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Si la plenaria del Senado acoge la voluntad del expresidente Álvaro Uribe y acepta la renuncia a su curul, en su reemplazo entraría Milla Patricia Romero Soto, la candidata que le sigue en votos al último de la lista que logró cupo en la corporación John Harold Suárez, quien la superó por tan solo 93 sufragios, según el escrutinio final de la Registraduría Nacional.
Romero Soto es oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, ingeniera civil con especialización en gestión ambiental. Fue candidata a la Gobernación del departamento y asesora del Corpes Centro Oriente en el sector de saneamiento básico y agua potable para los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Huila.
También estuvo al frente de la Oficina de Vías en la Secretaría de Obras Públicas de Cúcuta, y en la dirección de Indenorte y Metrovivienda. Y se desempeñó como coordinadora del Pacto por la Infancia con la Gobernación de Norte de Santander.
En los comicios del 11 de marzo alcanzó algo más de 27.000 votos, los que en un principio le dieron una curul en el Senado por el Centro Democrático. Sin embargo, en los escrutinios fue superada por José Obdulio Gaviria y quedó por fuera del Legislativo. De hecho, en esa disputa, ella misma denunció irregularidades.
“Nosotros en el proceso en Norte de Santander identificamos unas fallas en el sistema informático de la Registraduría y son muy graves porque no sumaron la totalidad de las zonas de Cúcuta. Por ejemplo, en el escrutinio que decía que finalizaba con un 100% faltaron por sumarse tres puestos de votación con más de 60 mesas sin computar”, dijo en ese entonces, revelando que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.
Los postulados de su campaña estuvieron fundamentados en la defensa del concepto de familia, los derechos de los niños y en darle más participación y oportunidades a las mujeres. Asimismo habló de hacerle frente a la crisis de la frontera con Venezuela, con la idea de otorgarle a Cúcuta la condición de “zona económica especial”, dando exenciones tributarias por 10 años para que las empresas puedan radicarse en la región y generar empleo.