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La turbulencia diplomática con la que inició el año —con un enero agitado por las posesiones de Nicolás Maduro en Venezuela y de Donald Trump en Estados Unidos— anticipa el tono de lo que será el resto de 2025. Esos relevos de mando en dos Estados clave para Colombia imponen una nueva ruta para la diplomacia del Gobierno de Gustavo Petro, que ya está caracterizada por tensiones y desavenencias con algunos de sus homólogos en la región, los esfuerzos finales por consolidar al país y al mandatario como figuras estabilizadoras a nivel global —un discurso que hasta ahora no ha calado con fuerza— y por los ajustes de varias fichas del servicio exterior, incluyendo al canciller Luis Gilberto Murillo.
Todo lo sucedido en los últimos diez días, en el preámbulo de la investidura de Maduro el pasado viernes, dejó heridas en la relación entre Bogotá y Caracas. Incluso, pese a la cercanía ideológica de Petro con el líder del régimen venezolano, el equilibrio de la relación binacional se tambaleó al punto de desencadenar una discusión con Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela, por la captura de Enrique Márquez, excandidato de la oposición y miembro del Frente Democrático Popular de Venezuela. Tras una reunión a puerta cerrada con el canciller el martes y por sugerencia de este último, por primera vez en más de cinco meses Petro se vio obligado a afirmar que no reconocía los resultados de las elecciones en ese país por falta de transparencia. También terminó de delimitar la estrategia con la que esquivó la ceremonia en la que el heredero del fallecido Hugo Chávez comenzó su tercer periodo al frente del Palacio de Miraflores.
En medio de lo complejo que resulta defender las actuaciones de Maduro, la administración Petro trató con pinzas la situación de los últimos días para que su rechazo a los resultados electorales y la ausencia del mandatario en Caracas no se perciban como un golpe que podría llevar al régimen a romper las relaciones bilaterales o a cerrar la frontera, que se extiende por 2.200 kilómetros, más allá de las 72 horas establecidas como medida preventiva para la posesión. Cuando se supo que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado había sido detenida el jueves, Murillo y su equipo asesor tuvieron que darse cita una vez más en el Palacio de San Carlos y resolvieron emitir un comunicado rechazando “el acoso sistemático a los opositores” venezolanos. Cinco horas más tarde, el ministro amplió la postura con una declaración en la que aseguró que, en cualquier caso, “romper las relaciones con Venezuela no sirve de nada y afecta a todo el país”.
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Pero los movimientos diplomáticos de Colombia no calaron bien en el régimen. Con una nueva tensión creciente, es complejo que el país vecino “invite” otra vez al gobierno colombiano a ejercer un rol conciliador con la oposición, camino que han propuesto en varias ocasiones Petro y Murillo. Esta postura es un vestigio de un plan que en su momento involucró a México y Brasil, pero que perdió impulso tras la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia mexicana, quien se enfocó en las elecciones de Estados Unidos, y la pérdida de interés por parte del gobierno brasileño.
En cualquier caso, se avecina la segunda prueba de fuego para la diplomacia colombiana en cuestión de diez días, y la última que deberá superar Murillo si decide a renunciar a su cargo como ministro de Exteriores para abrazar sus aspiraciones presidenciales: el retorno de Trump a la Casa Blanca, y el latigazo que este cambio de mando implicará para Colombia, uno de sus socios más cercanos en la región. Este contexto, sin embargo, no es ajeno a las decisiones que ha tomado el país en relación con Venezuela. Fuentes cercanas a la Cancillería confirmaron que, en efecto, Washington ha estado siguiendo de cerca la postura del gobierno Petro frente a la crisis política venezolana, y desde ya se perciben indicios de que les gustaría entablar un diálogo después del 20 de enero, el día en que el republicano asumirá su cargo, al menos para asegurar que Colombia tenga un “papel consultivo” en el tema.
Por ahora, la Cancillería no ha sostenido diálogo con Marco Rubio, nuevo secretario de Estado estadounidense. Sin embargo, desde un ala del Congreso estadounidense también se ha manifestado la intención de interactuar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y, en general, con el Ejecutivo nacional. De hecho, dos senadores colombianos llegaron al Capitolio, y uno de ellos, el republicano Bernie Moreno, ya se reunió con la directora del Dapre, Laura Sarabia, para abordar los retos compartidos en materia de migración y política de drogas. “Ambos líderes destacaron la importancia del sector privado como motor del desarrollo conjunto, en un esfuerzo por construir puentes sólidos entre Colombia y Estados Unidos”, informó la Casa de Nariño.
Moreno había expresado que, en su opinión, lo más probable es que Trump trabaje de la mano con Maduro, quien fue “el presidente que eligieron los venezolanos”. Sin embargo, aún no hay señales claras sobre cómo el reelecto magnate asumirá la situación del régimen venezolano. Petro, por su parte, destacó que “permanecer en el poder y regalar el petróleo parece ser la propuesta de varios núcleos de la política norteamericana”.
El interés de Washington en Caracas es bien conocido, especialmente debido al petróleo, pero también por la necesidad de impedir que países como Rusia, China e Irán, entre otros, amplíen su influencia en la región siendo hostiles a las formas occidentales. Los movimientos de Bogotá también han estado marcados por la prevención que quedó del año pasado, cuando una flotilla de la Marina de Guerra de Rusia, que incluía un submarino de propulsión nuclear, llegó a La Habana.
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Más allá de Venezuela, no obstante, existe un abanico de temas que podrían desatar un choque entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos. El más evidente, y uno del que ya ha comenzado a hablar Petro, es la eventual decisión de Trump de no cumplir con los acuerdos energéticos internacionales diseñados para enfrentar la crisis climática. “Quizás llevará la crisis climática a su irreversibilidad. Espero que sepa entender el gobierno de Colombia, un gobierno decidido a la transición energética”, señaló el mandatario hace una semana.
El presidente electo ha dejado entrever que, bajo su administración, Estados Unidos podría alejarse de los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático. Por ejemplo, ha reiterado su intención de retirarse del Acuerdo de París, considerando que esas medidas podrían obstaculizar la competitividad económica del país frente a grandes emisores de carbono como China e India, una respuesta lógica al hecho de que una de las principales obsesiones de Trump en su nuevo gobierno será adelantar al gigante asiático en la guerra comercial.
Además, temas como el Canal de Panamá están en la mesa, después de la amenaza del republicano de “recuperarlo” cuando asuma el poder, lo cual ya fue criticado por Petro, quien salió en defensa de la soberanía del país vecino. Otros temas también incluyen el paso de migrantes por el Tapón del Darién e incluso los cultivos de hoja de coca.
De hecho, hay algunos choques que ya se han empezado a concretar por asuntos como la guerra en la Franja de Gaza; la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) en protesta por su orden de arresto contra funcionarios israelíes. En este contexto, Petro calificó la acción del Congreso estadounidense como “el inicio de la barbarie global” que intenta proteger a un genocida, que es la forma en que se ha referido en múltiples ocasiones a Benjamín Netanyahu, primer ministro del Estado judío, desde que estalló la confrontación contra Palestina.
En cualquier caso, la diplomacia colombiana no solo está entre la espalada y la pared con los países que quedarán en manos de Maduro y Trump. Los retos sobre los lazos latinoamericanos son también cada vez más palpables. Brasil es uno de los países que se han ido alejando de Petro en materia diplomática. La distancia se comenzó a notar con más claridad en el último trimestre de 2024, cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no llegó a Cali a participar en la COP16. Aunque luego se encontraron en el marco del G20 en Río de Janeiro, entre los dos jefes de Estado se han empezado a sentir diferencias por temas como la transición energética, ya que Lula asegura que el mundo aún no está preparado para prescindir completamente de los combustibles fósiles.
A eso se le debe sumar que se han comenzado a ventilar distancias con otros líderes de la izquierda latinoamericana. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dejó la cautela que aún mantienen México y Colombia y se refirió sin rodeos al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, un término que Petro evita. Esta declaración no solo tensiona la relación con Venezuela, sino que también cuestiona cómo el progresismo en la región aborda regímenes como los de Maduro y Daniel Ortega (Nicaragua). “Desde la izquierda política les digo que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura”, dijo el jefe de Estado chileno este jueves.
Precisamente, con Ortega, mandatario nicaragüense, Petro sostenía una concordancia ideológica que se deformó al punto de que el mandatario colombiano sí le dice a él dictador. “Ortega fue revolucionario como yo (…). No vas a ser un revolucionario más de los muchos que ha habido, y algunos colombianos, que se pasa al otro bando y de libertador se convierte en dictador”, dijo el año pasado en un claro intento por desmarcarse de las políticas represivas de Managua; pero, al igual que lo ha jugado con Venezuela, sin romper las relaciones binacionales.
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Mientras tanto, el presidente argentino Javier Milei ha optado por ignorar las constantes pullas que le lanza el mandatario colombiano. Petro ha persistido en su plan de provocarlo, diciendo incluso que su homólogo podría convertirse en dictador. Las diferencias ideológicas entre ambos líderes no son nuevas e incluso ya hubo una crisis que derivó en el llamado a consultas de los embajadores de ambos países y fracturó el diálogo binacional.
Más allá de los enormes retos que tiene la diplomacia colombiana en este continente, este año también continuará marcado por las dos grandes guerras que se libran en este momento: Israel y Palestina, y Rusia y Ucrania. De hecho, con el ingreso de Colombia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el primer mandatario estableció que, además de buscar un acuerdo en Venezuela, su postura seguirá la misma línea que trae desde que se recrudeció el conflicto en Gaza, luego del 7 de octubre de 2023, condenando el “genocidio” en Palestina: “La posición colombiana ante la violación sistemática de los derechos humanos en Palestina será precisa y contundente”.
Este tema no es menor, ya que el restablecimiento de relaciones con Israel se ha convertido en uno de los puntos que algunos precandidatos de la oposición, como la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), ya han vuelto una bandera para los comicios presidenciales de 2026. Aunque el progresismo ha calificado de inviable que se reanuden los contactos con Tel Aviv, desde diversas posturas políticas se le reclama a Petro que nunca haya sido tajante al condenar las acciones terroristas de Hamás en el contexto de esa guerra y que fueron el detonante de todo.
Con respecto al conflicto entre los países que dirigen Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, el gobierno ha buscado convertirse en un mediador, un espejo con la voluntad que hoy en día expresa frente a Caracas. En noviembre del año pasado, Murillo se reunió con la ministra de Política Social de Ucrania, Oksana Zholnovych, y con el canciller ruso Sergei Lavrov. Aunque el jefe de la cartera de Exteriores fue claro en el deseo de Colombia de contribuir a la salida negociada de la guerra, ninguna de las dos partes mostró especial interés en la oferta.
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A Petro le queda un año y medio en el poder, y en este tiempo su estrategia diplomática entra en una fase crucial, especialmente considerando el rol de anfitrión que desempeñará Colombia en cumbres internacionales, como la presidencia Pro Tempore de la CELAC. Los ojos seguirán puestos en su agenda internacional, que hasta la fecha ha incluido 51 viajes desde el 7 de agosto de 2022, lo que ha sumado 151 días fuera del país en su rol como jefe del Ejecutivo. En 2024, según información proporcionada por el Dapre a la senadora María Fernanda Cabal, se destinaron alrededor de $3.295 millones para transporte, alimentación y hospedaje para el mandatario y las comitivas que lo acompañan.
Además, pronto comenzará la desbandada en la cartera de Exteriores, comenzando con el canciller Murillo, quien dejará el cargo a finales de enero. Según fuentes de la Cancillería, a él le seguirían varios embajadores: Roy Barreras, jefe de misión en el Reino Unido; Alfonso Prada, en Francia; Camilo Romero, en Argentina; y, entre otros, Guillermo Rivera, en Brasil. De hecho, de varios nombramientos de embajadores dialogaron el canciller y Petro en la reunión de esta semana.
Si la salida de Murillo se confirma tras la posesión de Trump, quien asuma el liderazgo del ministerio enfrentará un turbulento 2025. Su desafío será mantener los frágiles lazos con Venezuela, asegurando que temas clave como los diálogos de paz con el ELN y la importación de gas no se vean comprometidos. Además, deberá sostener un canal directo con la Casa Blanca, maniobrando con cautela para evitar que los pronunciamientos públicos del presidente Petro y del mismo Trump desestabilicen la dinámica binacional.
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