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Un plazo de menos de dos años comenzó a correr desde el 20 de julio de este año para que se tramite en el Congreso un nuevo proyecto de ley para volver a establecer la creación del Ministerio de Igualdad. En las últimas semanas, la vicepresidenta y ministra, Francia Márquez, ha pasado por varias comisiones del Legislativo para explicar la ejecución de su cartera en medio de la discusión del presupuesto de 2025, pero más allá de eso tendría una labor añadida: argumentar que su Ministerio es lo suficientemente eficiente para volver a recibir el visto bueno del Congreso, eso sí, cumpliendo todos los requisitos que hicieron que su creación fuera tumbada por la Corte Constitucional.
Sin embargo, el panorama ha cambiado desde 2022, cuando la cartera recibió el visto bueno para su creación. Ahora, cuando se formula un nuevo intento para revivir este Ministerio, el presidente Gustavo Petro ya no cuenta con el mismo músculo en el Legislativo que tenía a menos de seis meses de ascender al poder, cuando todavía tenía a algunos partidos de su lado por el acuerdo nacional que formuló al ser electo, pero que ahora han pasado a la independencia, como el Partido Conservador (42) y el Partido de la U (25). Además, la ejecución del Ministerio de la Igualdad ha dejado desilusionados a muchos de los que apoyaron el proyecto.
En varias ocasiones, la vicepresidenta ha tenido que presentarse ante el Congreso para rendir cuentas por este tema: con un presupuesto de $1,6 billones, los congresistas le achacan que su ejecución está en el 1,37 % en lo que va del año. Márquez ha argumentado que su equipo tuvo que trabajar duro para establecer y formalizar una cartera en solo dos meses, y ha apuntado que esperan cumplir con todas los compromisos presupuestales adquiridos— que se aproximan al 90 % de la asignación vigente ($ 1′467.496′933.922)— en los meses que le restan al año.
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“Es importante decir que, en relación a inversiones, los proyectos fueron viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación hace tres meses, y la asignación de los recursos para el Ministerio, a partir de la aprobación de los proyectos en Planeación, se materializó en el mes de julio. Es decir, llevamos dos meses, en términos de los recursos de inversión, en ejecución”, indicó en su paso por la Comisión Séptima del Senado esta semana.
El plan del Ministerio es lograr avanzar con siete programas que ha priorizado: Hambre Cero, Jóvenes en Paz, Agua es Vida, Casas para la Dignidad de la Mujer, Abordaje Integral de las Violencias contra las Mujeres, Programa Nacional del Cuidado y Autonomía Económica para las Mujeres. Si bien sus esfuerzos se han decantado a estas iniciativas, y argumentan que el dinero está comprometido para las comunidades vulnerables, los congresistas acusan a la cartera de ser pura “burocracia” y no mostrar avances para las comunidades vulnerables.
Sin fecha de radicación para el nuevo proyecto, que deberá pasar por las comisiones Primeras, la cartera busca enmendar el error que generó que el pasado mayo la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2281 de 2023, con la que se creó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, “por vicios de procedimiento en su formación”. El argumento de la decisión se fundamentó en que no se cumplió con analizar el impacto fiscal de la iniciativa, lo que “constituía un vicio de procedimiento insubsanable”, pues el artículo 151 de la Constitución establece que “el análisis de impacto fiscal es un requisito orgánico para la aprobación de las leyes ordinarias que ordenan gasto”.
No obstante, la decisión no tendría efectos inmediatos: “Una vez culmine la legislatura 2025-2026 (el 20 de junio de 2026), la Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”. La Sala Plena dejó entonces al Gobierno con dos opciones: o se aprueba otro proyecto de ley en ese tiempo, o reasigna las funciones que fueron otorgadas al Ministerio.
El trámite supone problemas propios. En su paso por el Congreso, el texto que le dio vida al Ministerio fue radicado con mensaje de urgencia, un instrumento que permitió que este se tramitara en sesión conjunta de las respectivas comisiones, reduciendo así el tiempo del trámite a máximo 30 días en cada cámara.
La carta con ese mensaje fue dirigida a quienes eran en ese entonces presidentes del Senado, Roy Barreras (Pacto Histórico)— hoy embajador de Colombia en el Reino Unido después de que el Consejo de Estado anulara su elección en el Legislativo por doble militancia—, y la Cámara, David Racero (Pacto Histórico). También a las cabezas de la Comisión Primera de Senado, Fabio Raúl Amín Saleme (Partido Liberal), y de la Cámara, Juan Carlos Wills Ospina (Partido Conservador).
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“Dada la importancia que revisten los temas tratados en el Proyecto de Ley 222 de Senado y la necesidad de contar con una entidad que coordine y articule los programas y políticas que se ejecutan para la protección de los derechos de las poblaciones y territorios excluidos, solicito respetuosamente al Honorable Congreso de la República dar trámite de urgencia al proyecto y, en consecuencia, se disponga su deliberación conjunta en las respectivas Comisiones Constitucionales Permanentes, de conformidad con los procedimientos constitucionales y legales”, se lee en la carta, firmada por el ministro del Interior de ese entonces, Alfonso Prada.
Es conocido que la Comisión Primera de Senado le ha hecho una dura oposición a la agenda del mandatario y la integran voces como estas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal (Centro Democrático), David Luna (Cambio Radical) y Alfredo Deluque (La U), entre otros. Allí han enredado iniciativas como la Jurisdicción Agraria y la ley estatutaria a la educación, y esta última solo recibió el visto bueno después de un acuerdo que, no obstante, no logró sobrevivir después de su victoria.
En Cámara están Jennifer Dalley Pedraza (Dignidad y Compromiso), Catherine Juvinao (Alianza Verde), Adriana Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Hernán Darío Cadavid (Centro Democrático) y Juan Carlos Losada (Partido Liberal), quienes también han hecho frente al Gobierno.
La situación se complica cuando se tiene en cuenta quién llegará a ocupar las presidencias de Cámara y Senado en la próxima legislatura, un puesto clave para decidir sobre la agenda legislativa. Vale la pena recordar que en ese puesto ya se han tomado decisiones para hundir proyectos del Gobierno: el senador Iván Name (Alianza Verde), quien fungió como presidente del Senado en la pasada legislatura, no agendó el proyecto de ley estatutaria de la educación y este no pudo pasar el último debate que le restaba para sobrevivir.
El Gobierno obtuvo la ventaja en la Cámara baja cuando logró que Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), un cercano a su proyecto político, le ganara el puesto a Katherine Miranda (del mismo partido, pero desde la coalición Centro Esperanza). En la Cámara alta, por el contrario, ganó el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien no ha dudado en oponerse a algunos proyectos del Gobierno.
De acuerdo con el acuerdo entre los compromisarios para el Congreso 2022-2026, en 2025 llegará a reemplazar a Salamanca un integrante de Cambio Radical, un partido de oposición, y, en el Senado, uno del Partido Liberal, que preside César Gaviria, quien ha tenido sus roces con el mandatario.
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La figura que podría ayudar a resucitar el Ministerio antes de que se cumpla el plazo es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuya llegada causó escozor dentro de las filas del Pacto Histórico, pues se trataba de una figura que no apoyó al progresismo en campaña. Aun así, ha sido reconocido por otras colectividades por estar más abierto al diálogo que sus antecesores: no de gratis logró que la bancada del Senado de Cambio Radical se reuniera con el Gobierno para hablar sobre la agenda legislativa.
No obstante, con una campaña presidencial adelantada por el mandatario, quien ya habla de construir un partido unitario de la izquierda para 2026, y varias figuras de la oposición que buscan puesto para convertirse en los candidatos de sus propias colectividades, altera el juego político al que se tendrá que enfrentar el nuevo proyecto del Minigualdad.
“Cristo maneja muy bien el Congreso, y uno no sabe cómo lo ponga a marchar. Pero también hay que decir que al presidente Petro el Sol en las espaldas le ha llegado más temprano de lo que se esperaba. Ya es un presidente que todo el mundo siente de salida. Y los Congresos apoyan normalmente los gobiernos cuando están empezando, pero cuando ya la gente siente que la época electoral se viene, pues, los congresistas no son suicidas. Solamente apoyan cosas que tengan muy buen recibo en la opinión pública”, indicó la senadora Valencia, quien presentó la demanda que llevó a la decisión de la Corte Constitucional.
Aun así, el Gobierno todavía tiene un músculo político que permitió que iniciativas como la reforma pensional fuera aprobada en el Congreso, tras una serie de acuerdos con senadores de partidos independientes y una votación “a pupitrazos” en la Cámara que despertó críticas. Por el momento, el paso de la misma Márquez por el Congreso reveló que los congresistas, así sean de oposición, han apoyado aumentar la inversión a comunidades vulnerables, pero todavía restan menos de dos años para que se ponga a prueba la posibilidad de que apoyen efectivamente el mantenimiento de la cartera en la Constitución.
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