Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Por cuenta del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado colombiano por la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos que le hizo la Procuraduría a Gustavo Petro en 2013 cuando era alcalde de Bogotá, este miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que estudiará eventuales modificaciones a sus procedimientos.
Según la autoridad electoral, será conformada una comisión especial para estudiar la sentencia, que tiene efectos jurídicos importantes para Colombia, en tanto asegura que un órgano administrativo como la Procuraduría no puede aplicar ese tipo de sanciones a funcionarios elegidos por voto popular porque lesiona gravemente los derechos políticos de los afectados, por lo que tal determinación solo la puede emitir un juez penal.
En contexto: Caso Petro: dos miradas diferentes sobre los efectos del fallo de la Corte IDH
Ante ello, el CNE explicó que se busca determinar si se deben ajustar los procedimientos y reglamentos en relación con la revocatoria de inscripciones a cargos de elección popular e investigaciones administrativas sancionatorias.
“Se busca actuar conforme al principio de convencionalidad y así dar cumplimiento al citado fallo, mientras que el Congreso de la República hace las reformas legales”, explicó el presidente del organismo, Hernán Penagos.
La comisión, creada al termino de la sala plena celebrada hoy, estará conformada por un delegado de cada despacho y el secretario General del CNE, y luego se llevará a sala plena.
La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado le vulneró los derechos políticos y el debido proceso al exalcalde de Bogotá y hoy senador Gustavo Petro (Colombia Humana), cuando la Procuraduría lo destituyó por la renombrada crisis de las basuras en la capital.
También le puede interesar: El pulso que ganó Petro ante la Corte IDH
El fallo pone al Estado colombiano a repensar el alcance tanto de la Procuraduría como de la Contraloría en las investigaciones contra políticos que llegan a cargos de elección popular y a definir nuevas estrategias en su lucha contra la corrupción.
En la sentencia de 63 páginas, el tribunal determinó que el ordenamiento jurídico colombiano tiene elementos que son incompatibles con artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que existen sanciones y normas que pueden restringir derechos políticos o “pueden inhibir a una persona para postularse a un cargo público, cuando haya sido objeto de una sanción disciplinaria o fiscal, constituyendo así un riesgo para sus derechos políticos y los de sus electores”.
La Corte IDH recordó que los Estados deben adecuar sus normas internas y suprimir prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación de los derechos políticos. Por eso, además de reconocer la vulneración de los derechos políticos, de exigir una indemnización y, en general, de que la sentencia se constituye como una forma de reparación para Petro, uno de los puntos más importantes es la orden al Estado para que, en un plazo razonable y como garantía de no repetición, adapte el ordenamiento interno de acuerdo con las consideraciones de la sentencia.
Es decir, Colombia tendrá que suprimir o ajustar las normas y prácticas que, a su juicio, no garantizan el cumplimiento de los derechos políticos reconocidos por la Convención Americana.
Conoce más