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Este martes fue confirmado que los militares que están inmersos en los procesos por la retoma del Palacio de Justicia podrían acogerse a los beneficios del marco legal para la paz que está en trámite en el Congreso de la República.
Como lo adelantó El Espectador el pasado 6 de febrero, la idea es que los uniformados puedan acceder al mecanismo de justicia transicional que llevaría a la suspensión de la pena, según lo establece la reforma en trámite.
El senador Roy Barreras, autor del acto legislativo, dijo que es partidario de que en el marco del conflicto, aquellos militares que sean culpables en última instancia, siendo ese un delito cometido en el marco del conflicto y habiendo indultado a los terroristas del M1-9 que se tomaron el Palacio de Justicia, puedan acogerse a la justicia transicional.
“La Ley de Víctimas incluyó a las víctimas de agentes del Estado y cómo pueden conocer esos mártires la verdad sino es porque sus victimarios se someten a la justicia transicional”, sostuvo Barreras.
Así las cosas, luego de la confesión de cualquier presunto delito cometido, los militares implicados en el caso del Palacio podrían recibir la suspensión de las penas.
De otro lado, Barreras aclaró que ningún crimen atroz o de lesa humanidad hará parte del marco para la paz. La idea es que en futuras desmovilizaciones masivas, donde el Estado no tenga elementos para perseguir a quien entregue las armas, pueda aplicarse esa herramienta.
El acto legislativo plantea instrumentos de justicia transicional para los actores del conflicto (incluido los militares). Se convertiría en la herramienta jurídica para que el presidente Juan Manuel Santos establezca una negociación con grupos armados insurgentes.
El proyecto será discutido por la Cámara de Representantes en sexto de ocho debates.
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