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En una semana, dos viceministras presentaron su renuncia al Ministerio de Igualdad, que quedó con solo dos cabezas para avanzar con un presupuesto que tiene tan solo el 0,48 % de ejecución. La que fue una de las promesas del “Gobierno del cambio” del presidente Gustavo Petro para contribuir en la eliminación de las desigualdades con un enfoque diferencial se ha convertido en un gran interrogante por su bajo rendimiento en comparación con otras carteras y en medio de las tensiones crecientes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Los anuncios de salidas empezaron el pasado lunes: Gabriela Posso, quien se había desempeñado como consejera presidencial para la Juventud informó por medio de un trino que se iría de su cargo. Si bien las Consejerías Presidenciales hacen parte del Departamento de Planeación Administrativa (Dapre), encabezado por Laura Sarabia, cuando se creó MinIgualdad se supo que este asumiría la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Consejería Presidencial para la Juventud. Aunque los procesos de empalme con el Viceministerio de las Mujeres y el Viceministerio de la Juventud comenzaron hace más de seis meses, no han finalizado.
Lo que ya venía siendo un proceso demorado parece dilatarse aun más con las renuncias de Luz María Múnera, la exviceministra para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, y Diana Gómez Correal, la viceministra de Mujeres que, por su parte, se mantendrá en el cargo hasta el 30 de abril. La posición de Múnera será asumida por Liliana Morales Hurtado, quien trabajaba con ella desde la Dirección para la Población Migrante del Viceministerio.
Las dos salidas ocurrieron sin dar mayores detalles, pero fueron antes del debate de control político al Ministerio en la Cámara de Representantes para que responda sobre sus resultados tras un año de haber sido sancionada la Ley 2281 de 2023, que le dio creación, y ocho meses del Decreto 1075 de 2023, que fijó una estructura para el ente. Citado en la Comisión Séptima por los representantes Karen Juliana López Salazar (Yo soy Urabá), Betsy Judith Pérez Arango (Cambio Radical), Héctor David Chaparro Chaparro, María Eugenia Lopera Monsalve, Hugo Alfonso Archila Suárez y Germán Rogelio Rozo Anís (todos del Partido Liberal) se cuestionará sobre los avances e informes de los planes, proyectos y programas que ha implementado el Ministerio.
Lo cierto es que será una presentación muy corta, pues la ejecución anda a paso lento. A pesar de haber recibido uno de los presupuestos más altos en el Gobierno, tras tres meses, los gastos han sido únicamente dirigidos hacia el funcionamiento del Ministerio, que corresponde al pago de nómina de los funcionarios, el canon de arrendamiento, el servicio de aseo, la cafetería y papelería, de acuerdo con el Portal de Transparencia Económica (PTE).
Al consultar en el PTE la cifra de ejecución para todo el sector Igualdad corresponde al 10,20 %, pero vale la pena aclarar que el sector no está conformado únicamente por el Ministerio, sino que también hacen parte de él el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional para Sordos (Insor) y el Instituto Nacional para Ciegos (Inci), cuya ejecución presupuestal va más adelantada que la de MinIgualdad.
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De la apropiación vigente del Ministerio, el 22,22 % ($400 mil millones) está destinado a la inversión en el “fortalecimiento de las acciones que garanticen el goce efectivo del derecho a la igualdad de los sujetos de especial protección a nivel nacional”. En ese rubro, sin embargo, no se han adquirido compromisos ni se han hecho pagos, por lo que la ejecución está en el 0 %.
El año pasado, la ejecución presupuestal fue del 9,14 %, según los datos del ente entregados a través de mecanismos legales a El Espectador. Vale la pena aclarar que en ese momento el Ministerio no contaba con una apropiación asignada por el Presupuesto General de la Nación, que se sancionó antes de su creación oficial, sino que en agosto el Ministerio de Hacienda le asignó $30.953 millones para proveer la planta del personal y el pago de bienes y servicios, de los que se gastaron $2.914 millones.
En esa ejecución presupuestal que entregó el Ministerio a este diario también se incluye el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, sancionado en el decreto 1896 de 2023. En la norma se determina que es “un patrimonio autónomo que se constituirá en virtud de un contrato de fiducia mercantil entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y la sociedad fiduciaria pública que este seleccione de conformidad con los principios de selección objetiva, cuyo régimen de contratación y administración será de derecho privado”. Aunque la apropiación y los compromisos eran de $467.047 millones, ese dinero no se ejecutó.
Para ampliar los detalles sobre el presupuesto ejecutado, El Espectador se comunicó con el Ministerio, pero el diálogo con los funcionarios encargados fue aplazado dos veces y la concertación de un nuevo encuentro quedó pendiente.
Si bien Francia Márquez, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, fue la única citada en el Legislativo, se ha quedado en una semana con dos sillas vacías, que se suman a las otras que están acumulando polvo desde la creación del Ministerio: las cabezas de los Viceministerios de Pueblos Étnicos y Campesinos y de Diversidades. Aunque la hoja de vida de Nelson Lemus Cruz ya fue publicada en la página web del ente para ocupar el puesto de viceministro del primero, quien fue coordinador general de la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyo y San Francisco, así como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador Feliciano Valencia, todavía no ha sido posesionado en el cargo.
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El otro puesto sería ocupado por Juan Carlos Florián, pero después de que se supiera que el activista por los derechos de la comunidad LGBTQA+ y subdirector de asuntos LGBT en la Alcaldía de Petro trabajó como actor en la industria de entretenimiento para adultos, su nombramiento nunca quedó en firme y no se ha sabido sobre un posible reemplazo.
Con esto, la entidad se convierte en un frente más en el que el Ejecutivo tendrá que defenderse en medio de varias semanas de debates de control político a otros de sus ministros en el Congreso, en donde el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) señaló que la ejecución del PGN en el 2023 fue la más baja en 21 años, excluyendo la pandemia, y dejó sin ejecutar cerca de $49,1 billones. En el flanco de la salud, las peleas continúan con la intervención del Estado en la EPS Sanitas y la Nueva EPS, mientras que las reformas pensional y laboral están todavía en el tire y afloje entre los legisladores.
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El Ministerio de Igualdad se ha enfocado especialmente en el programa de Jóvenes en Paz, en el que está el único viceministro que hay en firme en la cartera, Gareth Sella Forero, de Juventud. Sin embargo, los esfuerzos provenientes de otros sectores del ente por disminuir las brechas económicas, raciales y de género no se ven plasmados en su ejecución presupuestal y dejan una promesa que en un poco más de año y medio de gobierno y cerca de ocho meses de creación, no avanza con fuerza.
Nota: El título original del artículo era “Ministerio de la Igualdad llegó a los 15 meses con una ejecución del 0,48 %”, pero fue cambiado a “MinIgualdad ejecutó el 0,48 % de su presupuesto en los tres primeros meses del 2024″ para dar más claridad sobre el tiempo al que corresponde la ejecución presupuestal señalada.
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