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El Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, expresó su “profunda preocupación y rechazo” ante el incremento de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela ad portas de la posesión de Nicolás Maduro, programada para este viernes 10 de enero.
“Las detenciones de Carlos Correa, Enrique Márquez y el acoso sistemático a líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, llevan al Gobierno Colombiano a reiterar el llamado a las autoridades venezolanas a que se respeten integralmente sus derechos”, se lee en el comunicado.
Según la cuenta oficial de Comando con Venezuela, el movimiento de Machado, la líder de la oposición fue interceptada saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, este jueves: “Fue tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios videos y luego fue liberada. En las próximas horas ella se dirigirá al país para explicar los hechos”.
El canciller Luis Gilberto Murillo se reunió este jueves con un grupo de asesores para abordar la crisis desatada por la situación de Machado, un suceso que generó fuertes reacciones en Colombia y puso al gobierno de Gustavo Petro a evaluar el paso a seguir con respecto al régimen de Nicolás Maduro.
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La Casa de Nariño, a su vez, está verificando la información sobre la situación en Venezuela y, en su cuenta de X, Petro solo se limitó a reaccionar a la noticia de que los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe e Iván Duque condenaron la detención.”El mundo de la fake news”, dijo el jefe de Estado.
Hasta el momento, la decisión del gobierno colombiano ha sido mantener relaciones diplomáticas con Venezuela y enviar al embajador en Caracas, Milton Rengifo, como representante a la investidura presidencial de Maduro, programada para este viernes 10 de enero. Este miércoles, la Casa de Nariño reiteró su compromiso con la estabilidad binacional y descartó medidas extremas como el cierre de la frontera, que supera los 2.200 kilómetros.
“Colombia, en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, siempre apegada al multilateralismo y al Derecho Internacional, insta a las autoridades venezolanas para que en todo momento y circunstancia brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y la movilización social, como elementos fundamentales del conjunto de derechos civiles y políticos en cualquier democracia”, concluyó la Cancillería en su comunicado.
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