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Los señalamientos por presuntas irregularidades en la campaña del excandidato a la Alcaldía de Medellín y actual concejal Juan Carlos Upegui derivaron en un expediente administrativo en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por eso, se indaga minuciosamente todo lo reportado en el libro de contabilidad de la campaña en el que aparece, entre otras cosas, un crédito de más de $80 millones de Daniel Quintero, su jefe político y exmandatario de la capital antioqueña.
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El Espectador accedió a varios de los documentos que están siendo analizados por el CNE y constató que en el listado de personas y empresas que hicieron contribuciones, donaciones o créditos por un valor de $1.096 millones aparecen un total de 21 personas naturales y 9 empresas.
Pero allí no solo apareció el nombre de Quintero, quien renunció a su cargo como alcalde para sumarse a la campaña del aspirante de Independientes –su partido–, sino también el de su esposa, gestora social en su mandato y además prima de Upegui, Diana Osorio: donó $20 millones. A su vez, se registró el de Laura Upegui, hermana del excandidato, por una donación de $50 millones, junto al de al menos tres personas que habrían aportado siendo contratistas de Medellín.
En suma, en estos archivos el número de aportantes es mayor al que reportó Upegui el año pasado en el aplicativo Cuentas Claras del CNE y no se evidencian algunos nombres de funcionarios de Quintero que fueron registrados en un primer momento por la campaña como aportantes y posteriormente eliminados, tal como lo estableció este diario en octubre de 2023.
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Mientras el CNE determina si los nombres que desaparecieron de la plataforma efectivamente aportaron o no a la campaña, e investiga por qué fueron borrados, el exalcalde Daniel Quintero indicó que los señalamientos contra Upegui se tratan de “chismes” y de la intención de la oposición de querer convertir en delito cosas que, según él, no lo son.
“Si cada crédito se vuelve una acusación de irregularidad, habrá que declarar irregular todas las campañas del país”, le dijo a El Espectador, mientras dejó por sentado que el préstamo que le hizo a su compañero de política se realizó una vez había salido del cargo, cuando ya no era servidor público, es decir, después del 1 de octubre. Esta información no se evidencia en Cuentas Claras, tampoco en el expediente.
“En su momento le pregunté al CNE si como ciudadano podía hacer créditos y me dijeron que sí. La campaña tenía un problema y era que no les alcanzaba el cupo de la tarjeta para pagar pauta publicitaria, entonces, yo les presté ese dinero que deben pagarme con la reposición de votos. Sé con toda seguridad que fue cuando yo ya me había retirado del cargo”, señaló.
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Según el exmagistrado del CNE, Armando Novoa, el préstamo que le hizo Quintero a Upegui no incurriría en un delito electoral: “No fue un aporte, no fue un regalo, sino un préstamo”. También explicó que la autoridad electoral tiene hasta seis meses para definir si abre formalmente una investigación contra el ahora concejal de oposición.
De otro lado, el también exmagistrado Pedro Gutiérrez indicó que no hay certeza de cuándo Quintero hizo el préstamo, por lo que podría haber una falta: “Hay vacío probatorio. Es necesario saber cuándo se hizo el préstamo”.
Ahora bien, la entidad ya encontró que Alejandro Preciado Pérez (donó $3 millones), Mariana Villa Restrepo (donó $4 millones), Daniela Carreño Sánchez (donó $5 millones) firmaron contratos con la administración de Quintero entre 2022 y 2023, lo que podría ser un delito de llegarse a comprobar que el dinero provenía de recursos públicos.
De acuerdo con la plataforma de contratación pública Secop, Preciado firmó tres contratos por $32 millones con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia durante 2023; Villa registra tres contratos con el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín por un valor de $64 millones durante el mismo año y Carreño obtuvo siete contratos entre 2022 y 2023, seis con la Institución Universitaria Pascual Bravo por $46 millones y uno con el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín por $10 millones.
Al respecto, el concejal Upegui le mencionó a este diario que la campaña entregó toda la información contable en regla y en los tiempos que establece la ley, antes de finalizar el 2023. “De la misma manera, las cuentas fueron auditadas por el partido Independientes y el informe entregado de forma pertinente. En este momento el CNE está revisándolo y no se han requerido subsanaciones. El proceso de revisión continuará en las próximas semanas y estaremos atentos a los requerimientos que sean del caso ante CNE”.
De otro lado, la Procuraduría indaga si Upegui, a quien el Tribunal Administrativo de Antioquia le decretó pérdida de investidura, estaba o no inhabilitado para postularse como candidato a la Alcaldía de Medellín, pues cuando se inscribió ante la Registraduría su padre, Carlos Alberto Upegui, ocupaba el cargo de rector de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, lo que podría significar una falta y tumbar su inscripción.
Upegui ha señalado que todo se trataría de una persecución en su contra, por lo que espera un concepto favorable del Consejo de Estado tras haber apelado la decisión del Tribunal. Además, evalúa la posibilidad de visitar organismos internacionales para que lo respalden.
Mientras las autoridades electorales indagan, ya hay quienes rondan la curul de Upegui si al final la pierde. El ejemplo es el excandidato a la alcaldía Albert Corredor, quien, a pesar de haber sido aliado de Upegui y Quintero en la campaña, ayudó en la demanda de pérdida de investidura y buscaría ese cupo en el concejo de Medellín, ciudad actualmente comandada por Federico “Fico” Gutiérrez.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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