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Para nadie es ajeno que Medellín, en los ámbitos nacional, regional y mundial, se está configurando como una ciudad pensada para los objetivos del futuro. Ese camino se vino labrando desde hace años y las cosechas comenzaron a recogerse, puntualmente, desde 2013, cuando Citi Group y The Wall Street Journal la reconocieron como “La metrópoli más innovadora del mundo”, por encima de Nueva York (EE. UU.) y Tel Aviv (Israel). Asimismo, en 2019, en la capital antioqueña se instaló para Latinoamérica el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, sede que también la tienen San Francisco (EE. UU.), Tokio (Japón), Mumbai (India), Israel, Noruega, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.
A todo esto se le suma el proyecto de convertir a Medellín en un valle del software, tema que está incluido en el Plan de Desarrollo de la actual administración y que pretende potencializar la Cuarta Revolución Industrial (todos los desarrollos digitales como internet de las cosas, inteligencia artificial, robótica, entre otros). A la par de estos pasos dados hacia ese propósito de ser una ciudad del futuro, también se ha venido pensando y hablando la posibilidad de transformarla en un distrito que acoja esas palabras que la han venido catalogando: ciencia, tecnología e innovación.
Precisamente, en 2019, el Centro Democrático radicó un proyecto en ese sentido. En Colombia, los entes territoriales se dividen en territorios indígenas, municipios, departamentos y distritos. Estos últimos están reglamentados en los artículos 286 y 356 de la Constitución Política y la Ley 1617 de 2013, que dicta su régimen y les otorga facultades, instrumentos y recursos diferentes.
Sin embargo, ese proyecto no prosperó, se le criticaron los costos que representaría para la ciudad, creándose a la luz de los dictámenes de la Ley 1617, y por ello, la bancada uribista presentó un acto legislativo en el semestre pasado para que se le reconociera como distrito especial, introduciendo un parágrafo que determina que Medellín “o estará obligada a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos”. En otras palabras, con esto excluyen el marco de la 1617, que obliga la creación de localidades (Medellín tiene comunas), que en su reorganización reducirían las juntas administradoras locales y, por ende, serían menos los ediles a los que se les deberían pagar honorarios o el nombramiento de alcaldes locales, entre otras disposiciones.
Con la reforma constitucional buscan que Medellín, al igual que Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, aparezca en la Carta Política, específicamente en el artículo 328, referenciada como un distrito especial. “Pasamos de proyecto de ley a acto legislativo porque como proyecto debía someterse a la Ley 1617, que impone unos requisitos para la conformación del distrito, como una reforma administrativa y presupuestal que aumentarían los gastos de funcionamiento. Estas imposiciones en nada benefician a Medellín. Con el acto legislativo, que tiene mayor jerarquía normativa, la ciudad no tendrá que hacer modificación administrativa que implique aumento de gastos de funcionamiento”, explicó el senador Santiago Valencia, quien lidera la iniciativa.
El parlamentario dice que, una vez aprobada, tendrían que entrar a reglamentar a Medellín como distrito, es decir, determinar los beneficios a las empresas, impulsar los procesos de patentes, reforzar la tarea de las universidades en cuanto a las tareas en ciencia, tecnología e innovación, y crear zonas especiales que se catapulten como centros de desarrollo en la materia, entre otros asuntos. Sin embargo, para el profesor Santiago Leyva, coordinador de la maestría de gobierno políticas públicas de Eafit, esto no es así, pues ya existe una ley que lo reglamenta (la 1617) y debe aplicarse a todos los entes, sin distingo alguno.
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“No es que por cada distrito se crea un reglamento distinto, a todos se les aplica por igual”, explica Leyva, quien, a la vez, prevé que, aprobada la iniciativa, a la que le reconoce que tiene buen ambiente político, “se abriría un limbo jurídico” porque entraría a revisión constitucional en la Corte y, de declararla exequible, a su juicio, los distritos creados a la luz de la Ley 1617, como Turbo, Barrancabermeja, Riohacha y Mompox, entrarían a reclamar por las condiciones desiguales.
El senador Valencia replicó a Leyva diciendo que “en Colombia, actualmente, hay diez distritos y no han sido creados exclusivamente en vigencia o en cumplimiento de la Ley 1617, sino que han sido, en la mayoría de ocasiones, fruto de Actos Legislativos, como el que estamos adelantando en el Congreso para Medellín”. Puso el ejemplo del distrito de Barrancabermeja, creado bajo el Acto Legislativo 01 de 2019. “No se trata de la creación de condiciones desiguales, sino, por el contrario, se trata de impulsar, fomentar y potencializar esas virtudes en ciencia, tecnología e innovación que ha venido desarrollando Medellín desde hace varios años”.
Para el constitucionalista y también profesor de Eafit, Esteban Hoyos, bajo una lectura general del asunto, el acto legislativo estaría por encima de esa norma y no hay lugar a una estatutaria -que reglamenta en materia de derechos fundamentales, partidos políticos, administración de justicia, estados de excepción y mecanismos de participación-, sino que se tendría que modificar la ley que ya desarrolla el tema (1617). El problema es que eso les cambiaría las reglas existentes a los distritos conformados, por lo que lo ideal es la creación de una ley orgánica, que regula las normas de los entes territoriales, para que dicte las especificidades para la consolidación de Medellín como distrito.
Más allá del debate jurídico, el senador Valencia consideró que la catalogación de la ciudad como distrito apunta a una política pública proyectada a largo plazo, para la consolidación de Medellín como centro de ciencia, tecnología e innovación. Para el concejal del Centro Democrático Sebastián López, es una herramienta más en procura del mismo propósito: “Todos los caminos se vienen fortaleciendo, este es uno más que robustecerá la estrategia y le entregará un nombre institucional referente a un sector económico que la puede orientar y encasillar mucho más”.
Sobre esto Valencia precisa que, aunque el nombre del distrito es “ciencia, tecnología e innovación”, otros sectores productivos no quedarán excluidos de los beneficios que se otorguen a empresas que incorporen en su sistema mecanismos para hacerlas más innovadores y competentes. Y se busca que los otros municipios del área metropolitana se favorezcan de esta transformación. “Medellín siempre ha sido punto de lanza para el desarrollo del Valle del Aburrá y es importante que la distritalización irradie a poblaciones como Envigado, Itagüí, La Estrella, Bello, Sabaneta, entre otros”, recalcó el representante liberal antioqueño Julián Peinado, y autor de dicha proposición.
Del otro lado, hay quienes creen que el cambio no traerá mayores cambios para la ciudad. “Más allá de dar jerarquías nominativas, lo que necesitamos es voluntad política. Si se miran los recursos destinados a la ciencia, tecnología e innovación, no alcanza ni al 1 % del presupuesto nacional”, ilustró el senador de la Alianza Verde Iván Marulanda. Igualmente, el concejal de Medellín por el mismo partido Daniel Duque cree que es un tema que no se ha debatido de forma extensa, y se refiere no solo al Congreso, sino a otros espacios de ciudad.
“Me temo que lo que puede haber detrás es un interés de la clase política de tener cada vez más beneficios. Esto requiere una discusión con la academia, organizaciones sociales, comunitarias, políticas, ediles. No sé si la gente del común entienda las implicaciones administrativas, financieras y políticas que esto traería”, opinó, refiriéndose a los cambios que demanda la Ley 1617. Santiago Leyva habla también de una discusión más profunda, en la que se sopesen alternativas diferentes para llegar al mismo objetivo de convertir a la capital antioqueña en un centro de ciencia, tecnología e innovación. “Esta es una propuesta liderada desde la clase política y debería moverse desde lo técnico, con el diagnóstico de la situación”, insistió.
Por ahora, el senador Valencia desestima dicho comentario, al reiterar que con el parágrafo del proyecto se aclara que no se debe de someter a Medellín a una reestructuración administrativa. Así mismo, asegura que ha mantenido contacto con todos los sectores de la ciudad y la idea es instalar una mesa técnica que empiece a estudiar en detalle cómo se materializaría una Medellín siendo distrito, para que capte más recursos, acoja más empresas y contribuya más al ecosistema de innovación que ha venido catapultando la ciudad. Aunque los citados aseguran que desde la Alcaldía y las organizaciones se ha manifestado respaldo al proyecto, al ser consultados por El Espectador pidieron hablar del tema cuando sea una realidad.
De Ruta N se conoce una carta enviada el 14 de octubre de 2020, al presidente de la Comisión Primera del Senado, Miguel Ángel Pinto, recibiendo con agrado el proyecto y catalogándolo como “un paso necesario y fundamental para lograr el propósito de hacer de nuevo a nuestra ciudad la capital industrial de Colombia”. Igual comunicación envió el Concejo, pidiendo que se le diera prioridad al trámite de la iniciativa.
Sura, empresa que ha venido incorporando la innovación en sus servicios, también prefirió guardar el tiempo hasta dar una opinión. Igual postura tomó la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, que comentó que era prematuro dar una opinión específica con relación al acto legislativo, porque faltaría la norma que reglamente cómo va a ser la materialización de esta transformación de municipio a distrito.
“Dado que todavía no existe una norma que configura el distrito, resulta difícil anticipar las implicaciones para la ciudad e, incluso, para la región. Lo que sí es de vital importancia es que todas las iniciativas que se desprendan de este proceso tengan un efecto y un impacto real en el del desarrollo económico de toda la región metropolitana”, señaló Lillyam Mesa Arango, presidenta ejecutiva de Aburrá Sur.
Por su parte, Luis Fernando Arango, director de Medellín Cómo Vamos, iniciativa del sector privado para hacerle seguimiento a la calidad de la ciudad, manifiesta que hay que estar más abiertos a la conversación alrededor de este tema, en el que deben participar todos los actores de la ciudad, incluido la Asamblea y Gobernación de Antioquia.
“La ciudad necesita abrir el debate, parte de lo que pasó con otras experiencias de municipios, que hoy son distritos, es que la discusión de las implicaciones se dieron en el marco del Congreso. Nuestro llamado es a que el Legislativo, el Concejo, inclusive la Asamblea, por las implicaciones que tiene para los recursos ambientales del departamento, abran un debate público y transversal que le permita a todas las parte involucradas expresar pros y contras acerca de que Medellín se convierta en distrito y que los ciudadanos tengan claridad de los costos fiscales que va a tener y las posibles reducciones de espacios de participación política que abrían alrededor de las Juntas Administradoras Locales (JAL)”, dijo.
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