¿Mordaza legislativa?

Hay cerca de 10 proyectos de ley que de alguna forma buscan imponer algunos contenidos. Algunos podrían tener una buena intención, incluso, sentido social; pero como plantea el periodista Ignacio Gómez, director de la Fundación para la Libertad de Prensa: “Cualquier intento de legislar sobre la prensa o su contenido no se puede ver de una forma diferente a un intento de censura”.

Por ejemplo, el Código de Policía que fue retirado, pero que será presentado en la próxima legislatura, en el artículo 53 señala que está prohibido “utilizar dispositivos con Cámara o video (…) en lugares donde se pueda atentar contra la privacidad de las personas”, pero va más allá, y plantea que estas imágenes sólo se pueden tomar con autorización judicial. La pregunta es: ¿cuántas imágenes de este tipo han generado noticias importantes?

A la vez, el Código Electoral obliga a los medios de comunicación a “contribuir con la democracia” y a renglón seguido exige garantías de equilibrio informativo en campañas presidenciales, e incluye la asignación de espacios para todos los candidatos, la definición de horarios y hasta plantea normas de cubrimiento informativo. De igual forma sucede, con una ley a favor del adulto mayor, que plantea responsabilidades de difusión e incluso da facultades al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que ejerza vigilancia sobre el contenido de los medios.

Responsabilidades similares están descritas en la política pública de Parques Nacionales, un proyecto de ley para el fomento de la práctica de fútbol femenino, otro para la prevención de la ingesta excesiva de sal y uno más que plantea medidas para evitar el consumo de sustancias alcohólicas en menores de edad. Todos proponen regular el contenido de los medios y hasta señalan responsabilidades.

Sin tratarse de una censura de facto, las medidas que contemplan esas leyes buscan imponer contenidos, lo que a juicio de Ignacio Gómez —por tratarse de iniciativas legislativas— se suma a lo que denominó “un cerco desde las diferentes ramas del poder para controlar lo que se publica”. Por eso, hace referencia a la reglamentación de Estados Unidos que es, a su juicio, “el gran modelo de legislación de la prensa, que en su primera enmienda señala que ésta debe ser libre para publicar cuando lo considere necesario sin restricciones de ningún tipo”.

Otra referencia con respecto a esa posible mordaza es el caso de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que condenó al periodista Agustín González por publicar una columna de opinión en la que calificaba a la exgobernadora de Cundinamarca Leonor Serrano de Camargo de “figurilla, déspota y politiquera”. A juicio del alto tribunal, se configuró el delito de calumnia y lo condenó a 18 meses de prisión y a pagar una multa de US$5.000.

Para el director de la Flip, “la situación de la prensa en Colombia es cada vez más difícil. Desde hace rato se viene tratando de controlar contenidos”. También vale la pena recordar la ponencia del magistrado del Consejo de Estado Guillermo Vargas en el proceso de pérdida de investidura contra el senador Roy Barreras, en la que solicita investigar penalmente al director de El Espectador, Fidel Cano, por no enviar el video que comprometía a Barreras con la asignación de un predio de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

La respuesta de este diario fue que “el video había sido montado en internet por un tercero y era imposible enviárselo al alto tribunal”. No obstante, Cano podría enfrentar un proceso por el presunto delito de fraude a resolución judicial. Al parecer por el camino de la judicialización y la regulación legal, la censura a la prensa se está abriendo camino.