Los riesgos de la interinidad en los órganos de control

En la segunda, su titular, Jorge Armando Otálora, renunció el 27 de enero en medio de un escándalo de acoso sexual, siendo sustituido provisionalmente por el secretario general de la entidad, Jorge Cajiao. Y existe la posibilidad de que la Procuraduría enfrente ese mismo escenario, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado está a punto de fallar una demanda en contra de la reelección de Alejandro Ordóñez. Así las cosas, el debate sobre los problemas que sufre la institucionalidad al estar con la ausencia de cabezas visibles y en propiedad en los órganos de control está abierto.

De momento, en el caso de la Fiscalía, todo depende de la decisión del presidente, que dijo que escogería el nuevo jefe del ente acusador mediante concurso de méritos y se espera que la próxima semana, a más tardar, esté conformada la terna. Eso sí, la Corte Suprema, que es la elige, puede tomarse el tiempo que quiera. La situación en la Defensoría es más caótica porque el período de interinidad se extenderá al menos hasta septiembre, cuando se vence el período institucional del actual defensor. Solo en ese momento el primer mandatario deberá presentar la terna para que la elección la haga la Cámara de Representantes.

Para la directora de la corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, la provisionalidad en los órganos de control del Estado afecta porque los mismos funcionarios de dichas entidades no le hacen mucho caso a quien queda como encargado y, por ende, se pierde gobernabilidad. Una situación que se acentúa cuando esa interinidad se prolonga por largo tiempo. “Lo que está pasando en la Fiscalía era previsible y no se entiende por qué el presidente Santos se demoró tanto en lanzar el sistema de selección de la terna –que lo pudo hacer mucho antes– y no una vez se dio la vacante”, señaló.

Un análisis similar hace Iván Garzón Vallejo, director del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, quien advierte que la situación de interinidad en la Fiscalía –en un país donde pesa mucho una institución como esa– es delicada porque se podía prever. “Me parece que para evitar la desinstitucionalización habría que esperar que los responsables de presentar las ternas y nombrar a los funcionarios actúen a su debido tiempo y además con precaución, porque los procesos de elección y nominación toman cierto tiempo y no deben hacerse en la víspera”, enfatizó.

Según Garzón, aunque el anuncio de que la escogencia de la terna se haría a través de un concurso de méritos, algo que la Constitución lo ordena, puede tomarse como positivo, resulta a la vez “desconcertante” entrar a promover un paso adicional a una facultad que tiene el primer mandatario. Por otra parte, indicó que el peligro es que con la interinidad se puede ir en menoscabo de la credibilidad de las instituciones, por las mismas características que implica el que el funcionario que asume el cargo no tiene sobre sus hombros la responsabilidad política que sí tiene alguien nombrado en propiedad.

Las dudas también surgen por los posibles efectos de cara a la Reforma de Equilibrio de Poderes, hoy en estudio de la Corte Constitucional. En 2009 se dio un duro enfrentamiento entre el entonces presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema, que calificó como inviable la terna que le fue enviada para escoger el reemplazo de Mario Iguarán, a quien se le terminó el período. El vicefiscal, Guillermo Mendoza, asumió el cargo como encargado y estuvo en él hasta enero de 2011, cuando se eligió a Viviane Morales. A partir de entonces, los períodos quedaron desajustados y los nombrados empezaron a operar durante el gobierno de turno cuando la intención en la Constitución siempre fue que el fiscal estuviera básicamente para el siguiente mandato, para salvaguardar el sistema de pesos y contrapesos.