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El expediente contra el excongresista conservador Luis Fernando Almario Rojas, que aterrizó en mayo de este año en la Fiscalía de la Justicia Especial para la Paz (JEP) para ser el primer político acusado en la justicia transicional, está en vilo. Todo, luego de que la Procuraduría remitiera un documento de 39 páginas en el que asegura que se violó el protocolo del proceso judicial. La razón es que, de acuerdo con el Ministerio Público, el exlegislador procesado por sus vínculos con las extintas Farc debería ser expulsado de la jurisdicción transicional.
Para la Procuraduría, el paso del expediente por la Fiscalía de la JEP le permitiría a Almario Rojas beneficiarse de la reducción de penas, algo estipulado en la órbita transicional, lo que significaría que si lo condenan por aliarse con la guerrilla por ejecutar una masacre, pagaría una pena no mayor a 20 años de cárcel, mientras que, en la justicia ordinaria, esa condena podría elevarse hasta a dos décadas más.
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El caso por el que lo acusan es por la masacre del entonces congresista Diego Turbay Cote y de su madre, Inés Corte de Turbay, perpetrada el 29 de diciembre de 2001 en Caquetá y en la cual también fueron asesinados cinco escoltas. Tras varios pelotazos entre despachos judiciales y la confrontación de testimonios de diversas índoles, incluyendo a entonces guerrilleros de las FARC, se recaudaron pruebas sobre el lazo de Almario con esa matanza.
Almario Rojas, un curtido político del Caquetá que siempre militó en el Partido Conservador, está acusado de contratar a la extinta guerrilla de la FARC para acribillar a una familia políticamente contraria a sus intereses (los Turbay Cote) y que siempre se aupó en el Partido Liberal. Desde la colectividad azul hizo su paso por el Congreso e impulsó a candidatos suyos a alcaldías de ese departamento en la década de los 90.
Pero Almario terminó en la JEP porque quiso someterse a esa justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 10 años de prisión por sus nexos con paramilitares. Sin embargo, aunque su aterrizaje en ese tribunal fue voluntario, la jurisdicción determinó que no cumplió con sus obligaciones y tampoco reconoció su responsabilidad en la masacre, y, por lo mismo, el tribunal envió su expediente a la Fiscalía de la justicia transicional el 29 de mayo de 2023.
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Lo que alega el Ministerio Público es que, si su expediente continua en la justicia ordinaria, enfrentaría una pena de al menos 40 años de cárcel, pero al estar en este tribunal especial, la condena máxima podría ser la mitad: dos décadas. O, incluso, menos, si decide aportar verdad y reparar a sus víctimas antes de ser condenado, algo a lo que –en todo caso– se ha negado.
Por eso, el documento que le remitió la Procuraduría a la JEP, y que El Espectador tiene en su poder, podría sacudir el expediente judicial. Si bien está fechado del 27 de junio de 2023, solo se hace público hasta ahora y, de acuerdo con fuentes de ambas entidades, todavía no hay respuesta de fondo.
“El compareciente no solo insistió en que es inocente de los hechos victimizantes sufridos por la familia Turbay Cote, por los que la Corte Suprema de Justicia lo estaba investigando, sino que negó tener cualquier tipo de responsabilidad en aquellos por los que tiene en su contra una sentencia condenatoria en firme por los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al sufragante”, se lee en el documento.
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A lo que se refiere en ese apartado Jairo Ignacio Acosta, procurador Delegado ante la JEP –quien firmó el oficio–, es que Almario no profundizó ni aceptó su responsabilidad en ninguno de los expedientes que terminaron aterrizando para análisis de la justicia transicional, e incluso que se declaró perseguido de las FARC y la columna Teófilo Forero que fue la que perpetró el asesinato de los Turbay Cote y sus escoltas.
Y aunque la norma establece que, cuando un compareciente no acepta la responsabilidad de los hechos que se le endilgan, es función de la Fiscalía de la JEP acusarlo para que sea enjuiciado, en este caso la Procuraduría alertó que –en plata blanca– Almario Rojas no tiene ningún interés de hacer aporte alguno al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición y que, por lo mismo, lo que procedería es su expulsión.
“La postura defensiva asumida por el compareciente, quien de manera enfática insistió en el deseo de someterse a un juicio contradictorio en el que pueda demostrar su inocencia y la incertidumbre de la magistratura acerca de su responsabilidad, precipitaron la temprana remisión del asunto a la Fiscalía de la JEP”, advirtió la Procuraduría. En otras palabras, lo que se argumenta es que el procedimiento judicial no fue el correcto y que, ante su falta de voluntad para hacer aportes, la JEP debía haber evaluado su permanencia en ese tribunal.
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Todo este escenario ha repercutido sobre los derechos de las víctimas, según el escrito de la Procuraduría, por lo que deberían tomarse decisiones. Incluso, mantener a Almario en la JEP, de acuerdo con el Ministerio Público, es una especie de afrenta a las bases sobre las que se construyó esa jurisdicción, tras la firma de la paz con las extintas FARC.
Por eso, la entidad solicitó de manera explícita que se “decrete la nulidad de todas las actuaciones surtidas ante la JEP”, con las cuales se “aceptó el sometimiento del compareciente Luis Fernando Almario Rojas”. Y, de paso, que “se declare la nulidad de todas las actuaciones” que sustentan “la remisión del proceso” a las instancias de acusación de esta jurisdicción. En otras palabras, que lo expulsen y devuelvan sus expedientes a la justicia ordinaria para que allí responda con las imputaciones criminales que se le imputan.
(“Lo hago responsable de cualquier suceso que ponga en riesgo mi vida e integridad”)
En todo caso, si no se acepte esta petición, la Procuraduría pidió revisar el fondo de sus argumentos, en especial en lo relacionado con las víctimas, y determinar si hay o no temas por corregir a nivel jurídico para que el expediente contra Almario sí contribuya con la verdad y permita esclarecer una masacre de siete personas que, como lo dice la Fiscalía de la JEP, habría tenido fines políticos y habría involucrado de forma directa a unas de las estructuras más sangrientas de las FARC.
Así las cosas, la expectativa sobre la decisión que se tome en la JEP es amplia, porque esto podría sentar jurisprudencia sobre otros casos que pacen a juicio por la negativa de los comparecientes a aceptar sus responsabilidades en los crímenes cometidos durante cinco décadas de guerra. Su pronunciamiento, en todo caso, se conocería en cuestión de semanas.
Este es el oficio completo de la Procuraduría:
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