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El gobierno de Gustavo Petro adquirió compromisos muy específicos con las mujeres, comunidades diversas y población étnica a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND). El texto aprobado por el Congreso y que ahora se dirige a sanción presidencial, les dedica un capítulo entero, denominado “actores diferenciales para el cambio”. Solo ese apartado incluye 19 artículos con programas y proyectos específicos, sin contar el resto de los puntos para comunidades, que son transversales al Plan.
La hoja de ruta, que va hasta 2026, establece transformaciones hacia “una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, que supera las discriminaciones de tipo económico, social, religioso, cultural y político”, así como las violencias basadas en género, étnico-racial, generacionales, capacidades físicas, de identidad y orientación sexual. El Plan de Petro también logró crear el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad y dejar partida presupuestal para el Ministerio de la Igualdad y Equidad, la cartera creada para proteger y atender a comunidades, que sería liderada por la vicepresidenta Francia Márquez.
De acuerdo con María Claudia Escobar, coordinadora de técnica legislativa de la organización feminista Artemisas, el apartado de “actores diferenciales para el cambio” avanza en el análisis que han hecho los planes sobre los problemas poblacionales y territoriales, pues “permite focalizar cada uno de los esfuerzos” Además, “no se queda ahí, sino que intenta mantener una mirada interseccional de todos los elementos que pueden causar brechas de desigualdad y para comunidades”.
Mujeres y diversidades
La palabra ‘mujer’ es mencionada en 68 ocasiones en el PND y la comunidad LGBTIQ+ es nombrada 7 veces. En lo que tiene que ver con las mujeres, el texto plantea la creación de un plan llamado “Programa Nacional de Casas para la Dignidad de las Mujeres”, bajo la coordinación de la Consejería para la Equidad de la Mujer. Se trata de un espacio con el objetivo de garantizar condiciones laborales dignas para las mujeres, apoyo psicosocial, acompañamiento en casos de violencia y el desarrollo de actividades de emprendimiento, culturales o deportivas.
En ese mismo sentido, también hubo cambios para el Fondo Mujer Emprende, que ahora será conocido como el Fondo para la Promoción de la Autonomía y el Emprendimiento de la Mujer, para apoyar y financiar proyectos con el Presupuesto General de la Nación. Por otro lado, las apuestas del PND para las mujeres cuentan con un enfoque diferencial, que incluye a mujeres indígenas, rurales y afrocolombianas. Con base en ello, el texto señala que para beneficiar a mujeres rurales y campesinas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) deberá administrar los programas de acceso a tierras con categorías diferenciales, respecto a las titulaciones entre hombres y mujeres.
Otro de los puntos clave para las mujeres es la creación del “Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género (VBG)”, que deberá establecer rutas y un mecanismo tecnológico para registrar los casos individuales de violencia: igual que para el monitoreo y la incorporación de alertas tempranas. Para la comunidad LGBTIQ+, también quedó consagrado un mecanismo para la formulación de rutas para la prevención y atención de casos de violencias contra personas con “orientaciones sexuales e identidades de género diversas”; ese plan les concedería asistencia técnica, legal y representación jurídica a población diversa.
Uno de los triunfos de organizaciones y mujeres congresistas fue que a través del PND se consiguiera declarar en Colombia emergencia por violencia de género, en eso insistieron las senadoras María José Pizarro (Pacto Histórico) y Angélica Lozano (Alianza Verde), quienes presentaron una proposición firmada por alrededor de 40 congresistas: “Se requiere de acciones urgentes para superar las situaciones exacerbadas de violencia contra mujeres”, quedó establecido. Las acciones urgentes serían nueve, que incluyen cuerpos élite en la fuerza pública para atender mujeres, capacitar funcionarios, pedagogía y priorizar presupuesto para ello.
No obstante, para las mujeres no todo fueron triunfos: de acuerdo con Escobar, “una de las pérdidas más grandes fue la Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos”, que fue eliminado por los congresistas, luego de que además fueran separados los derechos sexuales de los reproductivos, cosa que consideraban problemática pues, ambas cosas están interrelacionadas.
Comunidades indígenas y afrocolombianas
Los grupos indígenas son mencionados en 93 ocasiones en el PND, mientras que las comunidades afrocolombianas 53 veces. En términos de recursos, se crearía el “Trazador de Grupos Étnicos”, que contiene a pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y también incluye al pueblo Rrom. Con ello, el Gobierno pretende identificar “las asignaciones presupuestales” de cada una de esas comunidades por separado y presentar un informe sobre las acciones desarrolladas.
El PND también establece un punto para determinar las partidas presupuestales para el cumplimiento de los acuerdos ya pactados con los grupos, en coordinación entre Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Mesa Permanente de Concertación y la Mesa Regional Amazónica. Por otro lado, se crea el “Fondo cuenta para el Buen Vivir”, que incluirá recursos para la puesta en marcha de programas y proyectos concertados con las organizaciones indígenas que participan en la Mesa Permanente. Entre las líneas estratégicas de ese fondo está el acceso a los derechos territoriales, emprendimiento, soberanía alimentaria, infraestructura y servicios públicos, empoderamiento de mujeres indígenas, entre otros.
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Adicionalmente, la hoja de ruta de Gustavo Petro establece puntos para la erradicación del racismo y de la discriminación racial, con la construcción de una política pública exclusiva para ello y para la reivindicación de derechos de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y Rrom. El Gobierno tendría un año a partir de la promulgación de la ley para hacer esa política.
De manera específica, para las comunidades negras, el gobierno actual quedó comprometido con la reglamentación e implementación de la Ley 70 de 1993, que fue un triunfo de las comunidades en su momento y que permitió el reconocimiento de la propiedad colectiva de la “tierra de las comunidades negras”. Respecto a los resguardos indígenas, el PND incluye que se podrá disponer para financiar gastos de funcionamiento de los resguardos hasta un 10% de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI).
Uno de los puntos controversiales, pero que finalmente quedó en el PND fue la destinación de recursos para los acuerdos y compromisos derivados de los escenarios de diálogo y concertación con estas comunidades, previos a la construcción del PND. En términos de tierras, el PND también busca la creación de mecanismos con enfoque intercultural para la gestión catastral en territorios de comunidades indígenas y en territorios colectivos de comunidades negras.
(Lea: “Las conquistas campesinas en el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro”)
Por Laura Duarte Sandoval
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