se está enfocando la nueva iniciativa. Para Hugo Acero, experto en temas de justicia y seguridad, esta propuesta era algo que debía esperarse, pues “desde la campaña del entonces candidato Gustavo Petro se dijo que iban a acabar el servicio militar obligatorio, y con esta propuesta se está cumpliendo con esa promesa”.
Sin embargo, Acero también advierte que esta idea “tiene un efecto sobre la reducción de miembros de la Fuerza Pública, porque también incluye a la Policía, que hoy cuenta con un buen número de auxiliares bachilleres”. Para el experto, para suplir este posible déficit de fuerza, la solución sería que “en el caso de las Fuerza Militares deberían ser reemplazados por soldados profesionales y en la Policía por nuevos patrulleros, que tendrían un costo alto y cuyos recursos hoy no están en los presupuestos institucionales y tendrían que ser entregados por el Ministerio de Hacienda, situación que actualmente no es tan fácil en medio de la crisis económica por la que está pasando el país”.
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Por otra parte, hay zozobra con la propuesta de dialogar y negociar grupo por grupo y en un mismo momento, algo que muchos ven como ambicioso y arriesgado. Para algunos negociadores de procesos de paz en el pasado, allí es donde el mandatario puede encontrar un obstáculo que complique las cosas que tan fácil le están resultando, al menos en el Legislativo. Para Guillermo Rivera, ministro del Interior durante el mandato de Juan Manuel Santos y partícipe del proceso de paz que se adelantó con las extintas Farc, “el mayor reto es lograr tener éxito en una negociación en simultánea con organizaciones armadas de distinta naturaleza”.
En este sentido, sobre la diferencia de esos distintos actores armados que ocupan Colombia, Rivera sostiene que lo primero debe ser identificarlos. Por ejemplo, en el caso del Ejército de Liberación Nacional (Eln), guerrilla con la que ya el Gobierno avanza en conversaciones, se debe reconocer su origen político, lo cual haría que el Gobierno “pueda avanzar en un proceso para llegar a un acuerdo de terminación del conflicto, lo cual le permite usar instrumentos de justicia transicional que harían que Colombia respete sus compromisos internacionales y, desde luego, que no exista impunidad”.
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Pero por otra parte, recalca el exministro, está el caso de las organizaciones armadas distintas a esta guerrilla, que no tienen carácter político y que no se les puede dar dicho reconocimiento: “Lo que cabe ahí es un proceso de sometimiento o acogimiento a la justicia, y desarrollar sobre esa base una negociación sobre su tratamiento penal”. A pesar de ello, Rivera resalta que “en este momento el Código de Procedimiento Penal permite negociaciones de penas (…) obviamente, el proyecto que acaba de presentar el Gobierno está considerando una coyuntura muy particular y además la posibilidad de negociaciones colectivas” que, según considera, se puede llegar a muy buenos acuerdos que garanticen verdad y reparación para las víctimas del conflicto.
Se debe enfatizar, eso sí, que la propuesta de “paz total” está pensada desde la ruralidad, siendo estos territorios los que más han sido afectados por el conflicto armado, aunado a un histórico abandono estatal. El enfoque también quedó plasmado con lo presentado en el Congreso por el ministro del Interior, Alfonso Prada, pues la modificación a esa Ley de Orden Público tiene varios puntos que están encaminados al trabajo en lo rural y a incentivar el sector agrario para acercar la paz a las comunidades. Según el hoy senador Humberto de la Calle, exjefe negociador en el proceso con las desmovilizadas Farc, para que un acuerdo sea exitoso “basta con cumplir la ley”, por lo cual es vital, refiere, “mejorar los procesos agrarios del país”, tal como se está intentando dejar en firme en este momento.
De la Calle ve la “paz total” como un anhelo obvio que quiere cualquier colombiano, pero también expresa algunas dudas que tiene pendiente el actual Gobierno para generar mayor confianza en el mismo. Y aunque reconoce que la iniciativa está prevista para ver hacia el futuro, advierte que es necesario que en el presente, en el aquí y el ahora, haya algunas garantías para la sociedad por parte de la administración nacional, lo cual aún tiene pendientes en cuanto a lo pactado en La Habana. “El comisionado de Paz tiene la función de construir en el futuro, de construir esa paz que nos llega, pero no deberíamos olvidar la paz que tenemos en la puerta del horno. Me parece que el gobierno Petro lo que debe hacer es empezar desde abajo: implementar el Acuerdo de Paz que hay con las Farc”, dice.
Expertos en paz cercanos a esta y otras iniciativas, que han pedido no ser identificados por respeto al proceso que ya avanza, ponen sobre la mesa que para implementar una negociación tan ambiciosa como la que planea hacer el presidente Gustavo Petro, es necesario saber qué se va a ofrecer a los grupos armados y que se va a ceder ante ellos. Sobre este punto, Hugo Acero sostiene que lo más importante, en el caso de los actores armados que se sumen a la iniciativa, es que “reconozcan la institucionalidad del Estado y en especial de las instituciones que van a garantizar la seguridad de los diálogos y de las personas que participen de los mismos, en este caso las Fuerzas Militares”.
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Ahora, a pesar de que la “paz total” arrancó con toda y ya han expresado voluntad de dialogar grupos ilegales como los Pachelly y una parte de las disidencias, existen quienes se oponen a la propuesta, pues viven de la guerra como negocio. Según explica Acero, “las grandes mafias nacionales e internacionales del narcotráfico y otras rentas criminales, como la minería ilegal, no están de acuerdo con esos diálogos, porque esas economías tienen, además de la alta rentabilidad y beneficios, compromisos externos en el mundo por varios años que deben cumplir”. La lupa, considera el experto, debe estar sobre quiénes son los que van a negociar y quiénes se rehúsan, porque “unos serán los que van a diálogos y a desmontarse de esos negocios, y otros serán los que van a continuar con ellos y lo van a hacer con más violencia”.
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Más allá de las teorías, la realidad prima en la violencia que ha vivido Colombia históricamente, y así lo reconoce Carlos Alberto Núñez, vocero de la Asociación Nacional Campesina y miembro del Congreso de los Pueblos, quien sostiene que sobre la iniciativa de “paz total” tiene grandes expectativas, pero aun así sopesan preocupaciones. Según manifestó, “como pueblo, como comunidades organizadas, tenemos una expectativa muy grande con eso de la ‘paz total’ que propone el Gobierno, pero nos preocupa que se sienten a hablar solamente desde el conflicto armado, cuando realmente todo tiene que ver con un conflicto que es social, político y económico en el país”.
Aunque persiste un miedo de que lo que se plantee no se cumpla, el vocero de la Asociación Nacional Campesina asegura que se sumarán para aportar desde su perspectiva. Y lo harán, dice Núñez, “como organizaciones y movimientos a participar directamente en esta iniciativa de paz que plantea el gobierno de Petro. Vamos a mostrar nuestras necesidades y exponer nuestro plan de vida para aportarle a las propuestas de paz, porque son propuestas que desarrollan la economía popular, la no explotación de todos los recursos naturales y otras cosas que nosotros conocemos y vivimos en carne propia”.
Por ahora, falta mucho por desanudar en la propuesta de “paz total” de Petro, quien solo lleva un mes en el poder. La estrategia no es todavía clara y faltan definir los desarrollos de múltiples aristas. La apuesta es alta y el hecho de que se hable de diálogos regionales también cauca escozor, pues las realidades de cada territorio varían y los intereses de los ilegales también. Para Rodrigo Rivera, por ahora, es clave enriquecer la discusión, mejorar la propuesta y tener un consenso en el Congreso, incluyendo la oposición, para saber qué es lo que se le va a plantear a la ciudadanía, que es la que en las regiones sigue sufriendo los rigores de una guerra que parece infinita.
Por Jhordan C. Rodríguez
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