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La reforma política ha despertado polémica hasta en su conciliación. Algunos senadores cuestionaron que dicho procedimiento se hiciera a la madrugada del 15 de diciembre en dicha corporación, cuando la mayoría del país estaba dormido y pocos estaban pendientes de cómo iba a quedar el texto para su segunda vuelta en el Legislativo. La controversia también llegó en Cámara, que la concilió ayer, pero en este caso fue por un punto en el texto en el que se deja claro que en 2026 las listas cerradas podrán ser conformadas sin tener en cuenta la paridad y siguiendo el mismo orden en que fueron elegidos este año, una reelección casi asegurada. Aunque al final la administración Petro hizo gala de su aplanadora, distintos sectores, incluyendo algunos cercanos al Gobierno, expresaron sus reparos. Casi que se puede decir que todos temen a uno o varios puntos de la reforma.
Al consultar a congresistas de distintos sectores, buena parte se aventura a una misma conclusión: “Es una reforma hecha a la medida del Pacto Histórico”. Y es que a simple vista se identifican varios puntos que podrían entrar a beneficiar a la coalición de gobierno con miras a las próximas elecciones, tanto regionales, en 2023, como las nacionales, en 2026. Uno de los apartados que señalan es el transfuguismo. Aunque muchos aceptan que se ha vuelto costumbre en Colombia que toda reforma política viene acompañada de un período de gracia para cambiar de partido, dicen que esto terminaría beneficiando a los que están en el poder. “Se habla de fortalecer los partidos, pero se establece el transfuguismo, se afectan los partidos”, expresó el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, agregando que su molestia aumenta al saber que es uno de los puntos de aplicación inmediata y tendría injerencia en el próximo año electoral.
En el Partido Conservador también advierten que el transfuguismo puede convertirse en la forma en que muchos se vayan al sector más fuerte o “busquen línea”. Ariel Ávila, de la Alianza Verde y senador ponente, aseguró que entiende el espíritu de dicho artículo, que “es no estar secuestrado en un partido”, pero que en la realidad la intención sería que “los tradicionales quieren reacomodarse”. Y desde los liberales también advierten que sería una forma en que se fortalezca al Pacto Histórico, pues hay algunos del Verde y otros independientes, y hasta de esa misma colectividad, que se sienten más cercanos a la coalición de izquierda, sería su forma de poder saltar a dichas toldas sin complicaciones.
Sin embargo, el transfuguismo no es el tema en el que más llaman la atención en el Congreso. Las mayores controversias vienen en temas como las eliminaciones de las incompatibilidades para los congresistas y del tope del 15 % de la votación anterior para poder hacer coaliciones. Desde el principio, varios han dicho que la eliminación de las incompatibilidades tendría nombre propio y señalan al presidente del Congreso, Roy Barreras, y la cabeza de los conservadores, Carlos Andrés Trujillo. Algunos aseguran que es claro el interés que han tenido estos para pasar al Ejecutivo. No obstante, la reforma iría más allá de estos dos nombres. Como reseñó el representante Cristian Avendaño, también de los verdes, existe la posibilidad de que un congresista legisle a favor de algún sector y de inmediato saltar a este.
Como en otros puntos, si no hay un artículo que deje claro que no entra en vigor para 2023, este apartado podría terminar siendo determinante para las elecciones regionales. Se ha venido rumorando que algunos representantes estarían pensando en renunciar a sus curules para así pasar a ser candidatos, sobre todo en Bogotá, donde hasta el momento no hay una candidatura fuerte en los sectores alternativos. De esta manera se habilitaría del todo a los congresistas para aspirar en 2023, pues persisten dudas sobre si ya estarían inhabilitados, pues les tocaba renunciar a más tardar en octubre. Para la MOE, en voz de Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral, “esto deja un ruido enorme a la reforma. Se quiere favorecer a las personas del actual Congreso. Modifican la Constitución para unos intereses de pocos”.
De otro lado, recientemente, pues se agregó en el último debate en Cámara, la eliminación del tope del 15 % es un asunto de amplia controversia, en gran parte porque terminaría beneficiando a partidos tradicionales y al Pacto Histórico. Los primeros ya habían intentado meter sin éxito este tema en otras reformas. No obstante, esta vez también podría tener el apoyo del petrismo, pues el Pacto está viendo cómo ser un proyecto de largo aliento y no quedarse solo con lo de las elecciones de 2022, y para ello tiene que superar el escollo de dicha prohibición para volver a ser coalición. En la mesa está la propuesta de volverse un único partido, pero no ha gustado en las fuerzas de izquierda, que tendrían que renunciar a su personería. Entonces podría jugarles muy a favor tumbar del todo el tope. Sin embargo, esto ha despertado el temor de varios que han dicho que se puede terminar construyendo un sistema de pocos partidos, aplastando a las pequeñas colectividades.
“El tema de coaliciones es gravísimo. Los partidos tradicionales se sienten débiles y por eso piden agruparse en coaliciones. Meter coaliciones para todo el mundo acaba con las minorías”, expresó Ariel Ávila. Por su parte, Katherine Miranda, también de la Alianza Verde, ha sido más dura y calificó como “una vergüenza esa vaina”. “Al pacto se le olvida que ese tope fue lo que les permitió ser gobierno”, recalcó. En un sentido parecido se pronunció la representante Tatiana Sánchez, segunda vicepresidenta de la Cámara y del movimiento que impulsó Rodolfo Hernández: “No vamos a poder crecer los partidos pequeños por ese tema de las coaliciones. Están pensando en legislar para intereses propios”. Mancera, de la MOE, calificó este punto como otro ruido que daña puntos valiosos de la reforma, pues “las coaliciones buscan garantizar la existencia de minorías y no ser aplastadas por los partidos de grandes votaciones. Lo que termina es afectando a estos partidos pequeños”, concluyó.
Hay otros puntos que generan resistencias, pero que son el espíritu mismo de la reforma, y son los de las listas cerradas y la financiación estatal. Voces de la Alianza Verde, Cambio Radical y otras colectividades ven con suspicacia este punto, pues aseguran que es la forma en la que el “bolígrafo” de las cabezas de los partidos terminen definiendo las listas. “El partido de gobierno que llega quiere promover las listas cerradas e imponerlas porque les asegura continuidad. Va en contra del derecho de la ciudadanía para que voten por el candidato de su preferencia”, expresó la representante Miranda, quien aseguró que, en caso de aprobarse, toda la corrupción de las listas abiertas se trasladaría a unas eventuales elecciones primarias.
También ha habido dudas en cuanto a la financiación 100 % estatal, pues se cuestiona si llegarían los recursos a todos. Sin embargo, en estos dos últimos casos, este es el espíritu original de la reforma y ha sido siguiendo la recomendación de distintas organizaciones. En cambio, las introducciones mencionadas anteriormente estarían desnaturalizando la reforma y sembrando ruidos innecesarios, como señala la MOE. Habrá qué esperar que pasa en el primer semestre de 2023. Ya hay sectores que dicen que el texto no pasará de marzo.
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