Más allá de unificar el período de los gobernantes

El primer paso que dio esta semana en la Cámara de Representantes el proyecto que busca unificar los períodos de autoridades nacionales y territoriales —que implica la prórroga del mandato de los actuales alcaldes y gobernadores— tiene las alarmas encendidas en las fuerzas políticas alternativas del país, aquellas que en la reciente campaña, que derivó en el regreso a la Presidencia del uribismo, mostraron fortalezas que no se habían visto en el pasado y que tienen sembradas sus esperanzas y expectativas en las elecciones locales y regionales de 2019, prueba de fuego para seguir consolidándose y avanzando en la búsqueda del poder.

Porque si bien Iván Duque ganó con holgura, el nuevo mapa político dio señales en ese sentido: Gustavo Petro, de la Colombia Humana, y Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia (verdes, Polo y Compromiso Ciudadano), fueron mayoría en regiones claves; por ejemplo, Atlántico y Valle del Cauca, en el caso del primero, y Bogotá, en el caso del segundo. Desde ese momento, ambos hablaron de un nuevo objetivo: impulsar nuevos y sólidos liderazgos en el proceso del próximo año, sin duda, cimiento para la batalla presidencial de 2022.

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Un impulso que, cree esa oposición, puede ahora verse frenado con el acto legislativo en mención. Hay consenso en el Congreso, eso sí, en que se necesita unificar los períodos en aras de lograr la coordinación y estructuración entre los planes de desarrollo del Gobierno nacional con los de las administraciones departamentales y municipales; solo que la transición propuesta, otorgándoles dos años de más a los actuales mandatarios, hace pensar que se trata de una movida estratégicamente pensada, con nombres propios y que obedece a intereses coyunturales. De ahí que el actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sin buscarlo, esté en el ojo del huracán, pues muchos creen que la medida se está haciendo a su favor.

Para quienes defienden la propuesta, como el representante César Lorduy, de Cambio Radical y uno de los ponentes, el espíritu no es premiar a los alcaldes malos y mucho menos favorecer a los buenos. “Igual, tampoco pueden afirmar que esto es para afectar las expectativas de algunas fuerzas políticas para las próximas elecciones. Por el contrario, lo que se busca es corregir lo que a nuestro juicio es una imperfección de nuestra democracia”, indicó. A su vez, el senador John Harold Suárez, del Centro Democrático y quien ha sido dos veces alcalde de Buga, habla a partir de su experiencia: “Se necesita hacer coincidir los planes de desarrollo. Los programas de gobierno nunca se pueden cumplir porque uno, como alcalde de municipios de categorías de la dos a seis, no cuenta con recursos propios y depende de la gestión ante los ministerios”.

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Sin embargo, Suárez piensa que no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad del partido, ya que en 2015 la gente votó por cuatro años, por lo que se debe buscar una salida salomónica al asunto, recalcando de paso que la oposición no puede pretender atravesarse a una necesidad imperiosa, solo porque en los comicios pasados logró unas mayorías en ciertas partes, lo cual no les garantiza que se repitan dentro de un año. “No pueden venir a hablar de tiranía. La razón de ser son los 48 millones de colombianos. Podemos tener visiones diferentes, pero lo principal debe ser el bien común”, subrayó.

Al hablar de “tiranía” hace alusión a las declaraciones del hoy senador Petro, quien asegura que lo que busca la clase política tradicional es perpetuarse en el poder y cerrarles el paso. “Democracia son reglas ciertas para resultados inciertos. Con el cambio propuesto, lo que se pretende hacer son reglas inciertas para resultados ciertos (…) la división de las elecciones locales y nacionales en la Constituyente de 1991 lo que buscó fue evitar que se juntaran las maquinarias políticas en una sola votación”, dijo en entrevista con W Radio. Con un mensaje directo a los actuales mandatarios: “Alcalde que siga gobernando el día siguiente de acabarse su período por el cual el pueblo lo votó es una tiranía”.

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Juan Milanese, analista político, está convencido de que nadie que tenga aspiraciones estará dispuesto a esperar dos años más, algo que aplica no solo para la oposición sino también para las fuerzas afines al Gobierno Duque. Por eso, le llama la atención que desde la Casa de Nariño se tenga una postura tibia, al menos por ahora, y que el Centro Democrático haya votado a favor del proyecto en el primer debate, cuando lo lógico es que apostara por ir a la batalla electoral en 2019 a ganar alcaldías y gobernaciones. “Varios de quienes apoyan el proyecto son de partidos que cuentan con varios alcaldes y gobernadores y la aspiración de cualquier político es gobernar. Si se puede prorrogar el mandato dos años más, es de esperar que esos actores se comporten de ese modo”, agregó.

La representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde y quien presentó una ponencia alternativa que planteaba que la transición se hiciera en 2028, insiste en que somos los ciudadanos los que tenemos que decidir el próximo año quiénes serán nuestros gobernadores y alcaldes. “Sería contrario al principio democrático pretender alargar un período cuando esas personas fueron elegidas únicamente por cuatro años. Queda claro que el único interés de este proyecto es alargarles los períodos a los actuales alcaldes y gobernadores”, enfatizó.

De hecho, el viernes pasado se llevó a cabo una reunión de varios exconstituyentes con el fin de hacer un pronunciamiento público de rechazo a la prórroga. Entre ellos estuvieron María Teresa Garcés, Iván Marulanda, Jesús Pérez, Gustavo Zafra, Héctor Pineda y Armando Novoa, quien manifestó que con este tipo de proyectos, Colombia está transitando hacia el desvertebramiento estructural de la Constitución del 91: “Clausurar el ciclo electoral implica la interrupción de la normalidad institucional que establece la Carta Política”.

Hay quienes no comulgan con la tesis de que la unificación de períodos, y con ello de elecciones, es una necesidad y, por el contrario, lo ven como algo perjudicial porque se marchita la democracia local y se incrementan los riesgos de polarización política y de tiranía mayoritaria. Como lo escribió en este diario Rodrigo Uprinmy, investigador de Dejusticia, la iniciativa frustra la expectativa de quienes esperan las elecciones de 2019 para que eventualmente haya renovación en las administraciones municipales o departamentales: “Pero ahora esas elecciones son unilateralmente abolidas por el Congreso, con una medida que se asemeja a la supresión de las elecciones territoriales por Maduro hace algunos años, que fue para muchos el momento de quiebre en que Venezuela dejó de ser un régimen autoritario para convertirse en una dictadura”.

El proyecto apenas pasó el primero de ocho debates que requiere para ser realidad. Petro cree que la discusión definitiva que marcará su rumbo se dará en la Comisión Primera del Senado, adonde debe llegar más o menos en un mes. Ya personajes con peso político, como Álvaro Uribe, se manifestaron en contra y hasta propusieron otra alternativa: habilitar la reelección de alcales y gobernadores. La iniciativa está sobre la mesa y con ella el pulso político de 2019 y de 2022 ya arrancó.