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Aunque todos los reflectores están puestos en lo que sucederá en la plenaria del Senado con el futuro de la consulta popular que promueve el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta semana en el Congreso hay varias decisiones claves que están pasando desapercibidas en la discusión pública.
Y no son temas menores. De acuerdo con información que surge del propio Capitolio, se tienen que definir asuntos que tocan de forma directa a las mesas directivas, se deben finiquitar debates que permitirían un inédito cara a cara que en escenarios judiciales no se concretó y —entre otros varios asuntos— está previsto que se dirima el futuro de la minirreforma laboral con la que el Partido Liberal quiere ponerle un punto de inflexión a la principal apuesta electoral del Ejecutivo en lo que resta de la actual administración.
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Esto ha motivado que voceros de diferentes colectividades estén cruzando mensajes y llamadas para determinar posturas que serán determinantes, no solo para la consulta que impulsa la Casa de Nariño, sino también para definir un asunto que tiene impacto directo en el tejemaneje diario del Senado: la designación de dos de los tres miembros de la mesa directiva de esa corporación.
En efecto, una decisión reciente del Consejo de Estado, alto tribunal que a través de algunos fallos ha reconfigurado en parte la composición del Legislativo, tumbó por asuntos procedimentales la llegada del senador John Jairo Roldán, del Partido Liberal, a la primera vicepresidencia del Senado, al igual que la de Alirio Barrera, del Centro Democrático, a la segunda vicepresidencia de esta corporación.
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Al tratarse de dos sillas claves, pues se necesita mayorías para determinar los órdenes del día del Senado, los debates de control político y otros temas que tocan directamente con el quehacer diario de los congresistas, el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), anunció la convocatoria para que este miércoles 14 de mayo se puedan elegir a estas personas.
Si bien estas designaciones solo estarán vigentes hasta el próximo 20 de julio, cuando las mesas directivas de Senado y Cámara serán sustituidas plenamente, en un momento en que hay decisiones de fondo pendientes –como la consulta popular y la elección de un magistrado de la Corte Constitucional– las figuras de primer y segundo vicepresidente se hacen completamente necesarias.
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Y aunque aún no es un hecho, se habla que los partidos que ostentaron estos cargos mantendrán la pelea para seguir con ellos y que por eso los diálogos en varios frentes son frenéticos. Lo que se quiere evitar es un escenario similar al que se dio hace unos meses cuando el ahora saliente director de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, era senador por el Pacto Histórico y una decisión judicial lo sacó, precisamente, de una de las vicepresidencias; el cargo pasó a manos de otra colectividad.
Otro de los temas que están por definirse en estos días claves toca con un proyecto de ley que, de avanzar, impactaría en la consulta que promueve Petro. Se trata de la minirreforma laboral, cuyo eje central es que se vuelvan a pagar las horas extras desde las 6 de la tarde, uno de los puntos que estaba en la iniciativa progresista que se hundió el pasado 18 de marzo.
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Si bien el Gobierno no apoya esta iniciativa y hasta radicó mensaje de urgencia para que se tramite con celeridad, pero con la intención de que se dividan los votos entre las comisiones séptimas de Senado y Cámara –en esta segunda corporación el Ejecutivo tiene mayorías para hundirla–, hay voces que han planteado que si se da una negociación de fondo que vaya más allá de las componendas burocráticas podrían incluirse algunos temas del interés oficialista en esa iniciativa.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido enfático en que la consulta popular va porque va, más allá del concepto que rinda en las siguientes 48 horas el Senado o si la minirreforma avanza, pero otras personas del entorno del Ejecutivo no descartan que los posibles acuerdos para recuperar la gobernabilidad en el Legislativo.
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De por medio, en todo caso, está el costo de $700.000 millones que cuesta la consulta solo el día de las votaciones –si se llega a ese punto–, lo cual no incluye el valor de la propaganda y de las movilizaciones para la campaña. No son pocas las voces que, de hacerlo de mutuo acuerdo y concediéndole a la Casa de Nariño la necesidad de hacerle una cirugía al sistema laboral, se enviaría un mensaje de fondo sobre la posibilidad de ahorrar recursos y direccionarlos hacia otros frentes.
“Comparado en una balanza costo/beneficio social, el costo de la consulta, que es menor que una elección, cualesquiera, nacional, es muy inferior a la ganancia social y económica de Colombia y de su pueblo”, precisó Petro desde China, país donde esta semana está en un periplo para fortalecer lazos con la administración de Xi Jinping.
Y si bien no es un tema de fondo, en paralelo a estas movidas avanza la decisión sobre la apelación ante el hundimiento de la reforma laboral el 18 de marzo pasado. No obstante, la Casa de Nariño se desmarcó de este proceso, pues al tratarse de un proyecto que lleva cerca de dos años en trámite debería aprobarse antes del 20 de junio próximo para que no muera del todo; y, como lo dijo el propio ministro Benedetti, ya no hay espacio para meterle fuerza a esto.
En medio de estas discusiones –que tienen altos grados de polarización por las posiciones opuestas que las guían–, esta semana se daría otra puesta en escena política, la cual toca a dos antagonistas.
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Se trata del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial del petrismo, Daniel Quintero, y quien ahora está al frente de la administración de la capital paisa, Federico “Fico” Gutiérrez, quienes vienen chocando fuertemente por acusaciones mutuas de posible corrupción que han llegado a tribunales.
Lo que se tiene previsto es que después de las 10 de la mañana de este 13 de mayo, en la Comisión Quinta del Senado arranque un debate de control político citado por el senador del Centro Democrático Andrés Guerra por el caso de Aguas Vivas. Por este expediente, Quintero está imputado y Gutiérrez sigue de cerca el desenlace de este proceso por las implicaciones que tendría para Medellín.
Quintero ya confirmó que asistiría y hay expectativa por la confirmación de “Fico”, quienes –si coinciden en esa comisión– tendrían el primer cara a cara tras varios debates que han sostenido desde tribunas opuestas. Algunas fuentes de ambos sectores aseguran que, por conveniencia política, podría darse la ausencia de alguno de ellos.
No obstante, el senador Guerra se mantuvo en que el debate, al que también se citó a la ministra de Ambiente, Lena Estrada, seguirá adelante y que el interés es saber en qué está un predio que terminó envuelto en un escándalo de corrupción y que es clave para Medellín.
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Además, y teniendo como escenario la Comisión Séptima del Senado, se tiene en el radar el tercer debate de la reforma a la salud del Gobierno, la cual ha generado polémica y está pendiente de que se avance en audiencias públicas para así darle trámite.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha seguido de cerca el avance del proyecto en el Congreso, pero sabe que lo que pasó con la laboral en marzo pasado puede ser una señal, aunque –con el respaldo de Petro y Benedetti– mantiene los diálogos para ver si logra mayorías.
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Todo esto avanza mientras las fuerzas también se acomodan con el objetivo –el próximo 20 de mayo– de elegir a quien sucederá en el cargo a la magistrada Cristina Pardo, cuyo periodo culmina este primer semestre de 2025.
Esta decisión se dará entre los juristas Dídima Rico, Karena Caselles y Héctor Carvajal, quienes han venido buscando apoyo partidista en las últimas semanas. Y aunque aún no hay ventajas claras, el último tiene el plus de ser uno de los abogados personales del presidente Petro y además haber trabajado con políticos que hoy están en la oposición más férrea a la Casa de Nariño.
Lo que pase con este proceso es clave para lo que viene en cuanto al equilibrio de fuerzas en el alto tribunal, según lo han advertido por separado el expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático) y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (Cambio Radical), las dos voces más fuertes de la oposición en la actualidad.
Estos elementos, que tienen vasos comunicantes entre los intereses particulares de los congresistas y de paso con las políticas públicas que quiere impulsar la Casa de Nariño, son asuntos que determinarán el relacionamiento maltrecho que tienen el Gobierno y el Congreso, pero que tiene una alta componenda de negociación burocrática de por medio que puede incidir en las decisiones. Es una semana agitada.
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