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Sobre el escritorio del magnate republicano Donald Trump están desde hace 48 horas los informes definitivos de las diversas agencias que monitorean y lideran en Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico, los cuales son la base fundamental para la decisión que desde ese despacho se debe producir en torno a si se certifican o no las acciones antinarcóticos de Colombia.
Tanto en Washington como en Bogotá le confirmaron a El Espectador que esa documentación ya está en la Oficina Oval pendiente de ser revisada por el mandatario estadounidense, pero que el paso definitivo no se ha dado debido a asuntos de agenda interna y las guerras en otras latitudes con las que ese país tiene algún nexo.
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Por eso, ante la inminencia de un pronunciamiento, el Gobierno del presidente Gustavo Petro lanzó esta semana una serie de guiños a la Casa Blanca en un último intento por incidir en la decisión final y evitar un golpe al que seguramente, como reconocieron en la cúpula del Ejecutivo colombiano, se le podría sacar rédito electoral, pero que afectaría varios procesos internos que se han desplegado contra la criminalidad.
Eso explica por qué el jefe de Estado, al igual que sus ministros del Interior (Armando Benedetti) y de Relaciones Exteriores (Rosa Villavicencio) –sumados a otros funcionarios–, han comenzado a hablar de la base política que tendría esa decisión que, al menos en el papel, debería ser eminentemente técnica.
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En varias de sus intervenciones públicas han remarcado con fuerza las diferencias que hay entre las administraciones de Petro y de Trump, lo que desde esa narrativa podría incidir en la decisión final en torno a si Colombia es o no certificada. Y eso, de acuerdo con lo que se ha analizado en al menos tres reuniones de muy alto nivel, podría tener una punta para jalar en momentos en que la polarización electoral por los comicios de 2026 es cada vez más creciente.
“Es una decisión política y eso le corresponde a Estados Unidos. Nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio y seguramente eso puede causar alguna situación de tensión por el momento que estamos viviendo”, dijo explícitamente la canciller Villavicencio en una declaración a mediados de semana desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá. “Sería un tema unilateral, penoso”, complementó el ministro Benedetti en diálogo con diversos medios, incluyendo a este diario.
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Y al tratarse de una estrategia de Estado que verá los resultados a más tardar este lunes, 15 de septiembre, cuando se vence el plazo legal que impone la legislación estadounidense sobre estos pronunciamientos, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, han reforzado la necesidad de que se dé una visión de “corresponsabilidad”, lo que en términos políticos implica hacer ver lo que consideran son los riesgos para ese país norteamericano si la decisión es negativa para Bogotá.
“En caso de que llegase a ocurrir una eventual descertificación, ganarían los ilegales y perderían las naciones. El crimen organizado trasnacional se combate con cooperación internacional. Colombia, en cabeza del Gobierno Nacional, es tal vez el país en el mundo que combate con mayor determinación toda la cadena del narcotráfico”, le dijo el ministro Sánchez a El Espectador. “Los únicos que ganan son los carteles y las organizaciones trasnacionales, a los que solo les interesa que Colombia y Estados Unidos no trabajemos juntos”, le confirmó el embajador García-Peña a este diario.
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En algunas huestes republicanas en Washington se tiene la tesis de que este giro discursivo del Gobierno colombiano tendría relación con posturas en torno a que en la Oficina Oval, por la información que recibe el secretario de Estado, Marco Rubio, se analizaría no sacudir a fondo la relación binacional esperando los resultados que surjan de las elecciones del 8 de marzo (Congreso) y 31 de mayo (Presidencia), ya que podría darse un relevo en el poder con personas con mayor afinidad ideológica a la jefatura actual de la Casa Blanca.
Es por eso que los escenarios posibles se han analizado con minucia en el tercer piso de la Casa de Nariño, donde está el despacho principal del poder Ejecutivo colombiano. Por un lado, si la incidencia electoral tiene efecto, podría mantenerse todo como está ahora y certificar al país sin bemoles; el otro es que se dé un visto bueno condicionado acudiendo a la figura de waiver, que impondría ciertos llamados que el Estado debería cumplir para no pasar a un escenario más complejo; y el último es precisamente la descertificación, que tiene un abanico amplio de sanciones que van desde el retiro de visas hasta el veto al acceso a créditos internacionales, pasando por el recorte de ayudas.
De acuerdo con cálculos extraoficiales que hace el Gobierno y que le fueron entregados a este diario, el impacto de una decisión plenamente negativa tendría efecto sobre los cerca de US$453 millones que Estados Unidos destina en ayudas y cooperación para Colombia, entre los que están rubros como las acciones militares, programas de asistencia social y seguridad civil. Mediciones similares se hacen desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham).
Esto también explica por qué en la última semana el presidente Petro autorizó el viaje a Estados Unidos del comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, y del director de la Policía, general Carlos Triana, para reunirse con diversos sectores y centros de pensamiento que podrían tener alguna incidencia sobre la decisión que finalmente tome Donald Trump. Entre ellos estuvieron Terry Cole y Daniel Salter, jefe y subdirector de la DEA, respectivamente.
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En esos encuentros, entre otros datos, se destacó que las autoridades colombianas incautaron en el primer semestre de este año más de 500 toneladas de cocaína, destruyeron 2.486 laboratorios de procesamiento, capturaron a 183 personas con fines de extradición y pusieron a 177 más a disposición de tribunales internacionales. Incluso, de acuerdo con el reporte oficial, se les notificó que se les decomisaron a los narcos bienes avaluados en más de US$125 millones. Lo que se quiere evitar es que Colombia vuelva a un escenario como el que hubo durante la administración del liberal Ernesto Samper (1994-1998), cuando el país enfrentó la descertificación.
Además, en todos esos escenarios, se agregó que ya se han sustituido y erradicado al menos 11.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, y que la meta es llegar en este 2025 a las 30.000. No obstante, para la Casa Blanca ese registro puede ser mínimo, pues Naciones Unidas y otros estamentos que hacen mediciones calculan que el país está tapizado con más de 260.000 hectáreas de coca.
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Esas caras de la moneda, en especial la más política, tuvo el contrapunteo que se vivió entre el presidente Petro y los alcaldes de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, quienes también estuvieron en Estados Unidos hablando de cooperación, pero el jefe de Estado lo leyó como una posible usurpación a sus funciones constitucionales y por eso instruyó al ministro Benedetti para que los denunciara disciplinariamente ante la Procuraduría. Los mandatarios regionales respondieron que no se dejarían intimidar.
Todo esto es lo que está en juego y con los movimientos más fuertes en la última semana, lo que incluyó un pronunciamiento el viernes del representante Gregory W. Meeks, demócrata y miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, pidiéndole al presidente Trump que mantenga las ayudas para Colombia.
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Y si bien no hizo parte del mensaje de ese legislador, esto concuerda con el factor Venezuela, pues el régimen de Nicolás Maduro –que Petro respalda tácitamente negando la existencia del Cartel de los Soles– es considerado un riesgo para la seguridad de Estados Unidos y del hemisferio, lo que incidiría en los análisis sobre si mantener o no la certificación.
Lo cierto es que el presidente Gustavo Petro no comulga con la administración del republicano Donald Trump, por lo que ha visto este proceso en torno a la lucha contra el narcotráfico como una forma de marcar distancia entre Bogotá y Washington y más en pleno año electoral, pero también ha analizado los impactos de lo que finalmente defina la Casa Blanca por el manejo que le pueda dar internamente la oposición y el efecto que tenga en momentos en que el orden público está siendo azotado por el avance de narcogrupos como el ELN, las disidencias y, entre otros, el Clan del Golfo. La expectativa se mantiene.
Vea aquí el análisis sobre el proceso de certificación:
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