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El bombardeo ordenado el pasado 10 de noviembre por el presidente Gustavo Petro en Calamar (Guaviare), que dejó 20 muertos, entre ellos siete menores de edad, puso al país a mirar por el espejo retrovisor y le recordó las acciones militares que ordenó en 2019 el entonces presidente Iván Duque sobre campamentos de las disidencias de las Farc en Caquetá, en el que ocho adolescentes murieron. Ahora es el gobierno de Gustavo Petro el que enfrenta una ola de críticas; no solo de la oposición, sino también desde sus propias filas y de organismos internacionales, por lo que ha sido calificado como un crimen de guerra que, en la administración pasada, el ahora mandatario rechazó.
Cuatro días tardó Medicina Legal en identificar a los 20 muertos y confirmar que siete de ellos eran menores, al aparecer reclutados ilegalmente por las disidencias de “Iván Mordisco”. Pero al jefe de Estado no le tomó ni uno justificar esa orden y defender una decisión que provocó una citación a moción de censura de su ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Las declaraciones desde la Casa de Nariño han llegado, en las últimas 24 horas, vía X, pero no han sido menores los movimientos internos para hacer frente al impacto político que ha tenido la situación en el “Gobierno del cambio”.
Es por esa razón que, desde el principio, el presidente sentó una posición contundente sobre el operativo y aseguró que no se trataba de un crimen de guerra; lamentando, en todo caso, la muerte de los menores de edad. Y en las últimas horas ha señalado que han respetado el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no han violado el principio de distinción entre civiles y combatientes. Todo eso, mientras trata de esquivar los cuestionamientos que vinieron del Pacto Histórico que demandaban, incluso, cambios en el gabinete.
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Según el presidente, este es el bombardeo número 12 en lo que va de su mandato; dijo que todos se han planeado siguiendo los lineamientos del DIH y ha “buscado al máximo inteligencia que ubique la presencia de menores cuando esta es posible”, para evitar situaciones como la ocurrida en Calamar. “Siempre tomo la decisión cuando mandos/capos están presentes en el lugar y están en actitud ofensiva contra la sociedad y el Estado. Decisiones de bombardeo bajo estas características respetuosas del DIH, las seguiré tomando, cuando pueda salvar más vidas que las que se arriesgan”, dijo el presidente.
“Es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia, y se que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón. Hacer trizas la paz abrió de nuevo el camino para el fortalecimiento de los grupos armados de la codicia y estos hicieron del reclutamiento de niños su estrategia para defenderse con cobardía”, aseguró este domingo.
El operativo del 7 de noviembre, que ocurrió en un contexto de golpes a estructuras criminales, tras el fracaso que ha tenido la política de paz total y en medio de un cambio de hoja de ruta en materia de seguridad, tenía dos objetivos claros de las disidencias de “Iván Mordisco”: alias “Pescado” y “Jimmy Martínez”, de las estructuras Armando Ríos y Martín Villa, de ese grupo al margen de la ley. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, ellos serían los presuntos responsables del ataque con explosivos a la casa del alcalde de Calamar, el pasado 14 de octubre. También, estarían detrás del secuestro, asesinato y desaparición de ocho líderes religiosos y comunitarios de la vereda Agua Bonita, también en Calamar, entre el 4 y el 6 de abril de este año, además de otros crímenes en el departamento.
Según lo que ha dicho el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que ha sido respaldado por el presidente Gustavo Petro, es que un grupo de 20 uniformados en tierra estaban en “desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal”. Fue por esa razón que directamente desde la Casa de Nariño se dio la orden de bombardear a las disidencias de las Farc. “Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, dijo el presidente en su primer pronunciamiento, este sábado, tras el bombardeo. En principio, la operación militar había sido un golpe a las disidencias.
Pero en la mañana del pasado sábado la Defensoría del Pueblo encendió el ventilador sobre la presencia de menores muertos. El ente defensor de derechos humanos emitió un duro pronunciamiento en el que señaló que había información confirmada de la muerte de seis adolescentes durante el bombardeo en Calamar y que se pudo haber incurrido en infracciones al DIH por el reclutamiento forzado y por su posible participación en el combate. “El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, señaló la Defensoría de Iris Marín.
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Las horas siguientes fueron de pronunciamientos por parte de políticos de oposición, organismos de derechos humanos y entes de control como la Procuraduría General de la Nación. Gregorio Eljach, jefe del Ministerio Público, anunció el inicio de investigaciones disciplinarias para establecer si se cometieron faltas por parte de los funcionarios y, dado el caso, sancionar a los responsables. De paso rechazó y lamentó la muerte de los menores de edad; pidió a las Fuerzas Militares “observar y perfeccionar” sus prácticas en este tipo de operaciones.
A estos pronunciamientos se sumó la oficina del representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que a través de un comunicado pidió “a las Fuerzas Militares a que en sus labores de inteligencia durante el desarrollo de operaciones adopten todas las precauciones necesarias para proteger y evitar la muerte de niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales”.
El ministro de Defensa, que ha sido el pararrayos de gran parte de los cuestionamientos, respondió a ellos. “La operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al DIH, respeto por los derechos humanos y la legislación nacional”, dijo. Agregó que hubo una “aplicación cuidadosa de los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar”.
A pesar de sus explicaciones, el alto funcionario ahora espera la citación del Congreso, que ya anunció que lo llamará a moción de censura. Todo esto, a solo un par de días de cumplir nueve meses de haber dejado el uniforme de general de la Fuerza Aérea para convertirse en ministro de gobierno. Una movida que sorprendió al país por tratarse del primer militar en más de 30 años en ocupar ese cargo.
El panorama al que se enfrenta el “Gobierno del cambio”, además de tener el agravante de los llamados desde la comunidad internacional, cuenta con el costo que ha tenido dentro de sus propias filas. En la bancada, la senadora Gloria Flórez aseguró que “la instrumentalización infame de los menores por parte de grupos armados, no puede ser justificación de bombardeos indiscriminados donde niños y niñas son víctimas”.
“No puedo dejar de condenar el bombardeo en Guaviare en el que murieron siete menores de edad. Como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario”, apuntó el precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
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Las críticas dentro y fuera de sus filas pueden pesar en el Congreso a la hora de votar la moción de censura que podría sacar al ministro de Defensa. Históricamente, una medida como estas no ha prosperado. En 2019, cuando ocurrió el bombardeo en Caquetá y era Guillermo Botero quien encabezaba la cartera de Defensa, este dimitió antes de que llegara la fecha de la decisión en el Capitolio.
“Es mi deber como ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la coyuntura política, por lo que he decidido presentar renuncia al cargo”, dijo Botero en un comunicado publicado en sus redes sociales. Duque dio a conocer su aceptación a la renuncia por ese mismo medio.
Hoy, con el fantasma del pasado gobierno sobre sus hombros, la Casa de Nariño está midiendo el costo político de una decisión que seguirá haciendo mella en los próximos meses. Mientras que la Procuraduría empieza sus pesquisas para encontrar si, en realidad, hubo errores militares que llevaron a la muerte de los menores reclutados, el Congreso hace cuentas para ver si la acción letal del Gobierno costará la salida del jefe de una de sus carteras más importantes.
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