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En las últimas 72 horas, la ciudad que vio un aumento en las cifras del turismo fue testigo de un caso en el que dos niñas, de 12 y 13 años, entraron, sin ningún tipo de restricción, a la habitación de Timothy Alan Livingston en un apartahotel de Airbnb en Medellín. Esto ocurre mientras la capital antioqueña tiene un gran problema sin abordar, pues en el 2023, la Fiscalía identificó 65 víctimas del “delito de utilización o facilitación de medios para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años”.
El caso de estas dos menores son parte de lo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya había advertido cuando indicó que la explotación sexual era el segundo delito que más generaba ingresos en Colombia. En Medellín, que recibió 420.377 turistas extranjeros en los primeros seis meses del 2023, las alertas ya se prendieron y el objetivo es claro: acabar con el turismo sexual.
La frase no es accidental, ya que la seguridad y el turismo necesitaban unirse para combatir el flagelo. De acuerdo con el Informe Alterno por los Derechos de la Niñez en Medellín sobre la Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) del 2023, en el contexto de viajes, en “plataformas online como Airbnb, Booking, TripAdvisor, HomeAway o agencias” ocurren “eventos o encuentros sexuales con o entre [menores] y personas adultas que realizan viajes”.
Antes de que la situación entre el ciudadano estadounidense y las dos menores se hiciera pública, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, ya había hecho una petición clara: “desarrollar acciones efectivas que permitan enfrentar el aumento de casos relacionados con turistas nacionales o extranjeros y regular espacios como los Airbnb”.
Los intentos para regular plataformas de vivienda turística iniciaron en el 2015, pero se han enfocado en modificar la ley 675 de 2001 para que se establezca que quienes viven en un mismo conjunto sepan y estén de acuerdo con que una unidad pueda usarse como vivienda turística.
En lo que va desde la posesión del Congreso en 2022, tres proyectos han sido presentados para tratar de regular estas plataformas, de los cuales dos han sido archivados. José Jaime Uscátegui Pastrana (Centro Democrático), quien ha sido parte de las tres iniciativas, explicó que lo que buscan es “tomar una decisión de si definitivamente abrimos la puerta de lo residencial para que esas plataformas se puedan utilizar plenamente o si hay que poner una serie de reglas y condiciones, como sería, por ejemplo, que la asamblea de propietarios sea quien decida si sí se pueden utilizar o no esas plataformas”. Desde su punto de vista, “los copropietarios también deben decidir una postura con los inconvenientes que puede generar ese tipo de arrendamientos cortos”.
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Cuando el segundo intento se cayó, aplaudió la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), que argumentaba que una legislación como la recientemente propuesta abría la puerta para el fenómeno de la gentrificación y una agudización de la situación de seguridad, especialmente en lo que respecta a la explotación sexual de menores. La situación dejó entrever a qué se enfrentaría una nueva iniciativa, que podría pasar por al mismo problema de falta de tiempo para ser aprobada en los debates.
El último intento fue radicado el pasado 11 de marzo ante la Comisión Primera de la Cámara. Además de Uscátegui, están como autores Alirio Uribe Muñoz, (Pacto Histórico), Olga Lucía Velásquez Nieto (Alianza Verde), Jorge Eliécer Tamayo Marulanda (Partido de la U), Jorge Méndez Hernández (Cambio Radical), Luis Alberto Albán Urbano (Comunes), Juan Carlos Wills Ospina (Coalición Partido Conservador y Partido de la U), Delcy Esperanza Isaza Buenaventura (Partido Conservador), Marelen Castillo Torres (Liga Gobernantes Anticorrupción), James Hermenegildo Mosquera Torres (Consejo Comunitario Mayor de Novita), Óscar Hernán Sánchez León, Álvaro Leonel Rueda Caballero y Karyme Adrana Cotes Martínez (los tres del Partido Liberal).
En legislaciones pasadas, uno de los opositores en el mismo Congreso de esta iniciativa fue Mauricio Toro, quien sirvió como representante de 2018 a 2022 y quien aboga por una regulación específica para este tipo de aplicaciones. Según él, la normativa tradicional no podía aplicarse a estas plataformas porque estarían en desventaja con otros establecimientos turísticos. Actualmente, la ley establece que para poder administrar una vivienda turística en propiedad horizontal, deben inscribirse en el Registro de Vivienda y Turismo, que tiene “una cantidad de información que la gente llena por llenar” y no se establecen responsabilidades claras sobre quién es el responsable penal y disciplinariamente de cuando ocurre un caso de abuso de menores.
Aunque con enfoques distintos, tanto Uscátegui como Toro concuerdan en que hay un vacío en la legislación para combatir la ESCNNA. El excongresista señala que la ley no aborda “cómo es la responsabilidad, cuánto paga [el usuario], cuál es su corresponsabilidad, la verificación de la identidad y la idoneidad” de las personas que se alojan en esos establecimientos. Por su parte, el representante añade que el problema reside en “la implementación de la norma, que da lugar a este tipo de comportamientos”.
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“Se presentan este tipo de casos porque no hay control de las autoridades y porque la ciudadanía tampoco cumple con la norma”, indica el congresista.
Las medidas han sido insuficientes para combatir la ESCNNA. Mientras los dueños del hotel Gotham, en donde Timothy Alan Livingston entró con dos menores de edad, aseguran que al momento de hacer la reserva en Airbnb los usuarios deben aceptar las políticas contra el turismo sexual, pululan los casos en los que un juramento en una página web no es suficiente para acabar con la explotación de menores. Por su parte, los directivos de la aplicación alegan que colaboran con autoridades a nivel global para denunciar este tipo de casos y afirman que está “completamente abierta es en activar acciones y alianzas a través de un trabajo colaborativo con entes reguladores para ser parte de la solución”. Frente a la situación más reciente, se reunirán con Federico Gutiérrez, el alcalde de la capital antioqueña, para discutir el acercamiento a este caso.
Los esfuerzos, de igual forma, han sido localizados. Medellín y Cartagena, que recibió a 624.000 pasajeros extranjeros en el 2023 y tuvo una cifra de 235 casos de explotación sexual comercial de menores en 2022, son tan solo algunos de los lugares en los que se habla de turismo sexual con aplicaciones de vivienda turística, pero en Bogotá, donde el año pasado llegaron al menos 5′500.000 visitantes no residentes y en el 2022 hubo 46 casos de ESCNNA, hay más de 1000 alojamientos disponibles para turistas.
El afán, sin embargo, está más presente que nunca. Un aumento en los casos y en la exposición mediática de estos ha hecho que las autoridades comiencen a evaluar más seriamente una regulación que apunte a acabar con el turismo sexual que se esconde entre las aparentes ventajas de un boom en el turismo. Con una tercera iniciativa pendiente para regular y con tres reformas más urgentes para debatir, existe la posibilidad de que el problema de la falta de tiempo para discutir una nueva ley vuelva a presentarse.
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Por María José Barrios Figueroa
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