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Desde La Guajira, donde se encuentra todo el equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad recibirá el banderazo que ha estado esperando desde hace seis meses para iniciar sus labores. La cita es en Riohacha, capital del departamento, que presenciará la firma de los decretos reglamentarios de la cartera y la designación de la vicepresidenta Francia Márquez como nueva ministra.
Este ministerio, el decimonoveno que tendrá el país, nació como una promesa de campaña del hoy mandatario, quien en marzo de 2022 planteó su creación como estrategia para atender los problemas de equidad de género. Poco a poco, la iniciativa adquirió más responsabilidades y se transformó en una apuesta por el cierre de las brechas sociales y la atención de minorías étnicas, comunidad LGBTIQ+, jóvenes, personas en condición de discapacidad, entre otros.
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También se convirtió en la clave de la participación de Francia Márquez en el Gobierno, quien desde la Vicepresidencia no ha logrado concretar la agenda de cambios y políticas públicas que presentó en campaña, especialmente por la falta de presupuesto. Ahora, con la reglamentación, será ella la encargada de organizar la ejecución de importantes recursos de programas sociales como Jóvenes en Paz, Lucha contra el Hambre y Agua es Vida.
“Avanzaremos en la garantía de derechos en todas las poblaciones, niños, jóvenes, mujeres y diversidades sexuales. Estoy segura que Francia Márquez hará de este ministerio el lugar ideal para el goce y respeto de los derechos que nos pertenecen a todos y todas”, aseguró la representante Luz María Múnera, coordinadora ponente del proyecto que creó la cartera.
Las claves del nuevo ministerio
El objetivo central del nuevo ministerio será diseñar e implementar políticas que eliminen las desigualdades económicas, políticas y sociales del país. Tendrá que ejecutar acciones dirigidas a la desaparición de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, al igual que fortalecer la participación y atención de los campesinos, afrodescendientes, indígenas, habitantes de calle, adultos mayores, niños, migrantes y en general a todos los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.
Por otra parte, tendrá que ayudar a focalizar la oferta social de las entidades del Ejecutivo y complementar el trabajo de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN). Así mismo, deberá manejar el Sistema Nacional de Cuidado, cuyo fin es reconocer y reducir el trabajo doméstico y de cuidado, uno de los principales detonantes de la desigualdad de género, ya que, según el Dane, las mujeres aportan el 77,7 % de las horas anuales que requieren estas labores.
Para cumplir estas funciones, además de la eventual creación de cinco viceministerios, la entidad contará con el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad, consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo como la instancia que coordinará a las demás entidades del Estado que contribuyan al cumplimiento de las metas de la cartera.
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Los recursos del Ministerio de la Igualdad
El tema de la plata ha sido la principal incógnita en el desarrollo del Ministerio de la Igualdad. Durante los debates en el Congreso fue el caballito de batalla de la oposición, que denunció poca claridad al respecto, lo que a su juicio era un factor que podría beneficiar el aumento de la burocracia estatal.
La Ley 2281 de 2023, que crea el ministerio, señala someramente que el patrimonio de éste se conforma por las apropiaciones del Presupuesto General y los bienes muebles e inmuebles que le sean donados por otras entidades. Los ponentes del proyecto tienen más detalles; aseguran que la cartera tomará la infraestructura y recursos de entidades que desaparecerán, como las consejerías presidenciales de la mujer, la juventud y las personas en condición de discapacidad, así como la Dirección de la Mujer Rural y la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, entre otras.
Para ellos, esto ayudará a centralizar y controlar de manera eficaz el manejo de miles de millones de pesos que están regados por las entidades del Estado para la atención de poblaciones vulnerables. Por ahora, está descartado que el ministerio absorba al Departamento de Prosperidad Social (DPS) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aunque juntos mejorarán sus mecanismos de coordinación.
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Según el Ministerio de Hacienda, el costo mínimo de una cartera, tan solo en gastos relacionados con el personal, es de $18.200 millones (Ciencia y Tecnología). Teniendo en cuenta los rubros de inversión y otros más de funcionamiento, el Ministerio de la Igualdad podría arrancar con un presupuesto de $500.000 millones para ejecutar en diferentes programas sociales y priorizando las regiones históricamente apartadas.
El Gobierno señala, sin especificar, que los recursos saldrán de la reforma tributaria y la adición presupuestal. Además, en las cuentas entra el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional, que según el Plan de Desarrollo se financiará con dineros de la Nación y cooperación internacional.
La decisión es del presidente Gustavo Petro, quien quedó facultado a principios de este año para que, durante seis meses, definiera punto por punto cómo se dará la entrada en funcionamiento de este nuevo ministerio.
Entre tanto, es de recordar que aún está pendiente el desenlace de una demanda de inconstitucionalidad a la norma que creó la cartera, por supuestos vicios de trámite y fallas en el estudio de impacto fiscal. Los demandantes, entre los que se encuentra la senadora Paloma Valencia, aseguran que el informe de ponencia para el primer debate se aprobó sin las mayorías requeridas y que la norma le entregó al presidente Petro unas facultades extraordinarias que no son claras. La Corte Constitucional aceptó el recurso y tendrá la última palabra.
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