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Ministro de Hacienda se salvó de la moción de censura

En plenaria, congresistas no lograron aprobar la salida de Mauricio Cárdenas del gabinete ministerial, acusado por la presunta venta irregular de Isagén.

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Finalmente las mayorías santistas salvaron al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, de la moción de censura que promovieron el Centro Democrático y el Polo Democrático Alternativo.

La Unidad Nacional –de la U, Liberal y Cambio Radical–, además de los conservadores y la mayoría de los verdes, negaron la moción que llevaría a la salida del alto funcionario.

No resultaron válidos los argumentos de que el ministro incurrió en irregularidades por la venta de la generadora de energía Isagén a la canadiense Brookfield y las cuentas que se habían hecho con antelación se dieron pues la mitad más uno de los senadores no votaron a favor de que el ministro fuera separado de su cargo.

Justo el día que se votó la moción, un grupo de conservadores se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para perfilar el regreso ‘azul’ a la Unidad Nacional. De ahí la importancia de que 38 de los 46 congresistas de la colectividad visitaran la Casa de Nariño.

El senador Ernesto Macías Tovar, principal promotor del debate al ministro, ya había admitido que no le ve mucho futuro a la salida de Cárdenas, sobre todo porque, según él, se trata del alto funcionario encargado de repartir lo que el uribismo llama “mermelada”.

Para el congresista, la decisión de enajenar las acciones que el Estado tenía en Isagén, implicó “la afectación al patrimonio público”, teniendo en cuenta que dicha empresa “representaba utilidades para el Estado y los procesos de enajenación fueron concebidos principalmente para aquellas entidades estatales que representan pérdidas para el erario”.

En defensa de la venta de Isagén, el ministro Cárdenas dijo en el Senado que el negocio fue “pensando y estructurado, y no se hizo por capricho”. También recordó que desde 2007, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente, en un consejo de ministros se acordó enajenar varios activos del Estado para financiar obras de infraestructura y que el mismo FMI calificó la venta como “oportuna”. 

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